Presentaron un amparo contra el Presupuesto 2026 por el desfinanciamiento de las escuelas técnicas

Los padres de dos estudiantes menores presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de frenar el vaciamiento de la Educación Técnico Profesional (ETP).

La presentación apunta directamente contra el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026. Dicho artículo deroga el piso de financiamiento obligatorio y elimina la ecuanimidad en la distribución de recursos que garantizaba la Ley 26.058 de ETP.

Según los denunciantes, desde la sanción de la ley original de Educación Técnica "no se ve semejante encono con la Educación en nuestro país". Al hacer el análisis presupuestario, el recorte provocado por la administración libertaria alcanza un 93% en el Presupuesto 2026 si se lo compara con valores equivalentes de 2023.

La Ley de ETP establece que el Estado debe invertir el 0,2% de los ingresos corrientes en el fondo para la educación técnica, lo que hoy equivaldría a unos 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el Gobierno dispuso arbitrariamente otorgar sólo 11 mil millones de pesos.

Por qué es inconstitucional

El planteo judicial sostiene que una Ley de Presupuesto, que tiene carácter anual y sirve para autorizar gastos, no puede derogar leyes permanentes ni desmantelar derechos estructurales como los consagrados en la Ley de Educación Nacional o la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología.

Entre los argumentos centrales de la cautelar se destacan:

1. Violación del principio de progresividad: El Estado argentino tiene prohibido, por tratados internacionales con jerarquía constitucional, tomar medidas regresivas en derechos sociales sin una justificación excepcional. Eliminar un piso de inversión consolidado es una regresión explícita.

2. Desigualdad: Al quitar el financiamiento estatal, la educación de calidad pasa a ser un privilegio de quienes pueden pagarla, vulnerando el principio de igualdad real de oportunidades y afectando principalmente a las familias trabajadoras.

3. Daño irreparable: La presentación advierte que las trayectorias educativas no se pueden "pausar". Permitir la aplicación de esta norma generaría un daño inmediato en la formación de los estudiantes que una sentencia tardía no podría reparar.