El abogado Gregorio Dalbón pidió al juez federal Ariel Lijo la detención de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta y por recibir coimas.
"Con las nuevas revelaciones de la causa ANDIS, detener a Diego Spagnuolo, es la única manera de asegurarse la continuidad y el éxito de la investigación", sostuvo Dalbón en su cuenta personal de X, ex Twitter. El abogado explicó que el problema es la posibilidad de riesgo de fuga y recordó que inicialmente en la causa no habría sido localizado en los domicilios buscados y fue encontrado luego dentro de un country de Pilar.
Confirmaron el procesamiento de Spagnuolo
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones había resuelto la semana pasada mantener el procesamiento de Spagnuolo, quien también es acusado por ser jefe de un asoacición ilícita y que quedó cerca de ser enviado a juicio oral. También fueron procesadas otras 18 personas vinculadas al caso, como el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete -padre de la exfuncionaria de Economía Ornella Calvete- y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.
Para el fiscal federal Franco Picardi desde diciembre de 2023 a octubre de 2025, durante el gobierno de Milei, el organismo que dependía de Spagnuolo "fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios". La causa había sido destada por presuntos audios de Spagnuolo donde reconocía el cobro de coimas del 3 por ciento del valor de las compras de la Andis.
En concreto, la investigación apunta al Programa Federal Incluir Salud, que financiaba las llamadas prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), medicamentos e insumos de alto costo para pacientes con pensiones no contributivas sin cobertura médica.
"El conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello", se indicó en el procesamiento que confirmó anteriormente el juez Sebastián Casanello.
Fueron los camaristas Carlos Farah y Roberto Boico los que compartieron el criterio del fiscal federal Franco Picardi y avalaron el procesamiento, como paso previo a un juicio oral. En el texto, los jueces también rechazaron los planteos de las defensas de los acusados, al señalar que "no han logrado argumentar el punto de manera independiente, pues sus objeciones aparecen relacionadas de manera directa con la forma en que fueron definidas las situaciones procesales".