El conflicto salarial con la Policía de Santa Cruz continúa abierto pese a que el gobernador Claudio Vidal oficializó este lunes un aumento por decreto, que llegaría a 1,7 millones de pesos, para el personal de las fuerzas de seguridad provinciales. Los efectivos que mantienen la protesta consideran insuficiente la propuesta oficial y reclaman un salario básico de 2,2 millones de pesos, además de exigir que el incremento alcance a retirados y pensionados.
Aunque la medida permitió desactivar las protestas en varias localidades, los principales focos de conflicto permanecen en Río Gallegos y El Calafate, donde efectivos activos, retirados, bomberos y agentes penitenciarios sostienen un acampe frente a la Casa de Gobierno que ya supera los 45 días.
Los manifestantes rechazan el esquema salarial dispuesto por el Ejecutivo y sostienen que los ingresos continúan por debajo del costo de vida. Además, cuestionan que parte de la recomposición se haya instrumentado mediante adicionales y reclaman que las mejoras alcancen también a jubilados y pensionados de la fuerza.
Una actualización insuficiente
La actualización fue establecida mediante la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad y ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026, que fijó un ingreso inicial de 1,7 millones de pesos para los agentes que recién ingresan a la fuerza.
La recomposición incluye la actualización del valor punto y la creación de nuevos adicionales, entre ellos el Compensador, de carácter remunerativo y no bonificable, y el adicional Cumplimiento Efectivo del Servicio, de carácter no remunerativo y no bonificable.
Desde el Gobierno sostuvieron que estas modificaciones representan una mejora del poder adquisitivo del personal y afirmaron que la Policía de Santa Cruz quedó posicionada entre las tres mejor remuneradas del país, aunque los argumentos resultaron insuficientes para los oficiales.
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Un aumento con desventaja
El decreto también eliminó diversos suplementos que hasta ahora integraban la estructura salarial, entre ellos los adicionales por función policial operativa, función penitenciaria de alto riesgo, operativos en siniestros, investigaciones, funciones técnicas y alta dedicación operativa.
Si bien tras la firma del decreto, localidades como Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado levantaron las medidas de fuerza, el reclamo continúa en Río Gallegos y El Calafate, mientras que en Puerto San Julián y Comandante Luis Piedrabuena la protesta quedó reducida a pequeños grupos.
El principal núcleo del conflicto continúa concentrado frente a la Gobernación, donde el acampe permanece instalado desde hace más de un mes y medio, incluso bajo temperaturas extremas que, según los manifestantes, alcanzan sensaciones térmicas cercanas a los 20 grados bajo cero.
A diferencia de otros conflictos policiales registrados en el país, los efectivos aseguraron que cumplen sus guardias y, una vez finalizado el servicio, regresan al campamento para sostener el reclamo. En el transcurso de la protesta, incluso dos agentes llegaron a encadenarse a uno de los accesos laterales de la sede gubernamental.
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