A principios de año, justo cuando los operativos migratorios del ICE de Donald Trump mostraron su cara más violenta con el asesinato de ciudadanos estadounidenses, el gobierno de Javier Milei lanzó sus propios controles. Varios meses después, el balance del show racista de la Casa Rosada es muy claro: un despilfarro de recursos que alimentó el temor a una invasión de extranjeros y que casi no tuvo resultados.
Los números son contundentes. En 851 controles realizados durante el primer semestre de este año, sólo 161 de las 7261 personas registradas, apenas el 2,2%, eran extranjeros en condición irregular. Es decir, el 97,8% de las personas controladas no tenían ninguna irregularidad que justificara la intervención. Son cifras oficiales que surgen de un pedido de acceso a la información hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que accedió El Destape.
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Para el cumplimientos de esos operativos, el gobierno destinó a más de 2000 funcionarios, en su mayoría de la Policía Federal, que aportó 1788 agentes. Los controles los llevaron adelante miembros de las fuerzas de seguridad y de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), principalmente en la Ciudad de Buenos Aires (53% del total), la provincia de Buenos Aires (23%) y la provincia de Misiones (8%).
“Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país”, decía en enero la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras el ministerio posteaba imágenes de los primeros operativos, en La Matanza. En esos controles, informaba el gobierno, habían registrado a 385 extranjeros y habían detectado a 16 en condición irregular, un 4%. “Deberán regularizarse o serán expulsados del país”, advertía el posteo de Seguridad.
Con el correr de los meses la detección de migrantes en situación irregular fue cayendo, según los datos oficiales. De las 7261 personas controladas entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2026, 6802, el 93,6%, eran extranjeros con su condición migratoria regular; 298, el 4,1%, eran argentinas, y sólo 161, el 2,2% eran extranjeros en condición de irregularidad migratoria.
“Argentina no tiene un problema de migración. No hay un diagnóstico, datos, ni información que justifique este tipo de intervenciones ni un cambio de enfoque en la política. Es una decisión ideológica”, analizó Lucía Galoppo, abogada del equipo internacional del CELS. “Los datos dan cuenta de que este tipo de operativos no tienen ningún sentido. Solo tienen intención de montar un gran espectáculo sobre la intervención policial”, agregó.
Tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, los operativos se concentraron en zonas con importante presencia de ferias. En la Capital, el 43% de los controles se hicieron en las comunas 9, 3 y 7. En la provincia, la gran mayoría de los operativos, el 72%, se hicieron en Lomas de Zamora, donde está la feria de La Salada.
Pese al fracaso de los operativos en la vía pública, el gobierno de Milei se las arregló para duplicar el promedio mensual de expulsiones dictadas contra extranjeros desde mayo de 2025. En ese momento, se dictó el decreto 366/25, que exigió acreditar “medios económicos suficientes” para acceder a la residencia permanente, sin fijar criterios para evaluarlos.
Es decir, se avanzó en la expulsión de extranjeros por motivos de clase. “El gobierno produce un problema: al ralentizar los trámites migratorios, genera más personas en condiciones de irregularidad que luego persigue”, observó Galoppo.
Desde la entrada en vigencia del decreto, las expulsiones pasaron de un promedio de 98 por mes en 2025 a 202 por mes en el primer semestre de 2026, con un pico de 379 en junio pasado.