La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que comanda Cristian Auguadra, instrumentó un nuevo estatuto para el personal del organismo. La normativa reemplaza el marco laboral establecido en 2003 por el Decreto 1088/03 y reordena el régimen de empleo para la totalidad de la estructura de la SIDE. Una modalidad de contratación “flexible”, déficit previsional a cargo del Tesoro y control estricto sobre los agentes, son algunas de las novedades que trae el reglamento para quienes aspiren a integrar la estructura bajo la órbita política del asesor presidencial, Santiago Caputo.
Entre las principales innovaciones, el texto, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, dispone que el ingreso a la carrera profesional se realizará mediante concursos públicos anuales para cursar en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Quienes egresen quedarán incorporados en una "Planta Condicional" con contratos de hasta un año de duración, etapa previa a la confirmación en la planta permanente.
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La medida introduce también nuevas modalidades contractuales como el "Personal en Proyectos Especiales", que permite la contratación de servicios autónomos con un límite del 5 % de la planta total, y fija una estructura escalafonaria dividida en tres cuadros (A, B y C) según el nivel educativo o la procedencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
A esto se suma la creación de la "Carrera Formativa", un mecanismo de acumulación de puntos académicos que permite acelerar los plazos de ascenso, aunque la acreditación de títulos universitarios externos requerirá la validación expresa de la ENI.
Déficit previsional garantizado por el Estado y amplia discrecionalidad
Detrás de la reorganización funcional, la letra chica del estatuto muestra diversos focos críticos respecto al gasto público y las facultades del organismo. En materia previsional, la norma afiliará al personal civil a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina.
Esto garantiza un haber voluntario ordinario no inferior al 82 % móvil y pensiones del 85 %. Sin embargo, el artículo 61 establece explícitamente que, en caso de que los aportes y contribuciones resulten insuficientes para financiar las prestaciones, el faltante se cubrirá directamente con recursos del Presupuesto General de la Administración Nacional, lo que traslada el costo del déficit al Tesoro Público.
A nivel laboral, el texto legal remarca que el cumplimiento satisfactorio de las condiciones durante la planta condicional "no genera un derecho adquirido automático" para ser confirmado en la planta permanente. Este elemento deja la estabilidad sujeta a la decisión discrecional de las autoridades.
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Entre las causales de extinción del vínculo se incluye la "falta de aptitud para el servicio", un concepto de amplia interpretación. A su vez, se otorga al Secretario de Inteligencia la facultad de conceder ascensos por "méritos extraordinarios" al margen de las exigencias habituales y la atribución de suspender el trámite jubilatorio de aquellos agentes involucrados en sumarios administrativos en curso.
El estatuto impone además severas limitaciones a la vida privada y pública de los agentes: en relación con la movilidad personal, se fija la obligación de constituir domicilio a no más de 200 kilómetros del lugar de trabajo, dar aviso con 3 días de antelación para trasladarse a mayor distancia y solicitar autorización previa con 10 días de anticipación para viajar al exterior.
Para dictar clases, publicar artículos, realizar estudios o encabezar cualquier actividad de eventual "trascendencia pública", los empleados deberán contar con una autorización previa anual. Adicionalmente, se prohíbe de forma absoluta prestar servicios en el sector privado en áreas como seguridad, periodismo, ciberseguridad o consultoría, al tiempo que se veda expresamente la posibilidad de interponer reclamos o recursos administrativos en forma conjunta.
Respecto a su implementación, si bien el decreto fue publicado este jueves, la entrada en vigencia del estatuto quedó fijada para el 1° de enero de 2027. Durante el intervalo de más de tres meses, la adecuación del personal actual dependerá de un "régimen de transición" ad-hoc que deberá ser reglamentado y aprobado por la propia Secretaría.