El martes, antes de partir a una nueva visita de placer a España, el presidente Javier Milei cerró el evento "Ideas para una sociedad libre" en el Yacht Club de Puerto Madero con un discurso de agradecimiento. Uno de los destinatarios fue Adrián Ravier, economista que hasta su asunción como diputado nacional por La Pampa había ejercido como director académico de la Fundación Faro. Dos días antes, la Jefatura de Gabinete había anunciado que Ravier ocuparía el sillón de vocero presidencial, incubadora del maltrecho Manuel Adorni. El trayecto de Ravier -del think tank reaccionario al atril oficial- sintetiza la idea fuerza de la organización que ayudó a fundar: atacar al Estado desde adentro para vaciarlo de sentido. Y de sus recursos económicos.
Una estructura para acumular poder
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La Fundación Faro es la estructura de poder y negocios que conduce el politólogo cordobés Agustín Laje. Tiene tres marcas registradas: "Fundación Faro Argentina", "Academia Libres del Mundo" y "Ratio Oficial", esta última presentada en su propio sitio web como una plataforma que tiene por objetivo dar "la batalla cultural desde las redes sociales". Ese arco describe las etapas de la operación: acumular dinero, producir discurso reaccionario y lubricar el acceso al poder.
Los números que la propia Fundación declaró ante la Inspección General de Justicia (IGJ) dimensionan la magnitud del negocio. En 2023, cuando todavía operaba bajo el nombre Fundación Valorar, su patrimonio neto era de doce millones de pesos y los ingresos no llegaban a cincuenta millones. Un año después, con cambio de nombre, nueva conducción y la bendición presidencial, el patrimonio neto trepó a 4.394 millones de pesos. Los ingresos declarados bajo el concepto "Donaciones, cursos, talleres y prevención" rozaron los cinco mil millones: equivalentes a 4,8 millones de dólares al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2024. El crecimiento fue de 356 veces en doce meses.
La pregunta sobre el origen de los fondos fue formulada por la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia conducido por Juan Bautista Mahiques. El planteo se enmarca en la interna que sostienen la hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, asociado a la Fundación a través de su hermano, Francisco, quien oficia de administrador. Enrolado en el karinismo, Mahiques, vía IGJ, le requirió a la Fundación, el 1° de junio de 2026, la presentación del denominado "Anexo XIII": un listado obligatorio para toda asociación civil o fundación que haya recibido donaciones superiores a cuarenta salarios mínimos vitales y móviles en un período de treinta días. Al valor de diciembre de 2024, ese umbral equivalía a once millones de pesos por aportante. Según un arqueo informal, la Fundación Faro habría recibido múltiples aportes por encima de ese piso sin informar ninguno de ellos en sus estados contables.
El incumplimiento, advirtió el organismo, exponía a la entidad a multas de hasta ocho millones de pesos por infracción, con actualización semestral. La Fundación entregó la documentación requerida dentro del plazo establecido. Pero cuando la organización Chequeado -ligada al PRO, devenido en aliado tóxico del oficialismo- solicitó acceso a esa información, la IGJ respondió por escrito que no estaba habilitada para divulgar los datos. El argumento fue la Ley 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, que designa a la IGJ como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y obliga a guardar secreto sobre la información recabada en ese marco. El Ministerio de Justicia sostuvo que la declaración jurada sobre el origen de los fondos no forma parte de los estados contables públicos y que su divulgación implicaría una violación directa del marco normativo. Así las cosas, la información quedó a resguardo del público, pero a la vista del karinismo, siempre interesado en acumular información que incomode al caputismo, su enemigo íntimo.
Armada digital
La cuenta Ratio Oficial, registrada a nombre de la Fundación Faro, opera como plataforma de propaganda política en redes sociales. Según los registros públicos de la Biblioteca de Anuncios de Meta -que Meta publica desde septiembre de 2019-, entre marzo de 2025 y junio de 2026 Ratio invirtió más de 1.238 millones de pesos en 19.616 anuncios difundidos en Facebook e Instagram. Todos fueron clasificados por la propia plataforma como publicidad política o electoral. En los últimos tres meses de ese período, la inversión fue superior a 135 millones de pesos en más de cuatro mil anuncios.
La magnitud del gasto ubica a Ratio Oficial como la segunda cuenta con mayor inversión acumulada en publicidad política en Argentina desde que Meta habilita la consulta pública de esos datos, apenas detrás del Gobierno de Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, la cuenta de la Fundación Faro encabeza el ranking de inversión por encima de la Alianza Avanza Libertad y de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
¿Qué compran quienes financian esa publicidad? Los anuncios difundidos por Ratio Oficial pueden agruparse en ejes reconocibles: contenido contra la inmigración, contra el feminismo y las políticas de género, contra referentes de la oposición y a favor del Gobierno nacional y de líderes de derechas internacionales. Entre los anuncios de mayor inversión individual figura una pieza que critica a medios de comunicación por cubrir el robo de una cápsula de Cesio-137 en Rosario en junio de 2026. Con inversiones de alrededor de 300 mil pesos cada uno se financiaron contenidos que atacan al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por su postura sobre violencia doméstica, que cuestionan a una jueza por usar "justicia feminista" en sus resoluciones, y que celebran las exportaciones agropecuarias en la exposición Agroactiva 2026.
Anuncios que rondan los 250 mil pesos promueven videos que vinculan inmigración con inseguridad en Suecia, o atribuyen la renuncia del primer ministro británico Keir Starmer a sus políticas migratorias. Por debajo de esos montos, el catálogo incluye ataques al peronismo -con imágenes del caso Insaurralde-, promoción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y licitación de la Hidrovía, celebración de triunfos de derechas en Colombia y otros países, y campañas contra Cristina Fernández de Kirchner.
El recuento traza un mapa del enemigo que la Fundación Faro construye con meticulosidad: las mujeres que reclaman derechos, los migrantes, los jueces con perspectiva de género, los políticos del campo popular y los medios que incomodan al presidente. De eso trata la mentada "batalla cultural" que promueve Laje ante sus donantes, que colaboran con interesada generosidad.
Negocios y complicidades
La Fundación Faro realizó tres cenas de recaudación con empresarios y funcionarios desde el inicio del gobierno de Milei: la primera el 13 de noviembre de 2024 -bautizada "Cena Solidaria" fundacional-, otra el 4 de agosto de 2025 y una tercera el 15 de diciembre de ese año. En las tres tomó la palabra el presidente de la Nación. Las tres tuvieron lugar en el Yacht Club de Puerto Madero, desarrollado por el Grupo Neuss, liderado por los hermanos Juan y Patricio Neuss.
Los hermanos comparten una amistad de infancia con el asesor presidencial Santiago Caputo y su hermano Francisco, quien tiene a su cargo la administración de la Fundación. Los Neuss son socios fundadores de Edison Energía, holding que, junto con el fondo Inverlat -accionista de Havanna-, el Grupo Newsan y otros inversores locales, acumuló en el último año y medio las distribuidoras eléctricas de Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y tres centrales hidroeléctricas patagónicas: Potrerillos, Alicurá y Cerros Colorados. En mayo de 2026, el Ministerio de Economía formalizó mediante la Resolución 673 la adjudicación de Transener -la empresa que opera el 85% de la red de alta tensión del país- a Edison Energía y Genneia por 356 millones de dólares. Con esa operación, el grupo completó su presencia en toda la cadena eléctrica: generación, transporte y distribución.
En la "Cena Solidaria" de noviembre de 2024, Milei agradeció a Laje, a Ravier y al economista chileno Axel Kaiser, a quienes describió como los responsables del proyecto. El texto del balance presentado ante la IGJ describe ese encuentro como un acto que "no solo cumplió con su objetivo económico, sino que además fortaleció los lazos con la comunidad de donantes, referentes del sector privado y aliados estratégicos".
La Fundación también recibió en sus eventos a Manuel García Mansilla -el jurista del Opus Dei que ejerció 39 días como ministro comisionado de la Corte Suprema-, quien presentó allí el ambicioso proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que prepara desde la Secretaría Legal y Técnica. El evento buscó posicionar a la Fundación como un espacio de intermediación entre empresarios y cuadros formados para ocupar espacios en el Estado.
La intención de esos encuentros académicos es afianzar el circuito completo: los que pagan los eventos acceden al entorno de quienes diseñan las políticas. El Estado privatiza activos estratégicos. Los mismos financistas reciben las concesiones, los beneficios fiscales y las ventajas que ofrece un gobierno diseñado como plataforma de negocios.
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