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Mucho más que las PASO: cómo daña a la democracia la reforma de Milei

La eliminación o suspensión de las PASO y las colectoras se llevan la marca, pero la reforma electoral que propone el Gobierno afecta gravemente a la participación y discusión democráticas. Será más difícil formar un partido político reconocido legalmente, se habilitan los aportantes privados sin límite y sin que sea obligatorio que se identifiquen y desaparece el piso mínimo de publicidad electoral para todos.

17 de noviembre, 2026 | 07.40
Mucho más que las PASO: cómo daña a la democracia la reforma de Milei

El proyecto de reforma electoral que el oficialismo presentará este martes ante un plenario de comisiones del Senado concentra la atención de un Gobierno que, mientras tanto, atraviesa una crisis económica, financiera y social de magnitud. La decisión del oficialismo de concentrarse en el diseño de las reglas electorales apunta a la debilidad autopercibida del modelo político de Javier Milei y muestra a un gobierno decidido a inclinar la cancha para intentar revalidarse en las urnas, mientras cae la popularidad del Presidente, de los ministros y de la gestión.

En el medio, la calidad de la democracia argentina sufre. El proyecto, popularmente conocido como de eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), encierra detrás de ese título una batería de medidas que atentan contra la participación popular, la representación de las minorías y la posibilidad de los electores de informarse y elegir en igualdad de condiciones.

El proyecto –que hasta el cierre de esta nota sólo había circulado en borrador entre senadores y periodistas– es tan controversial que no fue criticado solamente por la oposición peronista (a la que intenta perjudicar deliberadamente) sino también por integrantes y aliados del oficialismo, como el bullrichista Gerardo Millman o su colega del PRO Martín Goerling.

Para Milman, la reinstalación de las listas colectoras encierra un problema constitucional: la misma alianza política podría quedarse con las tres bancas del Senado en una provincia, burlando la regla que marca que el partido mayoritario se queda con dos y la primera minoría con la tercera. Para Goerling, son cuestionables las formas y las intenciones del Gobierno.

"Quiere ir a una elección para reelegir a Milei sin PASO, porque entiende que le conviene y a eso está apostando”, subrayó, antes de pedir discutir "con seriedad, profundidad, no a las apuradas”. Los dichos del jefe del bloque del PRO en la Cámara alta ratifican en voz alta las razones que la política suele esconder en excusas y argumentaciones mentirosas los motivos del impulso oficialista para reformar las reglas electorales: conveniencia. Ya lo había dicho el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir: "Hay una razón (para eliminar o suspender las PASO) que puede ser política, que tiene que ver con la situación en la que está hoy el Gobierno y la situación en la que está hoy la oposición. Desde mi punto de vista, (la PASO) le daría más herramientas a la oposición para reagruparse, reordenarse y poder volverse más competitiva", blanqueó.

Esa sola admisión ya encierra una erosión de los mecanismos democráticos: restarle posibilidades de participación y de obtención de información a la ciudadanía por mera conveniencia electoral. En otros tiempos, daba vergüenza admitir una cosa así. Pero además, el borrador que circula entre los senadores incluye otros aspectos que, de sancionarse, afectarán a la discusión pública y a la participación democrática. Entre sus puntos más preocupantes, aparecen dos que son centrales:

  • Endurece profundamente las condiciones para conseguir la personería jurídica de un partido político. Hoy los partidos nacionales necesitan tener personería en cuatro provincias. El Gobierno –que ya consiguió convertir en partido nacional a LLA con las reglas viejas– quiere aumentar ese requisito a diez provincias. Y además, elevar el requisito de firmas por cada uno de los distritos más poblados: hoy la personería en esas ciudades y provincias se consigue con cuatro mil firmas en fichas que deben ser llenadas a mano, por duplicado, sin errores y acompañadas de la fotocopia del DNI. El Gobierno propone que sean diez mil.
  • Desregula por completo el financiamiento de la política. Elimina casi de manera total los aportes que hasta ahora hace el Estado –por ejemplo, los espacios cedidos de propaganda electoral, que establecen un piso de igualdad de condiciones para que todos los partidos y candidatos accedan a un mínimo de difusión–, elimina los topes máximos de gasto electoral, y desregula la posibilidad de recibir aportes privados, al introducir la figura de los "gastos independientes", que pueden hacer terceros para promover candidaturas. A imagen y semejanza de lo que ocurre en Estados Unidos, cualquier millonario podrá poner su fortuna al servicio de un partido o candidato y promoverlo sin límites, sin rendir esos gastos y sin siquiera transparentar quién financia la propaganda. ¿Campañas financiadas por narcos? Una posibilidad cada vez más sencilla.

Oscar Blando, especialista en derecho electoral y ex director de Reforma Política y Constitucional en Santa Fe, consideró que el proyecto libertario "es perjudicial desde todo punto de vista, salvo para quien pretenda ser beneficiario directo de esta cuestión", es decir, el Gobierno. La iniciativa, que requiere de una mayoría absoluta para ser aprobada (37 votos en el Senado y 129 en Diputados), fue cuestionada también por la Cámara Nacional Electoral, que advirtió que no es deseable ni prolijo cambiar las reglas de juego cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales. 

La tradición democrática dicta (¿dictaba?) que las reformas electorales requieren consensos amplios y estabilidad en el tiempo, en lugar de modificaciones unilaterales aprobadas con mayorías ajustadas. Pero para un Gobierno que se desangra en medio de una crisis económica, financiera, social y política, las reglas de la democracia parecen ser lo de menos.

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