Bajo la consigna de reducir el “sobredimensionamiento” de las estructuras estatales, el gobierno de Javier Milei dio otro paso en la desregulación del sector minero. Al mismo tiempo que el Gobierno promueve incentivos extraordinarios para atraer inversiones, las decisiones del oficialismo muestran que el control ambiental tiende a ser desmantelado de contenido técnico y territorial. En este sentido, la reciente ola de resoluciones empieza a dibujar un escenario preocupante, ya que el Estado nacional abdica de su rol activo de fiscalización en el territorio y reduce el cuidado del medio ambiente a un mero trámite administrativo y digital.
Esta estrategia comenzó a materializarse con la sanción de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, una norma que borró de un plumazo el "Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería".
Dicho programa nacional, que había sido establecido mediante la Resolución 53/2022, funcionaba como un puente clave de "cooperación técnica y financiera con las provincias". Su fin era garantizar que las autoridades locales contaran con la tecnología, los fondos y el equipamiento científico indispensables para "supervisar y mitigar los efectos colaterales de la explotación minera a gran escala" en sus regiones.
Al justificar la baja de esta herramienta indispensable, el Gobierno alegó que la norma "debe ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes". No obstante, de manera llamativa, la resolución oficial omitió detallar de qué manera se suplantarían estas tareas, bajo qué órbita presupuestaria o con qué equipos, dejando la protección de los recursos naturales de las economías regionales en un absoluto vacío regulatorio.
El seguro contable frente al vacío de la fiscalización territorial
La confirmación de este abandono estatal se consolida en la letra chica de las nuevas reglamentaciones publicadas en el Boletín Oficial. Las Resoluciones 66/2026 y 68/2026 instrumentan los nuevos registros de inversiones y devoluciones de IVA. Sin embargo, los anexos técnicos correspondientes muestran que el nuevo esquema promueve un control puramente documental. Para conservar los cuantiosos beneficios fiscales que la ley otorga, las corporaciones multinacionales solo deben acompañar de manera digital la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que emita cada provincia, mientras que Nación se desentiende de auditar en el terreno la veracidad de esos informes.
Paralelamente, la obligación de prevenir y subsanar alteraciones medioambientales ahora se limita a dos opciones financieras: presentar de forma anual una póliza del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) o declarar los balances de una cuenta de previsión especial que las firmas pueden deducir de Ganancias hasta un tope de "cinco por ciento (5%) de los costos operativos de extracción y beneficio del ejercicio". Si hay dudas técnicas sobre la seguridad ecológica, el Estado nacional no tiene la obligación de enviar inspectores científicos: la Dirección Nacional de Inversiones Mineras solo "podrá requerir la intervención de la Subsecretaría de Ambiente" en forma discrecional y únicamente "cuando lo estime necesario".
Este repliegue se enmarca en un retiro integral de las comunidades mineras, que incluye la desactivación del "Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino", el "Plan Nacional de Minería Social" y la "Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas". Paradójicamente, la rigurosidad fiscal libertaria se mantiene intacta: las resoluciones aclaran que el ajuste estatal "no interrumpe, sustituye ni extingue el control de ejecución y de rendición de cuentas" de los fondos ya transferidos. El gobierno de Milei desactiva programas de protección sostenible, pero conserva de forma inflexible sus facultades de recaudación financiera.