El oficialismo busca una salida al terremoto político desatado por el fallo de la Corte Suprema que habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros de forma inmediata. Con la mitad del Gobierno en París por la Argentina Week, las alternativas se analizan en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.
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Ante el avance de la oposición que está cerca de conseguir los 129 legisladores para voltear todo el DNU 70, la alternativa que exploran los estrategas libertarios es revivir el debate por la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada e introducir un artículo con límites a la tenencia de tierras por manos de extranjeros.
“Estamos evaluando reintroducir en la ley de inviolabilidad, algún tipo de restricción (mínima) a la compra de tierras para desactivar el tratamiento del decreto”, reconocen en los pasillos de la Cámara Baja. Los minimos porcentajes de tope que se evalúan son para contentar a aliados y sumar voluntades que puedan inclinar la balanza a favor del Gobierno.
La ley de propiedad privada fue ampliamente discutida por los artículos que habilitaban la extranjerización de amplias extensiones de tierras e incluso en zonas de frontera. Durante semanas el Senado analizó modificaciones hasta que finalmente en plena sesión y ante una gran movilización en plaza congreso se resolvió quitar ese apartado del proyecto. Con esa modificación clave obtuvo media sanción pero nunca se inició el debate en Diputados.
Patricia Bullrich tomó distancia de lo actuado por el Gobierno en ese momento y hoy consideró que se adelantaron al discutir la ley impulsada por Federico Sturzenegguer. “Llevar al Congreso la ley de venta de tierras fue apresurado. Es una posibilidad que se voltee el DNU 70/23, ya que por ley no se pudo aprobar”, analizó.
El eco social que el tema había generado postergó su tratamiento y había dejado de ser parte de las prioridades de la agenda de la Casa Rosada para este año. Ahora se analiza iniciar la discusión en ese cuerpo e introducir límites. Si eso ocurriera, quedan por delante al menos dos meses de debate con el territorio nacional a disposición de los capitales foráneos en el mientras tanto.
Las conversaciones ya se iniciaron con el PRO y el radicalismo quienes en la reunión de comisión de este miércoles por la ley de soberanía nacional intentaron pasar desapercibidos. Tanto a nivel partidario como sus legisladores no emitieron opinión sobre la decisión del Máximo Tribunal.
Si bien la acordada resultó sorpresiva para la mesa política, funcionarios judiciales de la administración libertaria estaban al tanto que la decisión estaba al caer antes de fin de año. “Sabemos cómo piensa cada ministro de la Corte”, se ufanaron en un despacho ante El Destape.
Ante el tembladeral causado en la oposición el objetivo es evitar la caída del DNU, ya que además de la ley de tierras en cuestión, desregula decenas de actividades como el precio de las prepagas, los alquileres y las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
El desconcierto fue tal en las filas oficialistas que no hubo celebraciones públicas de la medida tomada por la más alta instancia judicial. "No tengo por qué meterme en la decisión de la Corte Suprema. Es decisión de ellos, me parece fantástico que baje lo que les parezca correcto acorde a la Constitución", pronunció Javier Milei desde Paris.