El Consejo de la Magistratura clausuró las denuncias contra varios jueces perseguidos por el macrismo

El órgano que selecciona y sanciona jueces cerró los expedientes que había contra magistrados que frenaron despidos en Télam. También desestimaron las acusaciones contra Juan Ramos Padilla y Luis Rodríguez.

15 de mayo, 2020 | 07.48

El Consejo de la Magistratura empezó a desarmar una de las estrategias centrales que utilizó el macrismo para presionar a los jueces mientras fue Gobierno. Este jueves, la nueva conformación del órgano que selecciona y sanciona jueces desestimó diversas denuncias contra magistrados que no se alinearon con los intereses de Cambiemos, y que iban desde sanciones a directamente el pedido de jury de enjuiciamiento. El plenario cerró denuncias contra los camaristas laborales que habían ratificado la reincorporación de cinco despedidos de Télam y del juez Juan María Ramos Padilla, padre de quien investiga el D’Alessiogate, contra quien se quería avanzar por una serie de tuits

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Entre las distintas desestimaciones que hubo este jueves también se destacó la del juez federal de Comodoro Py, Luis Rodríguez. Su colega, Rodolfo Canicoba Corral, recibió un espaldarazo en la comisión de Disciplina y Acusación pero su caso no llegó a tratarse en el plenario por lo que aún no está cerrado. Ambos magistrados fueron investigados por la UIF macrista, aunque no está claro aún si de forma lícita, circunstancia que derivó en una causa penal que tramita en los tribunales de Retiro. 

La denuncia de Télam

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Este jueves se desestimó en comisión y luego por unanimidad en el plenario la denuncia contra Enrique Arias Gibert y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, quienes integraban la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en 2018. Arias Gibert renunció al cargo el 1° de abril. Ambos fueron denunciados por los abogados de la agencia oficial Télam luego de que ratificaran la reincorporación de cinco trabajadores en un fallo que, por extensión, dio pie a que la misma medida pudiera replicarse en los más de 300 despidos que hubo en el medio estatal durante el macrismo.

Con este tipo de acusaciones, el gobierno de Mauricio Macri intentó disciplinar a aquellos magistrados que en el fuero laboral obstaculizaban con sus fallos la reforma laboral que se intentaba aplicar. Estos dos jueces tuvieron el expediente 232/18 abierto por 2 años. Tuvo que cambiar el Presidente para que se cerrara. 

La desestimación de la denuncia la impulsó el presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, quien fue el instructor en la Comisión de Disciplina y Acusación. “No hay dudas que en este expediente hubo un claro cuestionamiento al contenido de la sentencia”, señaló ante sus pares consejeros durante la exposición del caso en comisión.  “El cuestionamiento que se hace de los magistrados, uno que ya se jubiló, es en orden a cómo resolvieron. Entiendo que no hay más que decir que estamos en un caso típico de contenido de sentencia y en una medida cautela. No da para mucho más que la desestimación”, añadió.

A su turno, la diputada y consejera Vanesa Siley resaltó que “la cuestión de fondo” detrás de esta denuncia “es haber reintegrado a 5 tarbajadores y trabajadoras de Télam”. Siley recordó que la cantidad de despedediso fueron 357. “De esos, solo volvieron a trabajar 257 ya que cien fueron los que tomaron las indemnizaciones. Es una triste historia que sucedió hace 2 años con una agencia nacional importantísima para la Argentina. Hubo un recorrido muy grande hasta que se volvió a reintegrar a los trabajadores”, recordó. “Este fue un caso de ataque al contenido de una sentencia de esos magistrados”, agregó.

La desestimación también fue unánime en comisión. Ni los consejeros vinculados al macrismo decidieron sostener la acusación. Qiuzás, porque la función de “presión” ya había caducado. 

El caso de Ramos Padilla (p)

Al juez Juan María Ramos Padilla se lo denunció de “mal desempeño” y “falta disciplinaria” por tuitear. Se trata de un histórico magistrado, padre del juez federal del D’Alessiogate, Alejo Ramos Padilla. 

La consejera y senadora María Inés Pilatti Vergara propuso un dictamen desestimatorio en comisión que fue acompañado por 6 de los 9 integrantes. Luego fue votado en el plenario por 10 de los 13 consejeros (no apoyaron la desestimación los mismos tres consejeros que lo hicieron antes relacionados a Cambiemos: el diputado Pablo Tonelli, la senadora Silvia Giacoppo y la abogada Marina Sánchez Herrero, quien se abstuvo).

Para Pilatti Vergara “indudablemente aquí hay una colisión muy fuerte con la libertad de expresión y opinión”. “El mismo denunciante dice que Ramos Padilla desde el 2011 tuitea opiniones que pueden ser muy odiosas para los destinatarios pero que no dejan de ser opiniones”, aseguró, y resaltó que lo realiza desde hace 9 años. “No me preocupa tanto lo que los jueces en tanto ciudadanos dicen sino lo que los ciudadanos en tanto jueces hacen. En ningún momento se le imputa una inconducta en el ejercicio de sus funciones”, remarcó.

Luego le dijo a sus pares, en un claro cambio de etapa en el consejo: “Debe evitarse que se utilice el pedido de sanciones disciplinarias y más aún la amenaza de juicio político como herramienta para condicionar el ejercicio de la magistratura”.

En el plenario, la diputada y consejera Graciela Camaño se expresó en un sentido similar: “A los jueces no los voy a juzgar por lo que puedan decir en un tuit sino cómo impartan justicia”. 

Dos jueces de Comodoro Py

Otro de los jueces a los que le cerraron un expediente abierto en el consejo fue el titular del juzgado federal N° 9 de Comodoro Py, Luis Rodríguez. El presidente de la comisión de Disciplina y Acusación, el académico Diego Molea, instruyó el caso contra Rodríguez, que se inició en 2018 y acumulaba seis denuncias. Consideró que debía desestimarse. “No nos queda más nada por investigar”, sostuvo.

En el marco de este expediente, Molea solicitó la apertura de las declaraciones juradas del magistrado y su pareja. Revisó información de la UIF, la AFIP, el BCRA, bancos, el Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro Automotor. “Hicimos muchísimas medidas de pruebas, pedimos copias certificadas de diferentes causas”, explicó a sus colegas.

El titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 había sido denunciado, entre otras cosas, por mal desempeño por haber presuntamente frenado la investigación contra Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, a cambio de una coima de 10 millones de dólares para favorecer su situación judicial y la de su viuda, Carolina Pochetti, a quienes debía investigar. La acusación surgió como desprendimiento de la causa Cuadernos. Explotó la misma semana que el D’Alessiogate.

En el plenario, la desestimación la respaldaron 10 consejeros. Los tres consejeros relacionados a Cambiemos, Giacoppo, Tonelli y Sánchez Herrero volvieron a diferenciarse de sus pares tal como lo habían hecho en la comisión de Disciplina y Acusación, donde la votación también terminó 6 a 3 (los os últimos se abstuvieron). Votaron la desestimación: Molea, Siley, Lugones, Pilatti Vergara, el juez Juan Manuel Culotta y el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.  

Molea explicó que el dictamen estaba listo desde febrero pero decidió esperar el devenir la causa penal que había por esta denuncia. En marzo, ese expediente fue cerrado por el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita. Rodríguez fue sobreseído.

Otro de los magistrados con despacho en Comodoro Py al que se le están por cerrar la mayoría de las denuncias en su contra es Rodolfo Canicoba Corral. Este jueves, la comisión de Disciplina y Acusación aprobó la desestimación de las denuncias acumuladas en su contra por mal desempeño (enriquecimiento). Salvo una: la de los viajes al exterior, que se mandó a sorteo.

“No había irregularidades del tipo patrimonial atribuidas a Canicoba que hayan podido ser acreditadas en el marco de la investigación referido a la denuncia que había”, explicaron desde el consejo. La denuncia en su contra había sido impulsada por la Coalición Cívica.

A diferencia del resto, su caso no llegó al plenario. Podría tratarse en dos semanas.

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