La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó este martes que se revise la vigencia de la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. El Tribunal avaló el recurso que presentó el gobierno de Javier Milei contra el fallo del juez Martín Cormick, quien exigió actualizar salarios docentes y garantizar fondos a becas. "Hacer lugar al presente recurso de queja por apelación denegada y, en consecuencia, conceder el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada", indicó en un fallo la Sala III de la Cámara.
Con esta resolución, firmada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, el Gobierno pondrá en discusión el acatamiento de las multas diarias a la Jefatura de Gabinete y de la propia decisión del magistrado.
El expediente se originó a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, con el que el Gobierno supeditó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara de dónde provendrían los recursos necesarios.
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El origen del conflicto
El 6 de octubre, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo Cormick, declaró inconstitucional ese requisito y dispuso la aplicación de la norma. El Ejecutivo apeló el fallo, que continúa bajo tratamiento en el expediente principal.
La medida cautelar cuestionada en los incidentes judiciales establece dos obligaciones: actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y asegurar los fondos destinados a las becas estudiantiles, conforme a los criterios fijados por la ley.
El nuevo pronunciamiento se suma a la decisión adoptada el 15 de octubre por la misma Sala III, que hizo lugar a una queja del Gobierno y resolvió que la apelación contra las multas diarias de $100.000 impuestas al Gobierno de Milei se tramitara con efecto suspensivo. De esta manera, las sanciones quedaron en suspenso hasta que avance el recurso. Sin embargo, esta resolución tampoco determinó si el Ejecutivo había cumplido con las obligaciones establecidas en la cautelar.