La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunció para este martes una jornada de protesta nacional con cortes de rutas y accesos en todo el país. La protesta surge luego de que el gobierno de Javier Milei afectara a 900 mil trabajadores con la eliminación del salario social complementario de $78.000. Según el colectivo sindical, la decisión condena a la indigencia a casi un millón de personas.
Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, la organización que nuclea a cartoneros, trabajadores de comedores y cooperativistas busca dar una “batalla cultural” contra el discurso oficialista. “No somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó el laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron qué hacer”, sentenciaron a través de un duro comunicado que difundieron mediante redes sociales.
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La UTEP no solo reclama por los ingresos de la economía popular, sino que vincula la crisis del sector con el deterioro general del mercado de trabajo. Según sus estimaciones, la gestión de Milei ya “expulsó” a más de 300 mil trabajadores del empleo formal, quienes hoy presionan sobre una economía popular ya desfinanciada y sin red de contención.
La denuncia apunta a una supuesta maniobra del Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello para “robarle el salario” a más de 900 mil trabajadores, mediante el desenganche del Salario Social Complementario respecto al Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que en la práctica licuó el poder adquisitivo del sector.
Una pulseada por el control de la calle
La movilización de este martes se presenta como un desafío directo al protocolo antipiquetes que instrumentó Patricia Bullrich cuando ocupó el ministerio de Seguridad. Los movimientos sociales aseguran que la protesta será masiva y que los cortes se sentirán en los puntos neurálgicos de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires y en las principales capitales provinciales.
En palabras de la secretaria gremial Johana Duarte, la disposición de la cartera que conduce Pettovello “atenta directamente contra los trabajadores más humildes, y que expresa la crueldad sin límites de este gobierno nacional. Esto no solamente afecta a los trabajadores de la economía popular que dejarán de percibir los $78.000, sino que es un golpe a los negocios de cercanías de las economías locales”.
“Imagínense en una provincia del norte argentino como, por ejemplo, Chaco, donde hoy existen 45.000 trabajadores percibiendo este ingreso de $78.000, que son unos 3.510 mil millones que dejan de entrar y circular en la provincia. Es plata que los trabajadores dejarán de usar en los comercios locales y eso implicará una recesión local automática de 6 a 10% del consumo, esto se traducirá en la suba de la pobreza en esta provincia de 8 a 15 puntos”, describió Duarte.
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