El proyecto sobre las Islas Malvinas que anunció el Presidente por Cadena Nacional comienza a desinflarse en el Congreso. El oficialismo no logró comprometer las firmas necesarias para dictaminar en el plenario de comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores este miércoles como originalmente estaba previsto.
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Es que se multiplicaron los cuestionamientos a la “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” de parte de la oposición peronista pero también de entidades cercanas como la organización empresarial de entidades periodísticas ADEPA.
No se objetan los artículos que excedan a la sanción de las empresas que exploten recursos en las islas. Con distintos argumentos, cada espacio aportó sus diferencias en los artículos que crean un Consejo de Seguridad Nacional con superpoderes para hacer uso de las Fuerzas Armadas, clasificar a civiles de terroristas y determinar cuáles son las “infraestructuras críticas” que requieren defensa militar.
En ese capítulo el proyecto establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, “por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”. ADEPA advirtió sobre pasajes del texto que pueden ser sujetos a "interpretaciones ambiguas" y producir “efectos inhibitorios” sobre periodistas y medios.
"Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural", expresó la asociación de entidades periodísticas. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), consideró que el artículo referido a la desinformación supone “un riesgo concreto para la libertad de expresión". El artículo 111 cuenta con el rechazo del radicalismo y del PRO.
Además de esas expresiones públicas, por lo bajo, entidades comerciales privadas de Estados Unidos y el Grupo Clarín también le hicieron conocer su malestar al oficialismo en las últimas semanas. “La infraestructura crítica son los fierros, la fibra óptica, el 5g. Pero ¿qué pasa cuando no diferencias la fibra, del prestador y de los contenidos? La discusión que plantean es cómo se respeta la propiedad de red. Si hay una sanción ¿le cerrás al operador? ¿Le cerrás al prestador?”, explica una espada legislativa oficial a cargo de introducir esas modificaciones “Eso se tiene que aclarar, se tiene que reescribir”, anticipa.
El Grupo Clarín (a través de Telecom Argentina) utiliza tecnología de Huawei para los servicios de conectividad y redes 5G en el país, por lo que una eventual intervención del Poder Ejecutivo a esa infraestructura repercutirá en el multimedios local. El telón de fondo son las tensiones y presiones por parte de la diplomacia de Estados Unidos en el marco de la competencia geopolítica con China. El planteo fue explicitado en agosto por el embajador norteamericano Peter Lamelas, que acusó a la firma china Huawei de practicar en Argentina el espionaje para Pekín. “¿Por qué en uno de los países más libres no se pueden usar estos dispositivos? Porque no son seguros. Esto es tecnología, segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino”, expresó en un congreso sobre infraestructura.
“Establecer un sistema de seguridad nacional no es solamente tomar acciones vinculadas a Gran Bretaña, sino también a otros actores o países, incluso que sean no estatales vinculados a nuestro posicionamiento geopolítico y sobre todo a las amenazas externas”, expresó en su defensa la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy.
La oposición arma su propio dictamen con el espíritu de sólo los primeros cuarenta artículos que endurecen las penas a las empresas que exploren y exploten en las inmediaciones de las Islas Malvinas. “Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica porque está orientado más a la cuestión interna que a la cuestión de la soberanía”, cuestionó el peronista Eduardo Valdés.
El oficialismo busca los votos dialoguistas a través de la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad con “la obligación del Ejecutivo de mantener esa interlocución fluida” aunque es rechazada en la oposición más dura.
Con ese escenario, el debate por la ley Malvinas se patea por lo menos una semana más. El martes que viene La Libertad Avanza mostrará los cambios que aceptó ante las críticas aunque por plazos del reglamento deberá esperar para llevar el tema al recinto. La aspiración era discutirlo el próximo miércoles 21 pero el respaldo se diluyó.