La Corte Suprema de Justicia declaró por primera vez la inconstitucionalidad de dos artículos del megaDNU 70/2023 con los que el presidente Javier Milei había derogado la potestad del Estado de regular el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Si bien la decisión suprema de este jueves solo aplica al caso puntual que trató, los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti utilizaron argumentos críticos que podrían aplicarse a todo (o casi todo) el decreto de necesidad y urgencia (DNU). Básicamente, sostuvieron que no hubo ni necesidad ni urgencia por lo que el Ejecutivo no podía hacer lo que hizo por decreto: debió llevar el tema al Congreso y tratarlo por ley.
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Esta resolución abre varios interrogantes: ¿Por qué el Tribunal Supremo sólo abordó el caso prepagas y no otros que impactan en todo el DNU? ¿Por qué demoró tres años en resolver algo que era obvio? ¿Se trató de un mensaje al Gobierno? ¿Una puesta en escena? ¿Tambalea todo el DNU desregulador que fue nodal para la administración libertaria? El Destape contactó a los constitucionalistas Roberto Gargarella, Gustavo Ferreyra y Andrés Gil Domínguez y al investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, Luis Campos, quienes analizaron los alcances del fallo de la Corte en la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA”.
En una resolución de apenas 8 páginas, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti declararon este jueves la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del megaDNU 70/2023, con los que se borraron de un plumazo las facultades del Estado para regular el aumento de las prepagas (esto habilitó a las empresas de medicina privada a aumentar mes a mes la cuota que cobran a sus abonados). El argumento central de los supremos fue que el Poder Ejecutivo no esgrimió “una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682” (que es la normativa que establece el marco regulatorio de la medicina prepaga). Básicamente, que no hubo ni necesidad ni urgencia para realizar las modificaciones que se hicieron por DNU.
“El Poder Ejecutivo se limita a fundar las medidas en la sola afirmación de que existe una ‘crisis del sistema de salud’ que exige ‘aumentar la competitividad del sistema’ para lo cual ‘se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga’. Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley”, cuestionaron los jueces de la Corte. “Los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’”, añadieron Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Y concluyeron que es “exigible un esfuerzo de justificación aún mayor tendiente a demostrar por qué era imprescindible, y no meramente conveniente, modificar por la vía excepcional de un decreto de necesidad y urgencia el esquema legal referido”. Acto seguido enviaron el expediente al tribunal de origen para resolver en sintonía con lo enmarcado.
Es evidente que lo cuestionado por la Corte es aplicable a todo el decreto. Acaso por eso los cortesanos se preocuparon por resaltar que confirman “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023” pero “sin que lo resuelto implique, ni pueda implicar en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal”.
Los alcances del fallo
Consultado por El Destape sobre si el fallo de la Corte hace tambalear todo el MegaDNU 70/23, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, contestó: “Jurídicamente no hay dudas (tampoco las había antes). Si bien el fallo de la Corte está acotado a un caso y a un tema específico (prepagas), los argumentos son fácilmente extensibles a todo (o casi) el decreto”. Y agregó: “La Corte no se metió con el tema de fondo. Invalidó el DNU porque dijo que el gobierno no dio cuenta de las razones de necesidad y urgencia que hubieran justificado este tipo de herramienta. Este mismo razonamiento aplica a cada tema tratado en el DNU, ya que las justificaciones en todos los casos fueron genéricas”.
No obstante esto, Campos advirtió: “Dicho esto, no creo que la Corte tenga en mente ir más allá. La señal que quería mandar ya la mandó. Seguramente, los jueces de primera y segunda instancia que tienen planteos de inconstitucionalidad del decreto van a usar este fallo como antecedente, pero no la veo a la Corte diciendo mucho más de lo que ya dijo. Al menos no en el corto plazo”.
Por su parte, el constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella afirmó a este medio: “Para mí (este fallo) es una ratificación de que la Corte hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Por un lado, el fallo, que es brevísimo y claro, es consistente con lo que ya ha dicho varias veces sobre la suerte difícil que tienen los DNU para mantenerse porque (y aquí simplemente lee sencillamente a la Constitución Nacional) si no hay imposibilidad definitiva o urgencia extraordinaria, no se justifican. Esto, insisto, consistente con lo que ya ha dicho, es una sentencia de muerte muy obvia sobre todo el resto del DNU”. “Ahora bien, ahí aparecen dos fuertes matices, en forma de preguntas: I) ¿Por qué demoró 3 años en decir lo obvio? II) Por qué inventa que acá sólo se queda en dos artículos y no dice absolutamente nada sobre el resto? Es como si estuviera en una pulseada por algún tema con el Poder Ejecutivo. Le dice: ‘Te puedo voltear todo en 5 minutos’, al mismo tiempo que deja en claro que por ahora no lo está haciendo”, concluyó el jurista.
Recordemos: pocos meses atrás Milei nombró juez a Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, presidente del Tribunal Supremo; y hoy analiza si cubre las dos vacantes que tiene el máximo tribunal del país e incluso si lo amplía.
Para Gustavo Ferreyra “no es una sentencia contra todo el DNU, sino una decisión acotada”. A pesar de ello, el jurista aclaró a El Destape en sintonía con sus colegas: “La importancia del pronunciamiento excede la cuestión específica de las empresas de medicina prepaga. La Corte reafirma que el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo está sometido a condiciones de rigurosa excepcionalidad. No alcanza con demostrar que una reforma es conveniente, necesaria desde una determinada perspectiva económica o políticamente deseable. Es indispensable acreditar que concurren las circunstancias constitucionales que hacen imposible recurrir al procedimiento legislativo ordinario o que existe una urgencia incompatible con sus tiempos”. Por tal motivo, el golpe al megaDNU es mucho más que por dos artículos.
El abogado especialista en Derecho Público Gustavo Arballo posteó en X un análisis similar. Afirmó que “el fallo aclara que sólo se refiere a esa parte (derogación del sistema de autorización para aumentar prepagas) ... pero el argumento tiene potencial viral para propagarse a otras (¿todas?) las partes del decreto”. Arballo hizo foco en el considerando 8º porque allí la Corte “pone la premisa mayor” al sostener que “la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad”. En la misma línea, agregó: “Contra las teorías deferentes que imaginan eso como cuestión no judiciable, la Corte vuelve a hablar de dos condiciones: cuando no se puede legislar porque el Congreso está imposibilitado (situación apocalipsis, catátrofe natural, etc.) o cuando la cuestión ‘sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley’". Recordó que esto último “ya estaba en la jurisprudencia de la Corte sobre DNUs, casi desde 1999, un canon hibernado un poco por desuso, desfrizada hace poco en ‘Cencosud’ para invalidar con delay un decreto de Macri”.
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¿Qué hay detrás?
Con este marco, uno de los interrogantes centrales es por qué la Corte decidió sacar este fallo justo ahora. El máximo tribunal del país no tiene plazos para expedirse sobre los casos que le llegan. Ante la consulta de El Destape, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez no dudó: afirma que para él el fallo es “como una lavada de cara (de la Corte) sin costo real para el gobierno”. Luis Campos realizó una consideración parecida.
En un extenso hilo de X, Gil Domínguez remarcó “algunas cuestiones muy importantes” del fallo “a tener en cuenta para evitar los desbordes de optimismo que seguramente vendrán”. Y resaltó tres cuestiones:
- “En primer lugar, la CSJN resolvió un caso particular cuyo efecto queda limitado a la persona que promovió la acción de amparo, mientras que desde el 23 de junio de 2026 tiene pendiente de resolución el proceso colectivo ‘Morsenti c /OSDE’ (Expediente JFP Nº 1641/2024) donde se declaró la inconstitucionalidad de las mismas normas pero con efecto erga omnes que favorece a todo el grupo o colectivo”, explicó. Es decir, decidió no tratar un caso de similares características pero con impacto generalizado.
- “En segundo lugar, al confirmar parcialmente la sentencia no resolvió el fondo de la cuestión (tal como lo permite el art. 16 de la ley 48), sino que por el contrario, ordenó el reenvío a la Cámara Federal de La Plata para que dicte un nuevo fallo, y mientras tanto, la sentencia dictada no tiene ningún efecto”, aclaró.
- “Por último, una vez más, el tribunal omitió analizar la validez del DNU 70/2023 en el marco dispuesto por el art. 99.3 de la Constitución argentina, el cual impone que los DNUs que no cumplan con los requisitos de habilitación constitucional formal (esto es, circunstancias excepcionales e imposibilidad de seguir con los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes) son NULOS DE NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE. En otras palabras, los requisitos constitucionales formales se cumplen respecto de todos los artículos de un DNU o no se cumplen con ninguno, más allá de la afectación sustancial de derechos fundamentales y derechos humanos que el mismo pueda producir”, cerró.
A juzgar por el análisis de Gil Domínguez, la Corte jugó para sí misma y dosificando el impacto que podría tener el fallo para el gobierno.
Luis Campos hizo una lectura similar: “La Corte elige un caso que puede no tener ninguna consecuencia práctica. Aún si el criterio se generalizara lo único que cambia es que a partir de ahora los aumentos de las prepagas tienen que ser autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud. Y no la veo rechazando los pedidos de las prepagas”. Es decir, con el fallo de la Corte el gobierno vuelve a tener la potestad de regular de los aumentos pero eso no implica que las subas vayan a frenarse.
Por tal razón, el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma analizó: “La Corte venía muy cascoteada. Yo creo que es un fallo en defensa propia. Para el gobierno la señal política es fuerte, pero en los hechos podría no cambiar nada. La Corte, en cambio, puede salir a decir públicamente que declaró la inconstitucionalidad del DNU 70/23, lo que mostraría que es una corte independiente que se guía por criterios técnicos. Y de paso, le manda una señal a futuros candidatos que estén pensando en dictar su propio DNU 70/23 ni bien asuman”.
¿Esto implica que el DNU 70/23 sigue firme? No está del todo claro. Campos, en ese sentido, advirtió: “Si la Corte ve que el gobierno está débil y quiere relegitimarse en términos republicanos, ahí sí tal vez tengamos varios fallos más en este sentido”.
Por lo que habrá que esperar a los próximos movimientos del Tribunal Supremo para tener una medida justa de qué impacto tuvo el fallo de este jueves sobre el MegaDNU 70/23.
