Las fichas de la AFI: detalles del espionaje político macrista en las elecciones de 2017

Según consta en la Justicia hay más de 50.000 archivos, entre imágenes, videos y documentos en formato Office y PDF que recopilaron las bases de la agencia en territorio bonaerense.

27 de septiembre, 2020 | 00.05

El espionaje ilegal macrista en la provincia de Buenos Aires dejó sus huellas. Según consta en la Justicia hay más de 50.000 archivos, entre imágenes, videos y documentos en formato Office (Word o Excel) y PDF que recopilaron las bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, Pilar, Quilmes, La Matanza y San Martin. El material surge de los dos discos rígidos que la intervención de la agencia aportó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, luego de que el magistrado requiriera información sobre el proyecto AMBA en el marco del D’Alessiogate. Hay fichas de los espiados, con fotos y datos personales de las víctimas; relevamiento de locales políticos; infiltración en reuniones; e instalación de cámaras ocultas. Los detalles.

“Hay elementos objetivos suficientes que permiten considerar que la práctica de recolección de información personal sobre la base del perfil político de distintos ciudadanos fue una constante en todas las delegaciones provinciales que se encontraban a cargo del imputado Pablo Pinamonti y que tuvieron despliegue en la provincia de Buenos Aires por lo menos durante el año 2017”, escribió Ramos Padilla en una resolución de 342 páginas que se conoció este jueves. Pinamonti era el jefe del proyecto AMBA y había sido indagado en el D’Alessiogate por sus vínculos con la banda de Marcelo D’Alessio.

A la hora de analizar el caudal de prueba recolectada, el juez de Dolores destacó que “el dato quizás más revelador” sea “el esquema ascendente del reporte de los informes de inteligencia relevados. Es decir, se ha podido compulsar una copiosa cantidad de documentos que refieren a las etapas iniciales del ciclo de inteligencia, esto es, la recolección y procesamiento de información”.

Entre otras cosas, “se pudieron obtener numerosos informes semanales de las distintas bases que daban cuenta de la recopilación de esos informes individuales para su posterior elevación a la superioridad. La “superioridad” era la jefatura de la AFI macrista, es decir, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Ambos fueron convocados a prestar declaración indagatoria el próximo martes y miércoles, respectivamente.

Eso queda de manifiesto en “el documento Informe Semanal de la Dirección de Reunión” donde se “da cuenta de cómo toda esa producción, recopilación y almacenamiento de datos sensibles eran elevados a la superioridad a los fines de su re-análisis y posterior toma de decisiones”. 

Ramos Padilla analizó la prueba documental y concluyó que el “universo de cuestiones de interés” entre las diferentes bases “mantiene patrones muy similares: la recopilación de datos personales de diferentes ciudadanos en base a sus actividades políticas, ya sean partidarias, comunitarias o gremiales”. Para eso, la AFI desde sus nueve bases en la provincia de Buenos Aires realizó “tareas de campo directas”, utilizó “técnicas de ‘ciberpatrullaje’” e hizo una “compulsa de bases abiertas”

Seis de esas nueve bases se abrieron en abril de 2017 y fueron el centro neurálgico del proyecto AMBA. El momento en que se lanzó el desembarco a gran escala de la AFI en territorio bonaerense no fue casual: para el juez estuvo directamente relacionado con las elecciones legislativas que se iban a desarrollar aquel año. Buenos Aires no solo representaba el 38% del padrón electoral: Cristina Fernández de Kirchner, entonces la principal dirigente de la oposición, se iba a presentar como candidata a senadora por esa provincia.

Gran parte de la tarea de inteligencia desplegada por las BASES AMBA se encontró dirigida a efectuar un relevamiento de las actividades de organizaciones políticas, sociales y comunitarias con despliegue en el territorio bonaerense”, señaló el juez. En total, según se desprende de la información judicial, la agencia practicó inteligencia ilegal sobre al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores.

Hasta “se encontró un documento elaborado por la Base Haedo (Morón) en el que, a partir de un parte médico por el que se informaba un accidente de trabajo sufrido por un agente de dicha delegación, se señala que, al momento del accidente, se encontraba colocando dispositivos ocultos con el objetivo de registrar audiovisualmente una reunión con miembros de la organización Barrios de Pie en la localidad bonaerense de Isidro Casanova”.

Fichas personales

“Las labores de inteligencia ilegal que tenían como objetivos a las organizaciones sociales, políticas y sindicales trascendieron el relevamiento de su despliegue territorial, y avanzó en la confección de fichas personales de los militantes de las organizaciones que participaban activamente en los distintos frentes de masas”, precisó Ramos Padilla. “Pudieron relevarse múltiples documentos en los que se reseñaron datos personales de ciudadanos sobre la base de su afinidad ideológica o su adhesión a alguna organización determinada”, agregó, lo que implica una flagrante violación de la Ley de Inteligencia Nacional.

Entre otras cosas, “se hallaron fichas personales de militantes políticos de los partidos de Ezeiza y Esteban Echeverría. En particular, se observó un documento denominado ‘Referentes’, en el que se recopiló información personal en forma sistemática sobre diferentes ciudadanos”, describió el magistrado. 

Ramos Padilla resaltó que se ve “una misma estructura a la hora de sistematizar estos datos personales: en primer lugar, adjuntan una foto de la persona, luego se especifica el partido u organización política a la que pertenece y a continuación se consigna: a) apellido, b) nombre completo, c) DNI, d) CUIL, e) edad, f) si tiene pareja o hijos, y sus nombres, g) domicilio, h) correo electrónico, i) información académica, j) trabajos anteriores, k) una reseña política de su participación en el distrito”.

“Esta práctica de relevamiento de datos personales de ciudadanos que participaban activamente de la vida política en el territorio bonaerense fue una práctica sistemática desarrollada de forma continua a lo largo del tiempo por las bases de inteligencia que estuvieron a cargo de Pablo Pinamonti”, agregó el juez.

Además de las fichas personales había “un relevamiento de los locales partidarios”. Como por ejemplo “La Cámpora” y corrientes relacionadas.

Tal como se desprende de la documentación en manos de la Justicia, las bases bonaerenses de la AFI mostraron un particular interés en el dirigente social Luis D’Elìa. De hecho, un apartado de la resolución de Ramos Padilla se titula:  “Recopilación de datos personales de referentes políticos vinculados a Luis D´Elía. Directiva específica de la superioridad”. Allí se observa el espionaje sobre la red de relaciones del militante vinculado al mundo piquetero. 

Espionaje en la Cumbre de los Pueblos

Otro informe de inteligencia, que se encontró en la Base Haedo, y que está fechado el 16 de noviembre de 2017 “sistematiza información reunida respecto de unas jornadas de discusión política realizadas en el marco de la ‘Cumbre de los Pueblos – Fuera O.M.C.’ que tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires”. En ese informe, se agrega información respecto de la “Semana de Acción Global contra la O.M.C. y contra los tratados de libre comercio”. 

Allí “se repasan las actividades que se desarrollarían entre el 7 y el 13 de diciembre de 2017, que según informan, iniciarían a partir de la Marcha de la Resistencia organizada por las Madres de Plaza de Mayo. Luego, se detalla una serie de actividades que se habrían de realizar, identificando las organizaciones convocantes, el nombre de los militantes que coordinarían dichas actividades y, en algunos casos, sus abonados telefónicos”.

Inteligencia ilegal en Comedores

Tal como informó este medio, también hubo espionaje en comedores y merenderos sociales. Por ejemplo, se halló un documento titulado “Planilla relevamiento comedores” donde “se consigna la ubicación de esos establecimientos, la cantidad de personas que asisten a ellos y si reciben donaciones del Estado”.

Ante este escenario, Ramos Padilla se preguntó “cuáles son las tareas que debe realizar una agencia de inteligencia en el marco de un Estado democrático de derecho”. “No es razonable que recursos humanos y técnicos tan sensibles como los que componen el Sistema de Inteligencia Nacional” se “encuentren involucrados en investigar el modo en que eran distribuidos los bolsones comunitarios de comida entregados por el Estado. Al no resultar razonable, ni proporcional la utilización de esos recursos, se impone vislumbrar otro objetivo: la utilización del aparato de inteligencia para la obtención de información sobre las organizaciones sociales y comunitarias que operan como red de contención social de los sectores socio-económicamente más vulnerables de la provincia de Buenos Aires”, concluyó. 

Esa utilización del aparato de inteligencia para tareas ilegales se expandió de forma inconmensurable.
 

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