La Argentina de Javier Milei protagoniza un desplome histórico en materia de derechos laborales y se sitúa, por primera vez, entre los 10 peores países del mundo para las y los trabajadores. Según el Índice Global de los Derechos 2026, elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), el país fue degradado a la Categoría 5, el nivel más bajo del ranking, que define una situación donde los derechos fundamentales "no están garantizados".
Este retroceso fue calificado por el organismo internacional como uno de los más pronunciados jamás detectados ya que Argentina cayó del nivel 3 al 5 en apenas dos años, lo que evidencia un deterioro institucional acelerado bajo la gestión de ultraderecha de Milei. El informe ubica a la Argentina en una "lista negra" que comparte con naciones sumidas en crisis democráticas o regímenes autocráticos como Bielorrusia, Egipto, Myanmar y Turquía.
Para la CSI, este fenómeno no es una coincidencia, sino parte de una tendencia global de debilitamiento de los principios democráticos que el secretario general del organismo, Luc Triangle, describe como un “golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia”, financiado por las élites y ejecutado por líderes autoritarios.
Un retroceso democrático orquestado por el programa antisindical
La degradación de la calificación argentina responde directamente a la implementación de un programa que el informe tilda de "radicalmente antisindical", destinado a socavar las libertades civiles y la capacidad de negociación de los trabajadores en favor de los intereses del sector privado.
El documento señala que, desde su llegada al poder a fines de 2023, el gobierno libertario lanzó un ataque sistemático contra los sindicatos y el derecho a la protesta social. Entre los puntos críticos que justifican esta alarmante posición global, se destacan:
- Restricciones a la huelga y negociación colectiva: la imposición de niveles obligatorios de servicios mínimos para una gama excesiva de sectores y la aplicación de reformas que tratan el trabajo como un mero "coste" a minimizar.
- Persecución y violencia estatal: El uso de órdenes represivas y un protocolo antibloqueo que otorga poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad, resultando en más de 1.350 heridos durante manifestaciones en 2025.
- Despidos antisindicales masivos: el caso de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde la justicia confirmó que los despidos masivos fueron “discriminatorios”, afectando en un 84,6% a trabajadores con representación gremial.
- Exilio de dirigentes: La detención de Federico Giuliani, secretario general de ATE-CTA A en Córdoba, quien tras ser liberado debió huir del país en calidad de “refugiado político”.
El informe también denuncia que el sector privado se sintió incentivado por la retórica anti obrera oficial para intensificar los recortes de personal y el uso de la fuerza para disolver asambleas internas, com ocurrió en el caso de la empresa Lustramax.
Ante este escenario de desmantelamiento de las garantías básicas, la CGT y ambas vertientes de la CTA decidieron elevar el conflicto al plano internacional, presentando una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. Esta presentación cuenta con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas, en un intento por visibilizar cómo las políticas de la administración Milei están degradando la calidad institucional de una Argentina que hoy evoca algunos de sus capítulos más oscuros.
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