A 10 días de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Justicia de Mendoza confirmó el procesamiento de 15 exmilitares y expolicías por crímenes contra 60 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.
Los imputados pertenecían al Departamento de Informaciones Policiales (D-2) y a la IV Brigada Aérea. Cuatro de ellos quedaron con prisión preventiva: Fernández Miranda, Venturino Amaker, Santamaría Blasón y Raganato Leo. Según el sitio oficial Fiscales.gob.ar, los delitos que se les imputan a los ex militares y ex policías son privación abusiva de la libertad, tormentos, abandono de persona, coacción, sustracción de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.
El procesamiento fue dictado por el juez Leopoldo Rago Gallo -a cargo del Juzgado Federal N°1-, tras un requerimiento del fiscal Dante Vega y los auxiliares Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar. En su presentación, el magistrado y los fiscales calificaron los hechos investigados en cinco categorías, que implican retención de menores que quedaron bajo control represivo tras el secuestro de sus padres; violencia directa y psicológica sufrida por niños presentes durante los secuestros de sus progenitores; y bebés abandonados en la vía pública o domicilios sin protección.
También se menciona el uso de niños como herramienta de coacción (interrogatorios o amenazas con armas), y apropiación y ocultamiento de menores.
El aparato represivo en Mendoza
La investigación describe una estructura coordinada se compuso de tres elementos: el D-2 (Departamento de Informaciones Policiales), que fue el eje de la inteligencia y el principal centro clandestino de la provincia. Poseía una infraestructura de trece celdas y personal entrenado para secuestros y torturas. Se estima que más de 300 personas pasaron por allí.
También fue parte de ese aparato la IV Brigada Aérea (Fuerza Aérea), la cual controlaba las zonas de Lavalle y Las Heras, y tenía grupos operativos como la Compañía Policía Militar y la Subunidad COIN. Y el destacamento de Inteligencia 144 (Ejército), que operaba en la Subzona 33 (Mendoza, San Luis y San Juan), planificando y ejecutando la represión desde su plana mayor.
La fiscalía categorizó delitos que responden patrones con ejemplos escalofriantes que sirven para ilustrar la gravedad del caso:
- Uso de menores como "cebo" y retención: se documentó el caso de un niño de 10 meses que un comisario mantuvo en su poder durante un mes para usarlo como señuelo y capturar a su padre. Otro bebé de siete meses fue abandonado en la puerta de sus abuelos con signos evidentes de maltrato físico.
- Violencia extrema en operativos: durante los secuestros de los padres, se registraron casos de hermanos de 4 y 6 años a quienes les taparon la boca con cinta para que no gritaran mientras se llevaban a sus progenitores. En otros casos, los niños eran dejados llorando en la vereda durante horas, prohibiendo a los vecinos que los auxiliaran.
- Tormentos y coacción directa: se identificaron casos de violencia física y psicológica para presionar a los padres.
- Delitos contra la identidad: se destaca el caso de una niña que, a pesar de que los represores conocían su identidad real, fue enviada a la Casa Cuna como "N/N", ocultando su origen hasta que su familia biológica logró recuperarla.
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Memoria y justicia: persecución en la Universidad del Sur e Identificaciones en La Perla
Por su parte, en la ciudad de Bahía Blanca, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos ha solicitado la elevación a juicio oral de seis exmilitares por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 30 integrantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) entre junio y noviembre de 1976. La investigación, liderada por el fiscal Miguel Ángel Palazzani, sostiene que los secuestros y torturas contra docentes, estudiantes y no docentes de carreras como Economía y Filosofía formaron parte de un plan para desarticular lo que el régimen consideraba "adoctrinamiento subversivo"
Por otro lado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó recientemente la identidad de siete militantes cuyos restos fueron recuperados en el predio del ex centro clandestino "La Perla", en Córdoba. Entre las víctimas identificadas se encuentran Mario Nívoli, estudiante de Ingeniería Química; Ramiro Bustillo Rubio, estudiante de Ingeniería de 27 años; Oscar Omar Reyes de Paniconi, obrero de FIAT y el abogado Eduardo Jorge Valverde Suárez, quien fuera defensor de presos políticos.
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