La conducción desplazada de la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció ante la Corte Suprema un aparente intento de la intervención judicial, encabezada por el abogado Alberto Biglieri -hombre de confianza de Daniel Angelici- de concretar “una administración general e indefinida” en el sindicato fabril. Lo hicieron con una presentación en la que desglosaron una gestión pautada para 180 días con el objetivo de realizar una elección pendiente y que, transcurrido más de la mitad del plazo, no sólo no dio paso alguno en ese sentido sino que llevó a cabo acciones administrativas, paritarias, de convenios colectivos y hasta en la obra social metalúrgica con efectos más allá del período de gestión asignado.
El escrito que presentaron los abogados que representan al Consejo Directivo que lideraba Abel Furlán, hasta su corrimiento en mayo pasado, da cuenta de una metodología que en la administración de Mauricio Macri se había vuelto moneda corriente: la intervención de gremios a partir de resoluciones de jueces afines al oficialismo y el nombramiento de administradores que operaban para quedarse con el control permanente de las organizaciones y de sus recursos económicos.
La presentación lleva la firma de los abogados Alvaro Ruiz, Matías Cremonte y Carlos Zamboni Siri, designados por el propio Furlán en su gestión para la representación de la UOM ante el fuero laboral. Entre los puntos más críticos figura una denuncia por la reposición por parte de la intervención de dos personas para integrarse a la obra social metalúrgica (Osuomra) que ya habían formado parte de esa estructura durante la gestión de Antonio Caló en el gremio y bajo el paraguas del Grupo Olmos, que administra medios de comunicación (Crónica -diario y TV-, diario BaeNegocios, entre otros) y una red prestacional de salud.
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Como prueba de ese retorno los letrados destacan que en el informe de gestión de Biglieri por los primeros tres meses de la intervención figura “el otorgamiento de poderes bancarios” en nombre del gremio y la obra social a favor de Betiana Gorosito, quien a su vez figura como “directora titular de Donington SA, sociedad integrante de esquema de administración que los órganos democráticos de Uomra habían decidido sustuitir”.
“El dato posee relevancia institucional directa para estas actuaciones ya que Donington no resulta una sociedad extraña a la historia de administración de los recursos sindicales. Durante más de dos décadas participó del esquema fiduciario utilizado para la gestión de recursos de UOMRA que ese modelo fue posteriormente sustituido por decisión de los órganos democráticos de la organización sindical, que resolvieron implementar una modalidad diferente de administración”, destaca el escrito dirigido al máximo tribunal.
En la misma línea se menciona “la designación de Ariel Raúl Sosa en el Gabinete de la intervención” así como “su inserción previa en estructuras empresarias vinculadas a Red BASA/Grupo Olmos y al gerenciamiento de prestaciones relacionadas con UOMAR, en cuanto tales circunstancias, analizadas conjuntamente, resultan relevantes para ponderar la orientación asumida por la intervención respecto del modelo de administración y gestión de la organización”. Como había anticipado en exclusiva El Destape, entre las primeras decisiones de Biglieri estuvo la de promover la vuelta del Grupo Olmos al control de la obra social.
De hecho una de las decisiones de mayor impacto en la interna de la UOM apenas asumió Furlán fue la desafectación de Red BASA del gerenciamiento de la prestadoras de salud y de los fideicomisos sobre los cuales gobernaba una porción sustantiva de los aportes de los trabajadores metalúrgicos. En uno de esos emprendimientos Furlán puso a cargo otra prestadora, USEM, aunque por cuenta y orden de la conducción del gremio y no por fuera de su estructura. En aquella sigla se destacaba la presencia de la dirigente de La Cámpora, Soledad Calle, también oriunda de Campana y con un ascenso meteórico en el sindicato a partir de la asunción de Furlán en 2022.
La Cámara laboral resolvió en mayo pasado la intervención de la UOM por 180 días al dar cuenta de aparentes irregularidades en el proceso electoral en la localidad de Campana. Por tratarse de la seccional de la que emana la autoridad de Furlán, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González declararon inválido todo el comicio interno mediante el Colegio Electoral del gremio. Pesino es el mismo camarista que validó la reforma laboral de Javier Milei y que inmediatamente después recibió el espaldarazo oficial del Gobierno para sostenerse cinco años más en su cargo a pesar de haber cumplido su edad para jubilarse.
En la presentación también se hace hincapié en otros actos de la intervención como haber firmado paritarias metalúrgicas y siderúrgicas con un diferencial de al menos 11 puntos porcentuales de pérdida salarial contra la inflación acumulada y un banco de horas con la automotriz china Foton para la planta fabril que alista en Campana. También, la disolución de entes de consejería legal y administrativa que había creado el Consejo Directivo del sindicato y la contratación de una ONG denominada “Transparencia Electoral” a pesar de no haber dado paso alguno en la dirección de llamar a elecciones en Campana para retomar todo el proceso interno de designación de nuevas autoridades.
“La paradoja institucional resulta evidente: la herramienta supuestamente creada para restablecer la democracia sindical comienza a sustituirla”, señalan los abogados. En paralelo, el abogado penalista Alejandro Rúa se presentó en un expediente en el que se investigan supuestas maniobras irregulares por parte de USEM y Soledad Calle para rechazar todas las imputaciones y destacar que la instalación de esa firma en la gestión de fondos de afiliados había sido votada en los órganos internos competentes de la UOM.