En el marco del conflicto de transporte ante la deuda a las empresas de transporte por parte del Gobierno de Gustavo Sáenz, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que estarán en defensa de los puestos de trabajo en Salta. Esto se da luego de que las compañías adelantaron que reducirán las unidades y frecuencias debido a las dificultades financieras y deuda pendiente por la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (SAETA)
La fecha más esperada es la de este viernes 25 de septiembre ya que fue la fecha estipulada para lograr que Sáenz pague lo adeudado. "El trabajador es una moneda de cambio para los empresarios. Quieren tomarlos de rehén para que la Provincia y Saeta cumplan con la deuda”, sostuvo el secretario de Prensa y Difusión de la UTA, Gerónimo Requena, en diálogo con FM Aries. "Tememos que comiencen a despedir a nuestra gente", agregó.
La posición de las empresas
Las compañías Ahynarca SA, Ale Hnos. SRL, El Cóndor SA, Alto Molino SRL, Transal SRL, Eduardo Ale SRL y Transporte Automotor del Valle SRL difundieron una solicitada en la que responsabilizaron a la conducción de SAETA por el deterioro del servicio y advirtieron que la situación podría agravarse si no se regularizan los pagos pendientes desde julio por parte de la empresa estatal. Aseguran que los atrasos condicionan la operación cotidiana.
Ante este panorama, las compañías amenazaron con modificar frecuencias, por eso la UTA teme por los puestos de trabajo de los choferes. Tras esta advertencia, las compañías y SAETA llegaron suspendieron la medida de fuerza al menos hasta este viernes 25 de septiembre.
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En la reunión mantenida este miércoles 23 de septiembre, SAETA se comprometió a “liberar un pago, destinado a comenzar a regularizar los compromisos pendientes”, indicaron los empresarios en un comunicado de prensa. Afirmaron que el destino prioritario de los fondos será para combustible “que constituye el insumo esencial para garantizar la circulación de las unidades”.
Sáenz, ante el reclamo de las prestatarias
Las compañías también solicitaron la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz para alcanzar una "solución urgente y definitiva" que permita garantizar la continuidad del transporte metropolitano: "El transporte público no es una variable de ajuste; es un servicio esencial y un derecho social que SAETA y el Estado deben garantizar de forma ininterrumpida".
Las prestatarias aseguraron que mantienen la voluntad de continuar operando, aunque advirtieron que, si persisten las actuales condiciones, podrían quedar imposibilitadas de afrontar sus obligaciones económicas y sostener el servicio con normalidad.