Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde el inicio de la gestión de Claudio Poggi, San Luis registró una pérdida neta de 344 empresas con trabajadores registrados y 3.942 puestos de trabajo privados.
Los números fueron presentados en medio del debate por el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), recientemente aprobado por la Legislatura provincial. La iniciativa obtuvo 27 votos a favor y 11 en contra y fue defendida por el gobernador como una herramienta para impulsar la actividad y el empleo privado.
La diputada provincial Silvia Sosa Araujo en el recinto legislativo cuestionó el diagnóstico del oficialismo y puso el foco en la evolución del mercado laboral durante los primeros treinta meses de la actual gestión.
Según los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en noviembre de 2023 San Luis contaba con 55.120 trabajadores privados registrados. En abril de 2026, la cifra había descendido a 51.178. La diferencia representa una pérdida de 3.942 puestos de trabajo formales en el sector privado.
El retroceso también se observa en la cantidad de empresas. De acuerdo con los datos citados por la legisladora, la provincia perdió 344 empleadores con trabajadores registrados desde fines de 2023. La caída acumulada alcanzó el 7,22%, por encima del promedio nacional del 5,2%.
La evolución no fue uniforme durante todo el período. Los registros muestran una disminución sostenida del empleo privado durante buena parte de 2024 y una nueva etapa de retroceso a partir de mediados de 2025.
La crisis golpea a los puntanos
Según el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la provincia registra una tasa de mora del 21,65%, la más alta de la región de Cuyo.
El dato refleja que más de uno de cada cinco puntanos con deudas acumula atrasos superiores a los 90 días, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la creciente dependencia del crédito para afrontar gastos cotidianos.
El informe fue difundido en el marco de un análisis de la economista Delfina Rossi, quien advirtió que el actual modelo económico nacional combina ajuste fiscal, desregulación y un fuerte endeudamiento para afrontar los compromisos financieros del Estado.
Según el análisis, entre lo que resta de 2026 y todo 2027 la Nación deberá afrontar vencimientos por casi 30.000 millones de dólares de deuda externa, a los que se suman obligaciones del sector privado, las provincias y el Banco Central. Para cubrir esos compromisos, el Gobierno nacional proyecta nuevas colocaciones de deuda y privatizaciones.
En ese escenario, Rossi sostiene que el ajuste aplicado sobre salarios, jubilaciones y subsidios repercute directamente sobre la economía de las familias, que recurren cada vez más al financiamiento para cubrir gastos básicos.
Los números respaldan esa tendencia. A nivel nacional, la mora familiar pasó del 3,9% en junio de 2024 al 16,2% en mayo de 2026, mientras que 19 millones de argentinos mantienen algún tipo de deuda y 4,5 millones ya se encuentran en situación de mora.