El gobierno nacional lo vende como un éxito del RIGI y de Javier Milei: el proyecto minero más grande de la historia del país, con una inversión inicial estimada de 9700 millones de dólares. En el extremo norte de San Juan, a 10 kilómetros de la frontera con Chile, la multinacional Vicuña Corp lleva adelante un proyecto en una superficie de entre 10 mil y 15 mil kilómetros cuadrados, a 4300 metros sobre el nivel del mar. Casi nadie lo discute pese a que deja afuera a los proveedores locales y le entregó la construcción de los módulos habitacionales a una empresa china. En febrero pasado, Milei recibió en Casa Rosada al CEO de la empresa Ron Hochstein y a su Country Director José Morea junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. Todos posaron con una foto con la motosierra en primer plano.
El 5 de agosto pasado, el gobierno provincial de Marcelo Orrego y la multinacional que nació de la fusión de la canadiense Lundin y la australiana BHP firmaron un acta compromiso que define las condiciones de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Ese mismo día, Orrego lo presentó como un hito: anunció en cadena provincial que, por primera vez en la historia, una minera iba a aportar 250 millones de dólares antes de empezar a producir. Repasó las reuniones con la compañía en Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York y destacó que Vicuña hará inversiones con fondos propios en una línea eléctrica y el corredor norte entre Angualasto y el proyecto minero. Orrego dijo que el aporte permitirá ejecutar obras viales y obras hídricas que San Juan se comprometió hacer cuando asumió la parálisis de la obra pública que decidió Milei y firmó un acuerdo con Vialidad nacional para hacerse cargo de las rutas nacionales que atraviesan la provincia por los próximos 20 años. Sin embargo, la provincia no recibirá los 250 millones de dólares en un sólo pago, sino que los desembolsos serán progresivos contra certificado de obra, algo que los pocos críticos del proyecto redunda en menos fondos en el tiempo.
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Ratificada por ley dos semanas después en la Legislatura de San Juan, con 27 votos a favor y 9 en contra, el acta compromiso incluye en sus 57 páginas una serie de condicionamientos inéditos que atan a la Argentina por los próximos 71 años. El que lo reveló fue el economista Hugo Berozzi en un exhaustivo informe que analiza el impacto económico del acuerdo. Licenciado en economía por la Universidad Nacional de Cuyo y Magíster en Desarrollo Global por la Universidad de Copenhagen, Berozzi señaló que el adelanto de 250 millones de dólares en por el impacto ambiental del proyecto y reemplaza aportes a cobrar entre 2030 y 2034, a una tasa de descuento de al menos 9,2% en dólares. Presentado por el gobierno provincial como “Aporte No Reembolsable”, con ese monto se considera saldada cualquier contribución económica obligatoria que la provincia imponga durante toda la vida útil de la mina (71 años). En ese lapso, el acta neutraliza la posibilidad de cobrar nuevas multas o exigir nuevas obras de reparación ambiental. No es lo único.
Entre otras cosas, el acuerdo con la multinacional minera, señala el análisis de impacto económico, rompe el principio constitucional de internalización de costos ambientales -el que contamina paga acorde al daño-, elimina obras hídricas de reparación ambiental requeridas directamente a la empresa en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2022 en los departamentos de Iglesia y Jáchal, congela regalías en 3% por toda la vida útil del proyecto y otorga el 0,45% de los recursos de impacto ambiental al Banco San Juan -propiedad de la familia Eskenazi- en concepto de comisiones.
Lo más grave es que el artículo 8 del acta establece tribunales internacionales privados de la Cámara de Comercio Internacional para resolver controversias, algo que cede soberanía y sentencia una asimetría casi de por vida. San Juan renuncia a la posibilidad de juzgar en tribunales locales o nacionales cualquier disputa relativa al ejercicio del poder de policía por parte de la provincia o de sus facultades ambientales, mineras, tributarias o de fiscalización, que pudieran perjudicar los derechos de la empresa adquiridos en el Acta Compromiso. En cambio, se encomienda a tribunales donde 2 de los 3 “árbitros” son elegidos por la empresa o la Cámara de Comercio Internacional y solo 1 le corresponde a la provincia. El acta elimina instancias del debido proceso administrativo ordinario en la justicia local o nacional, ya que la empresa puede recurrir directamente al extranjero y otorga estos derechos de por vida a la multinacional minera en el derecho internacional, incluso cuando puedan ser revertidos por ley o sentencia en la justicia local.
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El informe de Berozzi tuvo consecuencias. La semana pasada, el economista fue despedido de su trabajo en el Fondo de Garantías de la provincia de San Juan. Hacía 6 años que se desempeñaba en el organismo. Fue un despido sin causa formal, aunque en la provincia todos saben que se debió al análisis certero que realizó. En diálogo con El Destape, el economista y magíster en desarrollo económico se encargó de remarcar que no está en contra de la actividad minera ni de la empresa multinacional. Al contrario. “Estoy de acuerdo con que en la provincia se haga minería. Me parece que es un vector de desarrollo fundamental. Lo que sí creo es que el Estado no tiene que perder potestades para poder controlar la actividad, que se cumpla correctamente, que se repare cualquier daño ambiental o accidente y que derrame en proveedores locales y las comunidades locales, de la mejor manera posible”, le dijo Berozzi a El Destape.
El gobierno de Orrego logró lo que parecía imposible: superar a Milei en la entrega de recursos. En la legislación nacional, el artículo 103 de la Ley Nacional 27.743, aprobada en 2024 y conocida como Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, establece que las provincias podrán elevar hasta el 5% el valor boca de mina del mineral extraído en concepto de regalías de los proyectos aún no iniciados. En cambio, el proyecto de ley provincial fija las regalías en 3% de la facturación de minerales vendidos para toda la vida útil del proyecto Vicuña y todas las actividades de explotación que realice la multinacional en un radio de 75 kilómetros. “En base a los volúmenes estimados de oro, plata y cobre que serán
extraídos y comercializados por el proyecto Vicuña, de acuerdo con el Preliminary Economic Assessment 2026 elaborado para Lundin Mining Corporation por un grupo de expertos, se puede estimar que por cada 1% adicional de regalías que la provincia se obliga a no cobrar se estarían perdiendo alrededor de USD $491,2 millones de dólares representados en valor presente (a fines de 2026). Un monto que podría ser mayor si se incorporan nuevas áreas de explotación al proyecto original”, dice el análisis que provocó el despido de Berozzi.
Como base de la estimación, se tomó una vida útil total del proyecto de 71 años, una tasa de descuento del 9,2% -la que estima la provincia para tomar deuda en el mercado internacional- y los precios actuales de mercado para la libra de cobre (USD 6,6), la onza troy de oro (USD $4.393) y la onza troy de plata (USD $65).
Los especialistas sostienen que el acta que firmó el gobernador que formó parte de Juntos por el Cambio viola la Constitución provincial. De acuerdo al informe, el acta entra en contradicción con los artículos 44, 58, 109, 110, 113, 150 inciso 3, 189 inciso 12 y 198 de la Constitución Provincial. El artículo 44, por ejemplo, dice que los poderes públicos no pueden delegar las facultades que la Constitución les otorga y que el Poder Judicial no puede delegar en ningún caso sus facultades jurisdiccionales. Como resultado, la provincia podría ser pasible de sanciones en Tribunales de Arbitraje Internacional por ejercer un derecho constitucional.