El paro general de este jueves continúa generando adhesiones. Los docentes, envueltos en un grave problema de financiamiento por la falta de presupuesto en todos los niveles, comunicaron su participación en la jornada de huelga, lo que valió algunas críticas desde la extrema derecha, dando a entender que la pelea por la esencialidad de la educación no terminó, sino que sólo se tomó un cuarto intermedio.
Javier Milei ya intentó avanzar con su esencialidad mediante el DNU 70/2023, y también lo hicieron desde el Congreso con la reforma laboral que fue incluida en la nueva ley Bases. Sin embargo, la propuesta naufragó y no formó parte de la media sanción de Diputados, más orientada a conseguir apoyos de sectores del centro que a complejizar el debate. Pero, como otras iniciativas anti sindicales de ese proyecto de “modernización” del trabajo, la derecha buscará lograr lo que no pudo. Después de que gremios docentes confirmaran la participación en el paro del próximo jueves, referentes en la materia y ligados al Gobierno salieron a plantear un plan de acción.
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Voces del PRO
Lejos de dar la batalla por perdida, el macrismo volvió a agitar su intento de eliminar la posibilidad de huelga en las escuelas. Soledad Acuña, ex ministra de Educación de la CABA, se preguntó si ciertos sectores “siguen sin entender por qué era importante declarar por ley servicio esencial a la educación? Las corporaciones nunca están a favor de los derechos de los estudiantes. NUNCA”.
La ex funcionaria porteña hizo campaña junto a Horacio Rodríguez Larreta el año pasado pero se alejó del ex jefe de Gobierno porteño y se acercó a las ideas de un Mauricio Macri que pide volver a las bases del PRO. Después de la derrota electoral, Acuña está activa, aunque no se muestra públicamente, y trabaja en la reconstrucción del partido junto a su nuevo titular. El mensaje llamó mucho la atención a menos de una semana de una derrota parlamentaria en ese sentido pero, lejos de ser un pronunciamiento aislado, es una línea de acción amarilla.
Desde Diputados, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, recogió el guante: ““En defensa de la educación pública” Ctera vuelve a dejar a los chicos sin clase. Un oxímoron político”, sostuvo en X y sumó la consigna "educación esencial ya".
La prioridad del Congreso pasará por el presupuesto universitario, pero la intención es que también salga aprobada, o al menos tenga un impulso para avanzar, la esencialidad en la educación. Hace dos meses, Finocchiaro presentó, una vez más, un proyecto de ley luego de que el anterior perdiera estado parlamentario. La intención será avanzar este año, una vez resuelto el problema del financiamiento.
La estrategia
Según el texto, al que se intenta consagrar para la posteridad como la “Ley Finocchiaro”, se busca “declarar la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar”. El proyecto tiene la intención de garantizar servicios mínimos que eviten la interrupción total del servicio.
En su artículo 7mo, el proyecto establece un porcentaje mínimo que cada institución educativa deberá “prever” para garantizar “la apertura del establecimiento y el desarrollo de las actividades pedagógicas”: el “50% del equipo de dotación docente, auxiliares y directivos asista los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo y que afecte al normal dictado de la propuesta curricular vigente en cada jurisdicción”.
Ese personal afectado al sistema de guardias, “previamente informado” de esa responsabilidad, “no podrá participar de medidas de fuerza que afecte al normal funcionamiento de las guardias mínimas en los días asignados”. En sus argumentos, el proyecto fundamenta que los objetivos de los tres niveles de educación obligatoria “no pueden lograrse en modo alguno en forma no presencial”. Además de los efectos pedagógicos, físicos y psíquicos negativos en los jóvenes, se contempla que, de transformarse en algo virtual, incidiría en forma negativa en las actividades de las familias, como el derecho a trabajar de los padres de los alumnos.
MÁS INFO
Con la intención de sumar voluntades, el proyecto del macrismo se buscará compatibilizar con uno presentado por la UCR. En esta iniciativa, bajo la firma de Carla Carrizo, los establecimientos deberán garantizar su apertura todos los días estipulados en el calendario, incluso durante las jornadas de huelga, también sus servicios de alimentación, además de "un porcentaje mínimo de 30% de asistencia de la nómina de personal docente y no docente" en cada uno de los niveles de enseñanza obligatoria. Ese porcentaje se incrementará al 50% en caso de medidas de fuerza de más de 48 horas y al 75% en caso de que se extiendan por más de cinco días.
La comisión de Educación se activó el jueves pasado, después de que naufragara una sesión para garantizar el presupuesto universitario, horas después de la marcha del 23 de abril. Por falta de quórum, Unión por la Patria no pudo habilitar el debate pero el radicalismo se comprometió a avanzar con el tratamiento.
Poco después de ese fracaso, la UCR pidió que se convoque a una reunión de comisión, cosa a la que accedió Finocchiaro. El encuentro no sirvió para avanzar a paso veloz, sino que se determinó un cronograma de actividades para no avanzar en forma impulsiva ni arrepentirse, “como pasó con la ley de alquileres”, graficó el ex funcionario del macrismo.
Según se acordó en ese encuentro, el financiamiento universitario será lo prioritario. Para ello, este martes se hará una reunión informativa, luego tendrá lugar otra una semana más tarde y siete días después quedaría habilitada la posibilidad de dictaminar. El FONID, sin embargo, tendrá su propio cronograma.
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