La investigación penal por la cosecha de maíz del campo El Caburé, en la provincia de Claudio Poggi, continuará abierta en San Luis hasta febrero de 2027 luego de que el juez de Garantías Alfredo Cuello prorrogara el plazo para introducir nuevas pruebas. Mientras tanto, el fiscal Leandro Estrada todavía no formalizó la imputación de exfuncionarios Federico Trombotto y Víctor Endeiza, pese al pedido realizado por los querellantes.
La investigación judicial por las irregularidades en el predio El Caburé recae sobre el presunto apoderamiento ilegal de una cosecha de maíz de 1.800 hectáreas, estimada en dos millones de dólares, luego de que el Gobierno provincial tomará posesión del terreno en abril de 2024. El conflicto estalló cuando la ex-Secretaría de Ética Pública, conducción bajo la cual se encuentra imputado Ricardo André Bazla y que fue disuelta tras el escándalo, adjudicó directamente la recolección a un privado, lo que permitió que decenas de camiones retiraran el grano sin ningún tipo de control fiscal, registro contable ni ingreso de fondos al Estado.
En ese marco, la querella exige la imputación de Víctor Endeiza, ex Fiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, al sostener que su intervención superó el mero asesoramiento legal. El expediente cuenta con intercambios de WhatsApp reconocidos y audios donde daba ordenes explícitas como "sí, cosechalo", sumado al testimonio de exfuncionarios que aseguraron actuar bajo sus instrucciones, situándolo como uno de los presuntos responsables intelectuales de la maniobra operativa.
Por su parte, el pedido de imputación contra el exministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, se centra en su rol durante la etapa posterior a la extracción del cereal. Según las pruebas aportadas, desde su área se habrían confeccionado convenios, firmas y documentación administrativa para otorgar respaldo legal a las acciones ejecutadas, lo que se respalda en comunicaciones internas donde se remarcaba la importancia decisiva de concretar dichos acuerdos ministeriales.
La disputa por el campo y las causas judiciales
En paralelo a la investigación penal, la Justicia Civil dictó una sentencia vinculada con la posesión de El Caburé. El fallo ordenó devolver el terreno a un grupo de particulares mediante un interdicto, a partir de hechos ocurridos a comienzos de 2024, cuando el Estado provincial ingresó al predio. Sin embargo, esa resolución fue apelada por el Gobierno de San Luis y todavía no se encuentra firme. Además, la sentencia civil no impide que continúe la investigación penal, ya que ambos fueros analizan cuestiones diferentes.
En diálogo con El Destape, Alejandro René Viano, abogado de San Jorge Cereales y El Caburé S.A., cuestionó que el fiscal Estrada todavía no haya llamado a indagatoria a Trombotto y Endeiza. Según sostuvo, "el fiscal Estrada todavía no llamó a indagatoria a Trombotto y a Endeiza. Él dice que el campo es del Estado y el maíz es del Estado".
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Viano también sostuvo que la sentencia civil establece que la posesión correspondía a San Jorge y que el predio habría sido despojado mediante actos que la resolución atribuye a funcionarios provinciales. En ese sentido, afirmó que "no reconoce la sentencia civil de la Cámara Número cinco, que es donde está todo probado".
El pedido de imputaciones
El abogado aseguró que parte de la prueba incorporada en la causa civil también forma parte del expediente penal. "A todo esto, se utiliza la misma prueba, porque yo incorporé como prueba el expediente de Estrada, porque ahí está toda la prueba de los mismos testigos que puso el gobierno", señaló.
Según Viano, los querellantes solicitaron la imputación de Trombotto, Endeiza, Campo y Ricardo André Bazla: "El fiscal Estrada no quiere imputar a los funcionarios por conveniencia, más allá de que está probado con las pruebas que nosotros presentamos que ellos participaron en la venta de la cosecha".
La disputa por la querella
Otro de los puntos de conflicto dentro del expediente es la participación de los representantes de San Jorge Cereales y El Caburé S.A. como querellantes. Viano afirmó que en julio el fiscal Estrada los apartó de esa condición, decisión que fue apelada: "En julio, el fiscal Estrada nos sacó como querellantes. Entonces lo apelamos porque él no tiene la autoridad para sacarnos. El juez de garantía nos volvió a dar la calidad de querellante y prorrogó el plazo hasta el año que viene".
Según explicó, esa decisión también fue apelada y el planteo debía ser analizado por el Tribunal de Impugnaciones. Mañana se realizará la audiencia en el Tribunal de Impugnaciones y se definirá finalmente si podrán continuar como querellantes.
De esta manera, la causa penal continuará al menos hasta febrero de 2027, mientras se producen nuevas pruebas y permanece abierta la discusión sobre la situación procesal de Trombotto y Endeiza, además de la participación de los querellantes en el expediente.