El bloque de senadores de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley con el objetivo de impedir la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), tras la decisión del gobierno nacional de avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa estatal. La iniciativa fue impulsada por el senador nacional Wado de Pedro y cuenta con el respaldo de otros diez legisladores del mismo espacio político.
El proyecto busca declarar a AySA como “empresa de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, en los términos del artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, y excluirla de forma expresa de cualquier proceso de privatización, concesión, cesión de capital o de gestión.
Entre los puntos centrales, la propuesta establece que el Estado nacional deberá conservar el 90% de las acciones de la compañía, mientras que el 10% continuará en manos de los trabajadores. También prevé que cualquier intento de modificación de su objeto social, venta de activos esenciales o alteración del paquete accionario requiera la aprobación del Congreso con mayoría agravada de dos tercios.
Además, el texto propone derogar los Decretos 493 y 494/2025, firmados esta semana por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, que oficializaron la privatización. En particular, el Decreto 494/2025 autoriza “el procedimiento para la privatización total de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del ESTADO NACIONAL, cuyo porcentaje asciende al NOVENTA POR CIENTO (90 %) del capital social de dicha empresa”.
Junto al proyecto de ley, De Pedro presentó también una declaración legislativa que expresa “la profunda preocupación y el más enérgico repudio” frente a la decisión del Ejecutivo, y advierte que los decretos “constituyen un retroceso en la protección del derecho humano esencial de acceso al agua potable segura y al saneamiento cloacal”.
“El agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”, afirmó el senador. En esa línea, remarcó que “AySA no es sólo una empresa: es salud pública y desarrollo para millones de familias” y sostuvo que “esta ley es una herramienta para cumplir con compromisos internacionales y para que ningún gobierno pueda volver a rifar un derecho tan básico”.
Desde su reestatización, la compañía extendió su cobertura de agua potable al 85% y del sistema cloacal al 70%, con una inversión que, según los senadores, fue 20 veces mayor a la realizada durante su gestión privada. En ese período se construyeron 9 plantas depuradoras, entre ellas la potabilizadora de Tigre, y se ejecutaron cientos de obras. Esto permitió que más de 4,5 millones de personas accedieran por primera vez al agua potable y que 3,6 millones se incorporaran a la red cloacal, además de una importante reducción en los cortes de servicio.
El proyecto de ley (S‑1287/25) y el de declaración (S‑1288/25) fueron firmados por María Eugenia Duré, Mariano Recalde, Sandra Mendoza, Alicia Kirchner, María Inés Pilatti Vergara, Jesús Fernando Rejal, Oscar Parrilli, Sergio Leavy, Cristina López y José Emilio Neder, junto a De Pedro.
Con estas propuestas, el peronismo en el Senado busca no sólo revertir la decisión del Ejecutivo, sino también blindar a AySA frente a futuros intentos de privatización y garantizar el acceso al agua como un derecho humano esencial.