Gustavo Sáenz quedó en el centro de la polémica por el avance del desmonte en el norte de Salta. Según Página 12, ya fueron destruidas unas 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses, mientras las comunidades indígenas denuncian la falta de respuestas del Gobierno provincial y reclaman saber quién autorizó las tareas.
La superficie desmontada fue identificada a partir de imágenes satelitales tomadas el 7 de julio y el 23 de septiembre de este año. En la primera imagen el monte aparece en pie, mientras que en la segunda ya se observan las 1.300 hectáreas sin cobertura vegetal. El área se encuentra cerca de la ruta nacional 86, en una zona donde viven comunidades indígenas, dentro de la jurisdicción de Tartagal, cabecera del departamento San Martín.
La documentación fue difundida por Greenpeace. La organización ambientalista, junto con la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas, había solicitado informes sobre las tareas de desmonte más de un mes atrás. Según indicaron distintas fuentes a la sección del medio Salta/12, hasta el momento no recibieron respuesta de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Las topadoras y el avance sobre el monte
La coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz, cuestionó el avance de las máquinas y apuntó contra la administración provincial. "Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí", advirtió.
Greenpeace sostuvo además que durante los últimos dos meses se desmontaron más de 3.300 hectáreas de bosques en tres fincas cercanas a Tartagal, con afectación sobre territorios y cementerios de distintas comunidades wichí.
Según la organización, uno de los desmontes corresponde a la zona de Tonono, en un terreno a nombre de Martín Morales. Otro se encuentra en Alcoba y pertenece a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, propiedad de las familias Macera y Blaquier. El tercero está ubicado en Caraguatá y corresponde a Estancia Tres Lagunas SA.
Chaguar, panales y nidos destruidos
Basilia Pérez, referente wichí y acompañante de las comunidades de la zona, documentó mediante fotografías y videos parte de los daños provocados por las máquinas. Entre las imágenes registró panales y nidos destruidos, además de vegetación que quedó expuesta al avance de la deforestación.
También mostró plantas de chaguar afectadas por el cadeneo: "Nosotros que somos pueblos originarios no conocemos lo que siembran los empresarios. Y somos tejedoras de la tierra, de saberes no escritos como el chaguar… necesitamos que pare el desmonte". El chaguar es utilizado por el Pueblo Wichí para elaborar tejidos que forman parte de su cultura.
Pérez también señaló el impacto de las fumigaciones sobre el territorio. "Acá están muchos árboles muertos. Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones, porque después van a fumigar la cosecha que nosotros no conocemos", afirmó.
El reclamo por los cementerios
Uno de los reclamos centrales de las comunidades aborígenes es la protección de los cementerios indígenas frente al avance del desmonte. La ambientalista Cruz advirtió que en Pozo Nuevo ya se abrió una picada contigua a las viviendas, lo que genera temor a que el lugar quede aislado o sea destruido por el paso de las máquinas.
A la amenaza sobre el patrimonio cultural se suma la crisis por el acceso al agua potable. En la localidad de Arenales, ubicada sobre la ruta 86, los pobladores deben recorrer alrededor de 40 kilómetros para abastecerse, lo que lleva a algunas comunidades a aceptar el avance sobre el monte a cambio de pozos de agua. Además, el transporte y almacenamiento se realiza en bidones que previamente contuvieron agrotóxicos, mientras persisten las demoras en la entrega de recipientes seguros donados por UNICEF.
En el ámbito nacional, Greenpeace expresó su alerta tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras Rurales, así como ante los proyectos para flexibilizar la Ley de Bosques. Frente a esta situación, la organización ambientalista lanzó la iniciativa “República de los siete bosques” (sietebosques.org), una plataforma destinada a articular la participación ciudadana y generar alertas ante nuevos desmontes.
Finalmente, la organización remarcó que la postura oficial se contrapone al compromiso de Deforestación Cero para 2030 asumido en la Cumbre Climática de Glasgow de 2021. Según Cruz, flexibilizar la normativa vigente derivará en un incremento de la destrucción de la vegetación nativa, por lo que resulta indispensable aplicar la ley de forma estricta e incorporar penalizaciones para frenar el desmonte.