La estrategia legal de Cristina Kirchner escaló al plano internacional con una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante el anuncio del nuevo planteo judicial de la titular del Partido Justicialista (PJ), sus abogados Carlos Beraldi, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim —quien fuera asesor en la defensa de Lula da Silva— detallaron los alcances de una comunicación individual que busca revertir los efectos de la condena en la Causa Vialidad. La exmandataria, sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sostiene, a través de sus letrados, que el proceso judicial en Argentina vulneró garantías fundamentales consagradas en pactos internacionales.
El planteo ante el organismo con sede en Ginebra se centra, entre otros aspectos, en tres medidas cautelares urgentes: la suspensión inmediata de la inhabilitación para postularse a cargos electivos, que calificaron como una maniobra de "proscripción electoral"; la recomposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que su actual conformación constituye "una vulneración gravísima a toda la ciudadanía argentina" que impide un recurso judicial efectivo; y, como tercer punto, la revisión profunda de las condiciones de la prisión domiciliaria que actualmente cumple la expresidenta.
Al ser consultado por El Destape, Borrego puso especial énfasis en las restricciones que pesan sobre Fernández de Kirchner. El letrado español describió la situación de la ex jefa de Estado como una "condena brutal y discriminatoria" y detalló las irregularidades técnicas y logísticas de su arresto domiciliario. Según el abogado, la expresidenta cuenta con "dos policías permanentemente en la puerta" y se ve obligada a utilizar una tobillera electrónica que "cada dos por tres no funciona". Además, denunció que tiene "muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar el aire".
Para Borrego, sin embargo, el endurecimiento de estas condiciones busca ocultar el trasfondo político del fallo judicial. El abogado afirmó taxativamente que esta situación "es una maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos". En este sentido, la presentación ante la ONU exige el cese de lo que consideran un "trato discriminatorio y degradante", al solicitar el retiro del dispositivo electrónico y que las autoridades dejen de responsabilizar a la acusada por las manifestaciones que terceros realicen frente a su vivienda.
Desde el punto de vista técnico, la defensa argumenta que se violaron múltiples artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Beraldi señaló que la Corte Suprema argentina evitó tratar los agravios de fondo, escudándose en formalismos procesales, lo que volvió "escandaloso" el caso. La comunicación presentada también destaca la violación del principio ne bis in idem, al subrayar que 49 de las 51 obras públicas cuestionadas ya habían sido objeto de investigaciones previas que terminaron en archivo o sobreseimiento. Los abogados advirtieron que, si bien una decisión sobre el fondo del asunto podría demorar años, esperan una resolución sobre las medidas cautelares en los próximos meses, la cual, según Valim, "el Estado argentino tiene que cumplir inmediatamente".
La carta de Cristina: por qué llevó su condena ante la ONU
En la previa de la conferencia de prensa que realizaron sus letrados, la exmandataria había dado a conocer la presentación ante Naciones Unidas para impugnar la condena en la causa Vialidad. En una carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia, la titular del PJ afirmó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye "la pena principal" de la sentencia. "La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria", subrayó.
La expresidenta argumentó que en Argentina se agotaron las vías de protección interna y denunció que el proceso judicial vulneró garantías fundamentales. Además, aseguró que existió un sesgo de género en su juzgamiento y advirtió sobre los riesgos del lawfare para la democracia. En el cierre de su carta, convocó a su militancia a sostener la resistencia política y afirmó: "Ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Muy pronto volveremos a encontrarnos".
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