La actividad turística atraviesa uno de sus momentos más delicados en San Luis. Durante las recientes vacaciones de invierno, la ocupación hotelera promedio rondó apenas el 30%, mientras que la cantidad de establecimientos abiertos cayó cerca de un 40% en comparación con los últimos dos años, según relevamientos citados por cámaras del sector.
El escenario encendió las alarmas entre empresarios y prestadores turísticos, que advierten sobre el cierre definitivo o temporario de hoteles y complejos de cabañas y reclaman al Gobierno provincial la declaración de la Emergencia Turística para toda la provincia.
La reducción de establecimientos representa también una pérdida de miles de plazas disponibles y afecta a una actividad que sostiene numerosos puestos de trabajo y economías locales. Los prestadores aseguran que, con los niveles actuales de demanda, resulta cada vez más difícil afrontar los costos fijos y mantener abiertos los alojamientos.
Uno de los principales problemas señalados por el sector es la baja cantidad de visitantes. Con una ocupación cercana al 30% durante el receso invernal, muchos establecimientos no lograron generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos habituales.
Entre los costos que más presión ejercen sobre los emprendimientos aparecen los servicios públicos, especialmente el gas y la electricidad. Según los operadores, en algunos casos la recaudación de la temporada ni siquiera permitió compensar esos gastos.
Frente a esta situación, algunos propietarios decidieron cerrar temporalmente sus establecimientos para evitar continuar acumulando pérdidas. El impacto se observa con particular intensidad en destinos turísticos tradicionales como Villa de Merlo, donde prestadores registran hoteles cerrados y complejos de cabañas con dificultades para sostener su actividad.
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Reclaman la Emergencia Turística
Ante este escenario, municipios y asociaciones vinculadas con la actividad insisten con el pedido de declarar la Emergencia Turística provincial. El objetivo es obtener herramientas que permitan sostener a los establecimientos que todavía permanecen abiertos, proteger puestos de trabajo y evitar nuevos cierres.
La caída del 40% en la cantidad de hoteles abiertos y una temporada invernal con apenas un 30% de ocupación dejaron una señal de alerta para el sector. Los prestadores advierten que, si no aparecen medidas para recomponer la actividad, la pérdida de establecimientos podría continuar y reducir todavía más la capacidad turística de la provincia.
Cabe destacar que el oficialismo provincial decidió bloquear el tratamiento de un proyecto que buscaba declarar la Emergencia Turística por doce meses. La iniciativa, impulsada por el Frente Justicialista en la Legislatura, contemplaba una reducción del 75% en el impuesto a los Ingresos Brutos, exenciones impositivas temporales, planes de regularización y pago de servicios, líneas de financiamiento a tasa cero y herramientas destinadas a preservar los puestos de trabajo.
Un informe elaborado por el Partido Justicialista muestra la caída registrada desde 2023. Durante el último año de la gestión de Alberto Rodríguez Saá, la ocupación promedio alcanzó el 80,4% en verano y el 74% en las vacaciones de invierno. En 2025, esos indicadores descendieron al 60% y al 40%, respectivamente.
En comunicación con El Destape, la diputada provincial Silvia Sosa Araujo cuestionó la decisión y señaló una contradicción en el argumento oficial. "Desde que asumió Claudio Poggi vivimos en emergencia", afirmó, en referencia a la emergencia económica y administrativa que el Gobierno provincial impulsó con el Decreto Nº 150-SGG-2023 y luego prorrogó. Para la legisladora, resulta incoherente sostener una situación de emergencia general y al mismo tiempo negarse a declarar una específica para una actividad en caída.
El bloque oficialista rechazó el tratamiento sobre tablas del proyecto y, con ello, impidió que se debatiera en el recinto. La justificación fue que la iniciativa "recién ingresaba al sumario y que la cantidad de artículos impedía evaluarla en esa sesión". El oficialismo cuenta con mayoría propia, de modo que estaba en condiciones tanto de fijar un cronograma de tratamiento como de aprobar una versión recortada del texto.