La vida de Zhu Rongji permite pensar una cuestión que excede largamente a China: cómo formar dirigentes capaces de modernizar el Estado sin perder la dirección estratégica. En un mundo atravesado por la inteligencia artificial, la transición energética y una profunda reorganización del poder global, la Argentina necesita discutir qué Estado, qué instituciones y, sobre todo, qué liderazgos necesita para construir su propio proyecto de desarrollo.
La muerte de Zhu Rongji, primer ministro chino entre 1998 y 2003, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: la calidad de los liderazgos y la capacidad de los Estados para conducir transformaciones económicas, sociales y tecnológicas cada vez más aceleradas. Ingeniero eléctrico formado en la Universidad Tsinghua, Zhu recorrió durante décadas distintos niveles de la administración antes de llegar a las máximas responsabilidades. Su trayectoria expresa una característica del sistema político chino que merece ser estudiada: la importancia que el Partido Comunista de China otorga a la formación, evaluación y promoción de sus cuadros.
No se trata de trasladar mecánicamente el modelo chino a nuestra realidad. Se trata de reconocer una pregunta que atraviesa a cualquier sistema político: ¿cómo se forman los hombres y mujeres que tendrán la responsabilidad de conducir un Estado? Zhu debió enfrentar una economía que crecía a velocidades extraordinarias pero acumulaba fuertes desequilibrios. A comienzos de los años noventa, la inflación llegó a niveles cercanos al 30%. Al mismo tiempo, China debía modernizar su sistema financiero, reformar miles de empresas estatales y preparar su economía para una integración mucho más profunda con el mercado mundial.
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Las reformas fueron duras y tuvieron costos sociales importantes. Millones de trabajadores dejaron empresas estatales y muchas compañías fueron cerradas, fusionadas o reestructuradas. Aquella política quedó sintetizada en una expresión: “agarrar lo grande y soltar lo pequeño”. Pero interpretarla simplemente como una retirada del Estado sería equivocarse sobre la naturaleza del proceso chino. Mientras reformaba o desprendía empresas pequeñas y poco eficientes, China consolidaba grandes conglomerados públicos en sectores estratégicos, modernizaba el sistema financiero, ampliaba infraestructura y preservaba la capacidad estatal para orientar la economía.
Zhu comprendió algo que conserva enorme actualidad: modernizar el Estado no significa necesariamente debilitarlo. Puede significar exactamente lo contrario: hacerlo más eficiente para aumentar su capacidad de conducción. La discusión relevante, entonces, nunca debería reducirse simplemente al tamaño del Estado, sino a qué capacidades necesita ese Estado para conducir un proyecto de desarrollo.
El otro gran capítulo de su gestión fue el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Aquella decisión terminaría modificando la economía mundial. Pero China no entendió la apertura como un fin en sí mismo. Utilizó su incorporación al comercio internacional para atraer inversiones, incorporar tecnología, ampliar exportaciones, desarrollar manufacturas y acelerar su transformación productiva. El mercado internacional fue un instrumento dentro de una estrategia nacional de desarrollo.
Esta distinción resulta particularmente importante para la Argentina. Existe una enorme diferencia entre abrir una economía como parte de una estrategia destinada a aumentar sus capacidades productivas y abrirla esperando que el mercado internacional determine qué debe producir un país. China hizo lo primero. Por eso las comparaciones entre Zhu y la “motosierra” de Javier Milei pueden resultar atractivas periodísticamente, pero confunden instrumentos con proyectos. Zhu combatió la inflación, reformó empresas públicas y abrió la economía, pero lo hizo mientras China profundizaba su industrialización, desarrollaba infraestructura y fortalecía sus capacidades tecnológicas. Reformó el Estado para fortalecer el desarrollo, no para renunciar a conducirlo.
La Argentina enfrenta hoy el riesgo inverso. El alineamiento automático con Estados Unidos no sólo reduce nuestros márgenes de autonomía y soberanía, sino que puede consolidar una inserción internacional basada fundamentalmente en la extracción y exportación de recursos naturales. Tenemos petróleo, gas, litio, cobre y alimentos. Pero poseer recursos no garantiza desarrollo. Podemos exportarlos sin transformación o convertirlos en plataformas para desarrollar proveedores nacionales, industria, infraestructura, ciencia y tecnología. En un mundo que vuelve a discutir política industrial, seguridad económica y autonomía tecnológica, aceptar pasivamente una división internacional del trabajo que nos reserva el papel de proveedores de materias primas sería resignarnos nuevamente a una inserción periférica. Argentina no necesita comprar rivalidades ajenas. Necesita construir un proyecto propio.
La experiencia de Zhu conduce entonces a una pregunta más profunda: ¿qué tipo de liderazgos necesita la Argentina para las próximas décadas? Mientras buena parte de nuestro debate público continúa atrapado en la dicotomía entre más Estado o menos Estado, las grandes potencias discuten semiconductores, inteligencia artificial, minerales críticos, infraestructura digital, transición energética, biotecnología y autonomía tecnológica. La pregunta relevante ya no es simplemente cuánto Estado tenemos, sino qué capacidades debe tener ese Estado para intervenir en la economía del siglo XXI.
Y eso requiere también otro tipo de dirigencia. La formación política sigue siendo indispensable, pero debe complementarse con conocimiento económico, científico, tecnológico, histórico y geopolítico. Necesitamos dirigentes capaces de comprender simultáneamente la inteligencia artificial y la producción industrial; las cadenas globales de valor y la política exterior; la transición energética y las transformaciones del trabajo. Una enseñanza de la experiencia china es precisamente la importancia otorgada a la formación permanente de los cuadros. No debemos copiar su sistema institucional, pero sí comprender el problema que intenta resolver. Un país que no forma sistemáticamente a quienes deberán conducirlo termina administrando el futuro con las herramientas intelectuales del pasado.
Esta discusión debería interpelar particularmente a nuestro movimiento nacional. El peronismo surgió para responder a los grandes desafíos de su tiempo: industrialización, justicia social, soberanía económica, organización del trabajo y construcción de una comunidad donde los distintos sectores pudieran armonizar sus intereses alrededor del bien común. Esos principios conservan plena vigencia. Pero una doctrina viva no consiste en repetir las respuestas del pasado. Consiste en conservar sus principios para responder a problemas nuevos.
Necesitamos preguntarnos qué significan hoy la independencia económica, la soberanía política y la justicia social en un mundo atravesado por la inteligencia artificial, los datos, las plataformas digitales, la transición energética, la biotecnología y la competencia tecnológica. La soberanía ya no se juega solamente en el territorio. También se disputa en los algoritmos, los datos, las redes de telecomunicaciones, los sistemas de pagos, los satélites, la energía, los minerales estratégicos y la capacidad científica. Y la justicia social deberá responder una pregunta formidable: cómo distribuir los extraordinarios aumentos de productividad que puede producir la inteligencia artificial y evitar que la revolución tecnológica profundice las desigualdades existentes. Actualizar nuestra doctrina significa llevar nuestras banderas históricas al terreno donde se disputará el poder en el siglo XXI.
También debemos repensar nuestras instituciones. Muchas fueron concebidas para sociedades y estructuras productivas completamente diferentes. La inteligencia artificial, la automatización y la capacidad de procesar enormes volúmenes de información permiten imaginar nuevas formas de administración pública, planificación económica y participación social. No se trata de reemplazar la política por algoritmos. Todo lo contrario: se trata de poner las nuevas capacidades tecnológicas al servicio de objetivos definidos democráticamente por nuestra comunidad. La tecnología debe aumentar nuestra capacidad colectiva para decidir, no sustituirla. En ese punto vuelve a aparecer una enseñanza de Zhu: modernizar permanentemente los instrumentos sin perder la dirección estratégica. Cambiar las herramientas sin perder el rumbo.
Pero la actualización doctrinaria debe ir todavía más lejos. Los principales desafíos contemporáneos desbordan las fronteras nacionales. El cambio climático, las pandemias, la inteligencia artificial, la estabilidad financiera, la seguridad alimentaria, los océanos, el espacio exterior y la paz afectan al conjunto de la humanidad. Debemos comenzar a pensarlos como bienes públicos globales.
La inteligencia artificial es quizás el ejemplo más evidente. Puede convertirse en una extraordinaria herramienta para democratizar el conocimiento, mejorar la salud y aumentar la productividad, pero también puede concentrar poder y generar nuevas dependencias. Su gobernanza no debería quedar exclusivamente en manos de unas pocas corporaciones o de un reducido grupo de potencias. Lo mismo ocurre con el ambiente, la salud, la estabilidad financiera o la paz: desafíos globales requieren capacidades colectivas y nuevas instituciones de cooperación.
Nuestra propia tradición política puede aportar una perspectiva para este debate. La Comunidad Organizada parte de una concepción profundamente humanista: ni el individuo aislado frente al mercado ni un Estado que absorba a la sociedad, sino una comunidad capaz de armonizar intereses alrededor del bien común. El desafío de nuestro tiempo es proyectar ese principio hacia el plano global y comenzar a pensar una Comunidad Internacional Organizada.
Un orden donde la cooperación no dependa exclusivamente de las relaciones de fuerza; donde las naciones puedan preservar su soberanía y al mismo tiempo asumir responsabilidades comunes; donde la tecnología sea una herramienta para el desarrollo compartido y donde los bienes públicos globales puedan ser administrados en beneficio de toda la humanidad.
Existe una contradicción que resume nuestra época: tenemos tecnologías del siglo XXI administradas por instituciones internacionales concebidas, en gran medida, para el mundo del siglo XX. Modernizarlas será uno de los grandes desafíos de las próximas décadas.
La trayectoria de Zhu Rongji deja, desde una experiencia histórica muy diferente de la nuestra, una enseñanza fundamental: modernizar no significa renunciar a la dirección estratégica; reformar no significa abandonar un proyecto; abrirse al mundo no significa resignar autonomía.
La Argentina necesita construir sus propias respuestas. Recuperar lo mejor de su tradición política, formar nuevas generaciones de dirigentes, modernizar sus instituciones e incorporar las herramientas tecnológicas disponibles para volver a colocar el desarrollo nacional en el centro. La actualización doctrinaria que necesitamos debe partir de nuestras tres banderas históricas -independencia económica, soberanía política y justicia social- y proyectarlas sobre los problemas del siglo XXI.
Quizás allí se encuentre una de las tareas intelectuales y políticas de nuestra generación: pasar de la Comunidad Organizada a pensar una Comunidad Internacional Organizada, capaz de gobernar los bienes públicos globales, democratizar los beneficios del progreso tecnológico y volver a colocar el bien común en el centro del orden mundial.