Cuando las democracias devienen plutocracias

La proliferación en toda América Latina de gobiernos derechistas elegidos por el voto popular es una posible anomalía que merece ser repensada. Además, es posible haber caído también en cierta pereza intelectual para el análisis.

La idea de “anomalía” emerge del hecho de que los votos que presuntamente buscan un “cambio antisistema” terminan consolidando modelos políticos conservadores en los valores y ultraliberales en lo económico. Es anómalo que, en nombre del cambio, se voten opciones políticas que ya demostraron profundizar los peores aspectos del capitalismo en la periferia, como la reprimarización productiva, la destrucción de los mercados de trabajo, la reducción de la provisión de bienes públicos, como la salud y la educación, y, finalmente, el seguidismo acrítico de la agenda exterior estadounidense.

Se suma que los gobiernos derechistas ya demostraron que no resuelven los problemas que prometen resolver. A modo de ejemplo, y para no ir muy atrás en el tiempo, es lo que ocurrió con Mauricio Macri en Argentina y con Jair Bolsonaro en Brasil, cuyos gobiernos agravaron los panoramas económicos precedentes. En el caso del macrismo, no solo fracasó en sus propios términos al no construir una alternativa sostenible, sino que, mediante un endeudamiento acelerado y brutal, reconstruyó los lazos de dependencia con el poder financiero global, incluido el regreso al FMI.

La idea de “pereza” intelectual, en tanto, remite al reciclado de argumentos del adversario. Por ejemplo, a limitarse a asumir que las derechas extremas llegan al poder como respuesta a las inconsistencias macroeconómicas de los progresismos, como la inflación elevada o los períodos de estancamiento del PIB, o a haber brindado respuestas de largo plazo para problemas de corto, como es el caso arquetípico de la inseguridad.

Sin embargo, no todos los países en los que se imponen estas derechas tuvieron la inflación elevada a la que llegó Argentina o los problemas de inseguridad de Brasil o Colombia, lo que no evitó que los ultras se impusieran igualmente en todo el continente. La sospecha es que el contexto debe incluir más elementos que influyen a la hora de votar.

La frustración democrática y el avance de la antipolítica

Una segunda línea argumental, muy atendible, es que no se imponen las derechas, lo que sería apenas un estadio histórico transitorio, sino las oposiciones. Situación que conduce a otro problema de las democracias, que es un generalizado estado de insatisfacción, ahora sí producto de la falta de respuestas materiales del actual estado del capitalismo, al que ni progresismos ni liberalismos darían satisfacción.

Pero aquí aparece otra anomalía. Como se percibe que el Estado no da respuestas, que sus servicios son malos e ineficientes, la solución no consiste en mejorarlo, sino en eliminarlo. Se comprende que las clases más acomodadas quieran borrarlo del mapa, en tanto no lo necesitan y lo perciben como una mera carga tributaria que, además, interfiere con la idea que tienen de “libertad” vía regulaciones y obligaciones. Pero ¿qué pasa con los menos acomodados, con los que sí necesitan al Estado? Para ellos está el discurso: concebir al Estado como un reducto para el enriquecimiento de la “casta” política, con lo que partes de las clases dirigentes, los grandes empresarios, quedan fuera del radar público. El problema no estaría en la sociedad civil, el ámbito del mercado, sino exclusivamente en la sociedad política, entendidas ambas como conjuntos separados: uno puro y el otro impuro. Esta es la raíz de la antipolítica, que nunca es neutral.

Del análisis comienza a emerger un factor común –al que ya denominamos “frustración democrática”–, en tanto expresión del malestar social con los gobiernos, producto del deterioro de las condiciones materiales de la existencia.

De democracias a plutocracias de facto

La frustración, o, mejor dicho, la insatisfacción, se derivaría entonces de las nuevas características que hoy definen a las democracias al estilo occidental, devenidas en plutocracias de facto. Entre ellas se destacan fenómenos como la polarización extrema de los electorados, el debilitamiento de los partidos políticos, la permeabilidad a la injerencia extranjera, la naturalización de la retracción de instituciones tradicionales, como la división de poderes, y, finalmente, el poder de veto de los mercados financieros sobre las políticas públicas. En el caso argentino, deben sumarse también los efectos específicos del falso federalismo atomizador a partir de la reforma constitucional de 1994.

El DNU 70/23 y el debilitamiento institucional

La interacción de esta suma de características puede entenderse a partir de la dinámica de un ejemplo concreto: el intento fallido de la semana pasada de “voltear el DNU 70/23”. Se trata de la vigencia de un decreto que arrasa con decenas de leyes y que, luego de tres años de haber sido sancionado, jamás fue revisado por una Corte Suprema ultraoficialista que postergó ad eternum el ejercicio del control de constitucionalidad. La Corte es la cúspide de uno de los poderes independientes del Estado democrático, pero con cargos vitalicios, al mejor estilo de las canonjías medievales, y con privilegios especiales, como no pagar impuestos. Otro poder del Estado, el Legislativo, se mantuvo permeado por el falso federalismo post 1994, que dejó en evidencia el absoluto debilitamiento de los partidos políticos como instrumentos de representación. El toma y daca entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores de todos los signos políticos estuvo por encima de cualquier ideología partidaria, lo que vuelve trivial la existencia de dos cámaras legislativas. Al final del camino, el factor de aglutinamiento para evitar el quórum fue la polarización política.

Más allá del ejemplo de la sesión fallida, la polarización extrema de las democracias de la región interfiere en la consolidación tanto de políticas de largo plazo como de burocracias estables. A su vez, cualquier política que se aparte de los intereses del poder económico debe enfrentar el poder de veto de los mercados financieros, un derivado del elevado endeudamiento heredado, precisamente, por los gobiernos “pro mercado”. Al veto de los mercados se suma el judicial, que es tan rápido para fallar contra las decisiones de los gobiernos progresistas como remolón con las administraciones conservadoras.

La injerencia extranjera y el poder político de las redes sociales

Y, finalmente, queda la que quizá sea una de las características más graves de las democracias actuales: las múltiples vías de injerencia extranjera, no solo en la toma de decisiones ejecutivas, sino especialmente en los procesos electorales. Aquí las redes sociales cumplen un papel en la construcción de las subjetividades políticas mucho más profundo que el que cumplían en el pasado los medios de comunicación tradicionales. Se llega a muchas más personas a menor costo, se hipersegmentan los mensajes, se crean climas y microclimas con gran facilidad y se retroalimenta la polarización. Los ejércitos de trolls ya son parte del panorama político. Las redes son el nuevo ágora de la acción política y, en la región, salvo una, TikTok, son todas estadounidenses. Vale destacar que el control de las redes influye en la visibilidad de los mensajes, que, como puede comprobar cualquier usuario, no es neutral. Se trata de un control que puede ser determinante en elecciones polarizadas. Nótese que, hasta aquí, ni siquiera fue necesario destacar el papel de las embajadas, aunque el plural sobre, a las que se sabe activas sobre todos los poderes del Estado.

Quienes, envueltos en las viejas banderas del liberalismo político y respaldados por los recursos financieros que Occidente moviliza a través de su soft power, reivindican los valores de la democracia occidental como fundamento de una forma de gobierno moralmente superior, deberían asumir, antes de que sea demasiado tarde para las propias democracias, la tarea de examinar el progresivo debilitamiento de sus fundamentos.