Cualquiera que haya mirado en las últimas semanas al Boletín Oficial lo habrá notado a simple vista: la Secretaría Legal y Técnica está con mucho trabajo. El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello firman todos los días tandas de hasta 10 decretos que en los hechos son el inicio de una posible avalancha de juicios contra el Estado, y que, llegado el caso, pagarán los contribuyentes.
“Recházase recurso”, señalan los decretos, que ya muestran números récord. ¿De qué se trata? Los trabajadores del sector público tienen el derecho de reclamar al propio Estado por decisiones que se hayan tomado y que consideren que fueron arbitrarias o que no estuvieron ajustadas a la legislación. Agotar esa vía administrativa es una condición para poder iniciar un eventual juicio contra el sector público. Eso es justamente lo que ahora están habilitando estos decretos, que son el último eslabón de ese reclamo a las autoridades del Ejecutivo y la puerta a recurrir al Poder Judicial.
Puntualmente, desde el comienzo de este año y hasta el 18 de septiembre, Milei y Pettovello llevaban firmados 241 decretos en los que rechazaban recursos contra las resoluciones 126 y 130 del Ministerio de Capital Humano, emitidas en marzo de 2025.
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Por esas resoluciones, se puso en disponibilidad a unos 800 trabajadores del Estado, quienes tenían plena estabilidad hasta entonces. Buena parte de esos agentes, están finalizando sus reclamos al Estado por la vía administrativa. De esa forma, la máquina de hacer decretos -y de abrir la puerta a juicios- es probable que siga a toda velocidad en las próximas semanas.
Veamos el volumen de esta cuestión: en 2024 -en respuesta a recursos presentados por situaciones generadas en gobiernos anteriores-, el Presidente firmaba un máximo de 6 decretos por mes rechazando recursos administrativos. En 2025 crecieron, pero el pico empezó a darse en mayo de 2026 cuando comenzaron las respuestas del Estado a las resoluciones de Capital Humano. Y así fue que, en lo que va de Septiembre, la Secretaría Legal y Técnica tuvo que poner a la firma del Presidente 115 decretos de este tipo.
Los agentes del Estado reclaman por muchas cuestiones. Pero nunca debieron reclamar tanto como en esta administración. Aquí, un panorama comparativo como para tener una idea: por distintas cuestiones, entre las que se destacan los pases a disponibilidad de Capital Humano, Milei ya es el gobierno que más de este tipo de decretos firmó, comparado con los de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
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Y cuando se analizan los decretos de este tipo emitidos en los últimos tres presidentes, las cesantías de Capital Humano ya son el episodio que más reclamos suscitó.
La motosierra festiva y sin planificación ni criterios del actual gobierno, comandada por el ministro Federico Sturzenegger, que se pasea por foros dando a conocer sus teorías incomprobables mientras ofrece fracasos políticos rotundos, como el de la Ley de Tierras, derivó en miles de cesantías de trabajadores del Estado por medio de distintos mecanismos. Los costos ocultos de esas políticas están por verse.
No hay un plan, no hay un criterio, no hay una explicación de por qué algunos agentes fueron cesanteados y otros no. Tampoco hay una respuesta a cuál será el costo final de haber removido a estos agentes públicos. Ni se conocen planes o proyectos para hacer más eficaces y eficientes a los servicios ni las políticas públicas que realiza el Estado.
Mientras el Estado hace cada vez menos cobrándole a la mayoría de los argentinos -no así a unos pocos privilegiados- los mismos impuestos, nada se sabe sobre planes para la profesionalización de los agentes del Estado, su capacitación, la incorporación de tecnología para mejorar procesos y productos. Tampoco se conocen acciones para optimizar cómo el Estado planifica, diseña, implementa y evalúa sus políticas públicas. Esto es lo que hacen los Estados que quieren mejorar, no destruirse ni sólo apagarse o achicarse.
El episodio de la catarata de decretos a la que asistimos en estos días es sólo un recordatorio de esta situación de desmanejo público por parte del gobierno de Milei.