Durante tres días, más de 150 legisladores, expresidentes, ministros y dirigentes políticos de 15 países nos reunimos en Montevideo en el marco del Tercer Congreso Panamericano. Fueron jornadas de debate y construcción política entre dirigentes de todo el continente, en un escenario internacional atravesado por conflictos, nuevas formas de intervención extranjera y un creciente debilitamiento del multilateralismo, especialmente enmarcados hoy en el guerrerismo y en las doctrinas impulsadas por Marco Rubio y por el gobierno de Donald Trump.
El encuentro permitió discutir una agenda amplia, pero sobre todo reafirmar una convicción: frente a problemas que atraviesan las fronteras nacionales, las respuestas aisladas son cada vez menos eficaces. América Latina necesita fortalecer su capacidad de construir posiciones comunes y de intervenir con una voz propia en las discusiones globales.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La Declaración de Montevideo que surgió del encuentro expresa buena parte de esa agenda. Allí aparecen la defensa de la democracia y la soberanía popular; el rechazo a las medidas coercitivas y las intervenciones extranjeras; la defensa de los derechos y libertades; la necesidad de combatir democráticamente el crimen organizado y sus redes financieras; y la construcción de un desarrollo económico que permita a nuestros países planificar su industria, proteger el trabajo y evitar que sus decisiones queden sometidas exclusivamente a los intereses del capital transnacional.
También aparecen desafíos centrales para las próximas décadas: integración productiva, cadenas regionales de valor, empleos de calidad, desarrollo tecnológico y una transición ecológica justa. No hay contradicción entre desarrollo y cuidado del ambiente cuando esa transición se piensa desde las necesidades de nuestros pueblos. La discusión es quién conduce ese proceso, quién controla los recursos estratégicos, quién incorpora tecnología y quién se apropia de sus beneficios.
Lo mismo ocurre con la revolución digital y, particularmente, con la inteligencia artificial. La IA puede convertirse en una extraordinaria herramienta para ampliar derechos, mejorar la producción y democratizar el conocimiento, pero también puede profundizar desigualdades y generar nuevas formas de dependencia. Por eso la Declaración plantea la necesidad de avanzar en soberanía digital, infraestructura pública, capacidades científicas propias y regulación democrática de las plataformas y de la inteligencia artificial, reduciendo además las brechas digitales y protegiendo a niños y jóvenes.
En ese punto existe además una coincidencia interesante con algunos de los debates que viene proponiendo el papa León XIV y que seguramente estarán presentes durante su próxima visita a nuestra región. La discusión sobre inteligencia artificial, inclusión, dignidad humana y el lugar que debe ocupar la tecnología en nuestras sociedades abre un campo de diálogo importante. Una transformación tecnológica de semejante magnitud no puede quedar librada exclusivamente a las decisiones de unas pocas corporaciones: debe estar orientada al desarrollo, a la igualdad y al bienestar de nuestras sociedades. Y hablamos también de algo que a veces desaparece detrás de las grandes discusiones geopolíticas: la vida cotidiana. Salud, vivienda, cuidados y dignidad en la vejez no pueden convertirse en mercancías disponibles solamente para quienes pueden pagarlas. Reconstruir capacidades estatales y un pacto social basado en la solidaridad constituye también una cuestión de soberanía.
Democracia sin persecuciones
En la Comisión de Multilateralismo, Paz y Seguridad planteé especialmente la necesidad de analizar las nuevas formas de intervención que se despliegan sobre nuestra región. Algunas son económicas, otras diplomáticas, otras comunicacionales y otras utilizan los sistemas judiciales para condicionar o directamente excluir liderazgos políticos. Este intervencionismo extranjero adquiere hoy una expresión especialmente preocupante en el guerrerismo y en las doctrinas impulsadas por Marco Rubio y por el gobierno de Donald Trump, que vuelven a concebir a América Latina como un territorio sobre el cual las grandes potencias pueden ejercer presión política, económica y diplomática, condicionando las decisiones soberanas de nuestros países.
La propia Declaración de Montevideo denuncia distintas expresiones de guerra jurídica utilizadas para inhabilitar dirigentes surgidos de la voluntad popular y menciona expresamente, entre otros casos, a Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Glas. En ese debate planteamos también la necesidad de poner fin a la persecución política de dirigentes de los movimientos populares de América Latina. Las situaciones que atraviesan Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Pedro Castillo en Perú o Jorge Glas en Ecuador, con las particularidades de cada proceso nacional, nos obligan a discutir qué calidad democrática puede tener nuestra región cuando la disputa política deriva en mecanismos destinados a proscribir, encarcelar o impedir la participación de dirigentes que representan a sectores importantes de nuestros pueblos. No puede haber democracias plenas mientras la persecución judicial sea utilizada como una herramienta de la disputa política.
Malvinas también es una causa continental
Otro de los planteos realizados por la delegación argentina en las distintas comisiones fue el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El planteo recibió el acompañamiento de dirigentes de peso de distintos países del continente. Ese respaldo importa porque Malvinas nunca fue solamente una cuestión bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. Es también una expresión todavía pendiente del proceso de descolonización de nuestra América. La propia Declaración advierte que la lucha contra el colonialismo continúa inconclusa en el continente y llama a construir una solidaridad capaz de hacer de las demandas de una nación las demandas de todas. Desde esa perspectiva, el acompañamiento al reclamo argentino por Malvinas forma parte de una concepción más amplia de la soberanía regional.
Una agenda latinoamericana para las Naciones Unidas
Hay además una discusión internacional que América Latina debe seguir con especial atención: la próxima elección del Secretario General de las Naciones Unidas. Durante el encuentro planteé una idea sencilla: si finalmente una latinoamericana o un latinoamericano llega a conducir las Naciones Unidas, deberá recordar de dónde viene. No se trata de reclamar privilegios para nuestra región a quien tendrá responsabilidades sobre el conjunto de la comunidad internacional. Se trata de señalar que América Latina tiene problemas urgentes que demasiadas veces quedan relegados de la agenda global.
La desigualdad, el endeudamiento, la crisis ambiental, las migraciones, las intervenciones extranjeras, las disputas por nuestros recursos naturales, las nuevas dependencias tecnológicas, la violencia política y los procesos de descolonización todavía pendientes tienen que formar parte de esa agenda. América Latina debe reclamar un multilateralismo real, basado en reglas y en la igualdad soberana de los Estados, y no un sistema internacional que funcione de una manera para las grandes potencias y de otra para el resto del mundo. Por la misma razón, debemos trabajar activamente para evitar que los países abandonen el Estatuto de Roma o se retiren de la Corte Penal Internacional.
En momentos en que crece la tentación de resolver los conflictos mediante la fuerza y se cuestionan las instituciones multilaterales, debilitarlas todavía más sería un grave retroceso. Podemos discutir su funcionamiento, exigir mayor equilibrio y cuestionar los dobles estándares que existen en el sistema internacional. Pero la respuesta no puede ser destruir las instituciones que construimos precisamente para limitar el uso arbitrario de la fuerza. Necesitamos fortalecer el derecho internacional, no debilitarlo.
De la coincidencia a la acción
El desafío después de estos tres días es que todo lo discutido no termine solamente en una declaración. El documento aprobado en Montevideo propone colaborar desde nuestros respectivos parlamentos para impulsar una visión propia de cooperación hemisférica basada en dos principios fundamentales: solidaridad entre los pueblos y soberanía entre las naciones. Eso exige más integración productiva, más cooperación científica y tecnológica, mayor coordinación diplomática y también más articulación política entre quienes creemos que la democracia debe servir para ampliar derechos y no para administrar desigualdades.
Nuestra región dispone de recursos naturales estratégicos, capacidad científica, producción, cultura, experiencia política y una larga tradición de lucha por la soberanía y la democracia. Pero ninguna de esas capacidades alcanza si cada país enfrenta por separado desafíos que son cada vez más continentales y globales. Por eso, una de las principales conclusiones de este encuentro es también una tarea hacia adelante: América Latina necesita recuperar una voz propia. Una voz capaz de dialogar con todo el mundo, pero subordinada a nadie; capaz de transformar nuestras coincidencias en acción política y nuestra integración en una herramienta concreta para decidir nuestro propio futuro.