Día de la Lealtad: el 17 de octubre no es un videojuego

Pretender reducir a un puro esteticismo un nuevo aniversario de aquella histórica movilización obrera, poco favor hace a la conciencia colectiva y al compromiso efectivo frente a las crecientes amenazas sobre la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la soberanía nacional.

10 de octubre, 2020 | 09.50

Los deslumbramientos tecnológicos suelen opacar nuestra mirada de la realidad, dificultar el discernimiento de lo que subyace a las apariencias y comprender cabalmente el sentido de cierta simbología trascendente. Ceder a la pura virtualidad no nos acerca a nuestras metas, sino hace más distante la posibilidad de alcanzarlas.

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Coronavirus: ¿es el enemigo?

En muchos países, como en el nuestro, con una retórica distorsionadora se ha comparado la lucha contra la pandemia con una “guerra”. Analogía cargada de una épica que, si bien podía instalarse con el propósito de generar una respuesta social homogénea sin distinción de banderías partidarias ni ideologías, comportaba una ilusoria pretensión prescindente de datos duros que desmentían cualquier posibilidad cierta en tal sentido.

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El virus no es más –ni menos- que eso, carece de entidad subjetiva que admita tal comparación, como tampoco ser analogado –salvo si se tratase de un premeditado contagio terrorista- con un “enemigo” al que hay que combatir bélicamente.

Aunque se aceptara inicialmente ese eufemismo por el anhelo de unidad que pudiera animarlo, la realidad –única verdad- lo desmiente ostentosamente. El comportamiento social ha dado muestras de “distanciamientos” con ese objetivo, tanto por los relajamientos irresponsables que ponen en riesgos a los “otros” que sí se cuidan o debieran ser cuidados, como por las disparatadas e insolidarias conductas de grupos de lo más diversos que ningún interés tienen en cerrar filas contra ese “enemigo común”.

Qué decir de gobernantes municipales (Mar del Plata, Tandil, entre otros), cuasi municipales (CABA) o provinciales (Jujuy, Río Negro, Mendoza) que, a lo sumo, han mostrado una faceta políticamente correcta (para la tribuna) mientras no reparaban más que en sus preocupaciones políticas y negocios locales. O de los empresarios, siempre ocupados en no poner nada y llevarse todo lo que puedan a sus bolsillos, ni reconocer las ayudas que reciben del Estado que siempre juzgan insuficientes frente a sus “meritorios” aportes al país.

Pero plantearse que, en una “guerra”, la existencia de un enemigo externo abroquela a todos los que habitan el territorio agredido en su defensa, es absolutamente falso e insostenible. Toda agresión externa se vale de agentes nativos, también cuenta con colaboracionistas espontáneos o incentivados (por ventajas, miedos o egoísmos) y con la complacencia de los indiferentes, para quienes “todos son iguales”, que prefieren ser espectadores pasivos.

Colaboradores solícitos hubo –y muchos- en los campos de exterminio nazis, en Francia durante la ocupación donde –con abstracción de las edulcoradas imágenes hollywoodenses- a porciones importantes de la población le daba lo mismo el gobierno de Pétain (un traidor a la Patria) que uno eventual con de Gaulle. La resistencia en el país galo, como los partisanos en Italia, lejos estuvieron de ser o contar con el apoyo de la totalidad de sus compatriotas.

En Argentina ante el avance del ejército realista la decisión del General Belgrano no fue acompañada con beneplácito por todo el pueblo jujeño, el éxodo arrastró a muchos a punta de pistola. El cruce de Los Andes y la campaña Libertadora del General San Martín se llevaron a cabo contradiciendo las órdenes de Buenos Aires, con un tibio gobierno de escasos patriotismo y deseos independentistas de la Patria Grande al que secundara una parte –nada desdeñable- de su población.

En 1982 Malvinas se vivió como una guerra en la Patagonia por su cercanía y en otras regiones argentinas adonde reclutaron soldados entre los sectores más pobres (siempre carne de cañón), mientras que en la Ciudad de Buenos Aires todo seguía mayormente igual, no había guerra. Sólo a colonizados serviles como el genocida ex general Galtieri (“and Company”) podía ocurrírsele que EEUU iba a apoyar a Argentina contra Gran Bretaña, o que Pinochet pudiera hacer otra cosa que sumarse –subrepticiamente- a las potencias imperiales de las que era un lacayo asesino.

A pesar de ello, hubo vastos sectores de nuestra sociedad que dieron su apoyo, no a Argentina, sino al gobierno militar que sólo unos días antes (el 30 de marzo) había sido puesto en jaque por amplios sectores gremiales, organizaciones sociales y agrupaciones políticas, que fue lo que junto a la debacle económica motivó la operación de Malvinas el 2 de abril.

Poder Judicial y operación desgaste

La pandemia no ha morigerado las embestidas al Oficialismo desde ciertos sectores del Poder Judicial, en forma directa o sirviendo de excusa para una Oposición férreamente destituyente, que se vertebra con el propósito de menoscabar el sistema democrático.

Tampoco el servicio de justicia (salvo el cocinado a la carta) ha estado a la altura de las circunstancias, mostrando una parálisis inconcebible con una extendida “Feria Extraordinaria” prohijada por la Corte Suprema sin siquiera aprovechar ese lapso para dotar de recursos a los tribunales inferiores para su reactivación, indispensable para una “nueva “normalidad” en la que la tecnología (TICS) nadie dudaba iba a ser fundamental.

La morosidad endémica que denota el Alto Tribunal, con atrasos de años al amparo de la inexistencia de plazos legales para emitir sus pronunciamientos, tiene su contracara cuando se afectan las vísceras más sensibles (el bolsillo según el decir de Perón) y se emiten engoladas voces que claman por la gravedad institucional. Allí sí, sus miembros están dispuestos a dar un brinco (salto de instancia, per saltum), por demás solícitos e interfiriendo en el normal desenvolvimiento de otros Órganos (Consejo de la Magistratura, Cámara de Apelación) y Poderes del Estado (Ejecutivo, Senado de la Nación).

Tan rápidos como lo fueron con una sentencia, que se pretendía señera para muchos otros casos de lesa humanidad, para favorecer a genocidas con el cómputo del 2x1 de los días de prisión, como para recalcular (recular en criollo) ante las masivas manifestaciones de repudio que provocó, a su vez, una rápida reacción del Congreso con el dictado de una ley interpretativa que descalificaba esa incipiente doctrina cortesana.

Gravedad institucional que no pareciera ser considerada en más de 65 causas con condenas de represores de la última dictadura, que acumulan desde hace muchos años, ni para hacer funcionar la Comisión Interpoderes por los crímenes de lesa humanidad cuyo objetivo es, justamente, activar ese tipo de procesos y que nunca fue convocada desde 2016 hasta que, espasmódicamente, al impulsarse un juicio político contra el Presidente de la Corte (Rosenkrantz), éste de apuro lanzó una frustrada convocatoria en esta semana.

Ahora bien si, más allá de los ostensibles conflictos de intereses que exhibe el Dr. Rosenkrantz, tenemos en cuenta que él y el Dr. Rosatti (otro de los firmantes de la sentencia del 2x1) aceptaron inicialmente -en diciembre de 2015- ingresar al Más alto Tribunal Constitucional violando flagrantemente la Carta Magna por un Decreto ordinario de Macri, podemos darnos una idea de lo depreciada que está esa instancia judicial compuesta por cinco jueces.

El “campo” y las medidas económicas

El autodenominado “campo” en modo alguno comprende la multiplicidad de actores que social, cultural y económicamente se verifican o pueden identificarse en ese ámbito, como tampoco representa cuantitativamente un universo de personas comparable con los núcleos citadinos, teniendo en cuenta las migraciones internas de población rural a centro urbanos, como las reconversiones que se han producido en los últimos cuarenta años como efecto de las urbanizaciones de territorios periurbanos en todas las provincias argentinas.

Ese término polisémico desde hace largo tiempo se lo han apropiado los terratenientes, latifundistas pertenecientes a una vieja oligarquía de la cual aún se conservan resabios y que se ha transmutado hoy, sin perder sus aspiraciones plutocráticas, en nuevos ricos con fortunas hechas en otras actividades (industria, comercio, servicios) que en parte han volcado al ámbito agropecuario, grupos diversos de agronegocios, fondos de inversión y empresas transnacionales polirubros.

En el año 2008 volvieron a emerger con notoriedad pública, con su tradicional sesgo reaccionario y con una fenomenal ayuda mediática que llevó, a levantar el lema “somos el campo”, a muchos cuya única tierra era la que tenían en las macetas de su balcón.

Algunas de sus expresiones corporativas se fundieron en la Mesa de Enlace (SRA, FAA, CRA y CONINAGRO), entrando de lleno en la escena política combatiendo al Gobierno de Cristina Fernández, y contando con patrullas perdidas de una izquierda que hace tiempo perdió la brújula, con la que impulsaron movilizaciones en las que –aunque parezca broma- llegaron a cantar “el Pueblo unido jamás será vencido”.

Su coherencia reaccionaria y antipopular –más allá de la licencia poética antes aludida- nadie puede ponerla en duda, como lo han demostrado enfrentando a los dos gobiernos de Cristina y sosteniendo al de Mauricio que, a pocos días de asumir, le transfirió cuantiosos recursos con las rebajas y eliminación de retenciones a sus producciones exportables.

No se han corrido un ápice del lugar elegido, ni han demostrado permeabilidad alguna a los convites del Gobierno nacional o a las demandas de solidaridad que exige esta época tan excepcional.

Difícil será que esa conducta cambie frente a las recientes medidas que para ese sector adoptara el Presidente Fernández, su afán lucrativo y especulativo no puede ser saciado con rebajas del 1% al 3% en las retenciones cuando su propósito es una mega devaluación que, a la par de aumentar sus ganancias, desestabilice seriamente al Gobierno nacional y lo someta a sus designios.

La evolución del mercado cambiario, con una brecha del 94% entre el valor oficial del dólar y el precio de las diversas variantes que ofrece esa divisa, da cuenta de una muy probable esterilidad de concesiones como la referida. Además, la expectativa de que tentados los “productores” liquiden parte de sus tenencias y así los “exportadores” puedan cumplir con su parte para aumentar las reservas del Banco Central, no sólo encuentran el escollo comentado sino que soslaya que los Complejos Agroexportadores también son productores y acopiadores expertos en similares prácticas especuladoras.

Derechos Humanos política de Estado

La decisión de Raúl Alfonsín de llevar a juicio a los integrantes de varias Juntas Militares que encabezaron la dictadura iniciada en 1976, constituyó un paso relevante –y realmente sin precedentes en el mundo- para la defensa de los derechos humanos, que se empañó con la sanción durante su gobierno de las leyes de “Punto Final” (1986) y de “Obediencia Debida” (1987).

La derogación de esas leyes a instancias del Presidente Kirchner (2003), como otras tantas medidas adoptadas en consonancia durante su gobierno y los dos de la Presidenta Fernández, le dieron verdadera carnadura a los derechos humanos como política de Estado.

En esa misma dirección, la Corte Suprema de 2005 completó la tarea de los otros dos Poderes del Estado, al declarar inconstitucional aquella vergonzosa legislación que consagraba la impunidad de los responsables por los crímenes de lesa humanidad.

Más atrás en el tiempo, una Declaración en 1902 del Canciller argentino Luis María Drago impulsó una “doctrina” internacional que se identifica con su apellido, con motivo del bloqueo naval a Venezuela por potencias europeas (Gran Bretaña, Alemania e Italia) y la amenaza de invasión con el pretexto de cobrar una deuda. Declaración que, en lo sustancial, expresaba que “la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada y menos aún a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”.

Esa Doctrina se ha identificado con el rechazo a toda intervención extranjera en desmedro de la soberanía de las Naciones y, particularmente, con relación a las latinoamericanas desde Argentina, formando parte de sus más caras tradiciones.

A la luz de políticas como las descriptas, causa perplejidad la postura adoptada por nuestro país avalando la condena a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sumándonos al voto de otros de la Región que representan las peores expresiones en esa materia (Chile, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú), cuyas permanentes violaciones a derechos fundamentales no mueven a condenas de tal naturaleza.

El desembozado accionar intervencionista de EEUU en desmedro de la soberanía de Venezuela, como ya se advirtiera en numerosos procesos de deconstrucción de democracias latinoamericanas, por sí mismo imponía un rechazo a la iniciativa de Naciones Unidas que resultaba –deliberadamente- funcional a esas acciones imperialistas.

Más aún, estando al silencio cómplice cuando no la participación explícita de la ONU en las invasiones genocidas en Libia, Afganistán o Siria que fueron más allá de la destitución de gobiernos, provocando la destrucción literal de esos Estados.

Qué autoridad cabe reconocerle en materia de derechos humanos a ese Organismo multilateral colonizado por las grandes potencias, cuando junto a esos antecedentes hace caso omiso de la violación sistemática que se registra en Arabia Saudita o por el Estado de Israel en su obsesiva búsqueda de una “solución final” para el pueblo palestino.

Gremialismo virtual

La ausencia de presencia de cierta dirigencia sindical en los lugares de trabajo, en el conflicto o en las movilizaciones de protesta contra políticas antipopulares, no es nueva.

Lo novedoso son los escollos que hoy aparecen para la presencialidad en la actividad gremial, que imponen una virtualidad en la comunicación y en el “contacto” con las bases que de ninguna manera alcanza para emular a aquella, pero que disimula la falta de voluntad movilizante de quienes se sienten más cómodos refugiados en sus despachos guardando distancia de las y los trabajadores que representan.

La prudencia de unos, el recato o el temor de otros como la priorización por mostrarse políticamente correctos, constituyen algunas de las muy variadas motivaciones para desechar convocatorias que puedan desbordar límites de distinta naturaleza que exceden las razones sanitarias.

Encontrar el modo de hacer visible la masividad de una expresión política, el apego a manifestaciones emblemáticas que le dan sustento y que hacen a la matriz de una identidad ideológica, no es sencillo en estos tiempos pero tampoco “físicamente” imposible respetando pautas básicas para los cuidados necesarios.

En esa línea existieron diferentes propuestas sindicales para la celebración de este 17 de octubre, desde caravanas multitudinarias de vehículos en todas las ciudades colmando avenidas y calles hasta la ocupación de plazas, parques y paseos públicos en forma organizada –como bien saben hacerlo sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas-, manteniendo el distanciamiento interpersonal suficiente.

La opción por un mega show, valiéndose de una plataforma digital, es lo más remoto de lo que puede significar esa fecha para el sentimiento popular que la ha mantenido vigente por más de siete décadas.

No se trata de las dotes como productor de espectáculos de Javier Grosman, ni puede compararse con los festejos del Bicentenario o el montaje de Tecnópolis cuyo sentido fue por completo distinto, pero además en ambos casos convocaba a una interactuación masiva y a una integración colectiva, que el formato ahora elegido carece por completo.

Un 17 de octubre devaluado

Se cumplen 75 años de una pueblada que marcó definitivamente la historia argentina desde mediados del siglo pasado, no fue sólo irrupción “aluvionar” como quisieron estigmatizarla desde los sectores olilgárquicos siempre apegados a los intereses imperialistas, sino disrupción política en una escena que hasta entonces había dejado afuera a la clase obrera y a partir de ese momento no pudo desentenderse nunca más de ese actor social.

La lealtad a esa gesta, al líder ungido por el Pueblo, que en la memoria colectiva aparece indisolublemente unido a Evita, y a la doctrina peronista, es y sigue siendo la clave para la construcción de una Nación soberana, independiente y con justicia social.

Pretender reducirlo a un puro esteticismo, recrearlo por “avatares” con sus piecitos en la fuente o subidos a las farolas de Plaza de Mayo, poco favor hace a la conciencia colectiva y al compromiso efectivo que exige la hora presente en que se ciernen crecientes amenazas sobre la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la soberanía nacional.

El Peronismo es un fenómeno político-social que abreva en nuestra cultura popular y nacional, que fue parido ese 17 de Octubre de 1945 para constituirse en el eje de un Movimiento de masas con base en la clase trabajadora y en las organizaciones libres del Pueblo, para la definitiva emancipación de la Argentina.

Fomentar la mera virtualidad que se nos impone con la pandemia, aunque desde hacía tiempo ya se había instalado por los desarrollos tecnológicos y los dictados del mercado, convertir en etérea una corporización imprescindible en las relaciones sociales y en la acción política, restringe la potencia que es preciso acumular para enfrentar las acechanzas y a los verdaderos enemigos, no de este Gobierno solamente, sino también de la Patria.

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.