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El Senado está a punto de convertir en ley el proyecto para indemnizar a los ex trabajadores que cumplían funciones cuando Carlos Menem decidió privatizar la petrolera estatal. Desde entonces, pasaron más de dos décadas en las que, junto con los accionistas de YPF, cambiaron la vida del país y la de cada uno de los despedidos. Muchos se murieron en el camino, algunos se suicidaron y otros sobrevivieron: envejecieron sin poder jubilarse, fueron piqueteros o abandonaron sus provincias y no volvieron a trabajar en relación de dependencia.
La reforma menemista del Estado y la privatización de YPF establecieron que los ex ypefianos serían dueños del 10 por ciento de las acciones de la empresa a través del llamado Programa de Propiedad Participada, unos mil millones de dólares de acuerdo a lo que se pagó a Repsol por la mitad del paquete accionario. Muchos años después, el decreto 1077/2003 de Eduardo Duhalde decidió que a cada uno le corresponderían 956 acciones de YPF, lo que a la cotización del 31 de octubre pasado representa unos 430 mil pesos para los que nunca cobraron nada y alrededor de 240 mil pesos para los que percibieron algo en todos estos años.
Sólo 5 mil que seguían cumpliendo funciones en la empresa a junio de 1993 habían percibido en 1997 una indemnización de 80 mil pesos-dólares. La ley 25.471 de 2002 amplió la base e incluyó a todos los que formaban parte del personal de la empresa –en relación de dependencia- al 1 de enero de 1991. Hoy el promedio de edad de los ex ypefianos está en torno a los 70 años.
"Ni el más optimista creía que esto iba a salir", admite uno de los abogados de los ex empleados. Junto con la profundización del desastre energético que llevó a la expropiación, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se mantuvieron impermeables al histórico reclamo hasta hace 10 días. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Roberto Feletti, sorprendió a todos cuando comunicó que la iniciativa tenía el aval del Poder Ejecutivo. Después, la Cámara baja votó por unanimidad un resarcimiento que rondaría los 8 mil millones de pesos: a pagar en bonos, deberá ser efectivizado por el gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2015.
Dos factores explican el cambio que está a punto de consumarse. El primero es la indemnización de 5.000 millones de dólares que la Casa Rosada le abonó a Repsol en mayo de este año por la expropiación del 51 % de las acciones. Fue el primer paso de "El mago" Galuccio para cerrar los litigios internacionales que tiene la petrolera estatal pero no despejó por completo el frente judicial. En la cláusula séptima de la ley que autorizó el pago, el gobierno se comprometía a remover "sin costo" para los accionistas españoles cinco medidas cautelares que existían en contra de YPF. Una de ellas es la de la Federación de Ex Trabajadores de YPF de la República Argentina, que llegó con sus demandas hasta la Securities and Exchange Commission (SEC) con sede en Nueva York. Denunció a Repsol-YPF por falsear y omitir información en relación a sus reclamos y por reiteradas violaciones de las leyes federales americanas. Las inversiones que pretende Galuccio exigen liberar ese obstáculo.
El segundo factor son las coordinadoras de ex empleados que volvieron a organizarse en todo el país con más fuerza que nunca después del acuerdo con Repsol. La necesidad del gobierno es tan grande que los proyectos de Feletti –que en su versión original proponía un pago en 120 cuotas para sólo 7 mil empleados- y Dante González, de FPV Santa Cruz, terminaron asumiendo la mayor parte de los beneficios que planteaba la iniciativa parlamentaria de Néstor Pitrola, del Partido Obrero, el principal aliado de los ex empleados adentro del Congreso. Ahora, el senador del Movimiento Popular Neuquino y sindicalista petrolero, Guillermo Pereyra –presidente de la Comisión de Energía-, pidió un tratamiento preferencial para que la ley se apruebe antes de que termine el año legislativo. Si como se supone, se sanciona en las sesiones del 3, el 10 o el 17 de diciembre, Galuccio habrá logrado superar lo que considera el último escollo para atraer inversiones en Vaca Muerta y el Estado argentino habrá cumplido con una deuda que la clase política que se benefició con la privatización -o reclamó indignada una indemnización para Repsol- ignoró durante 22 años.
La reforma menemista del Estado y la privatización de YPF establecieron que los ex ypefianos serían dueños del 10 por ciento de las acciones de la empresa a través del llamado Programa de Propiedad Participada, unos mil millones de dólares de acuerdo a lo que se pagó a Repsol por la mitad del paquete accionario. Muchos años después, el decreto 1077/2003 de Eduardo Duhalde decidió que a cada uno le corresponderían 956 acciones de YPF, lo que a la cotización del 31 de octubre pasado representa unos 430 mil pesos para los que nunca cobraron nada y alrededor de 240 mil pesos para los que percibieron algo en todos estos años.
Sólo 5 mil que seguían cumpliendo funciones en la empresa a junio de 1993 habían percibido en 1997 una indemnización de 80 mil pesos-dólares. La ley 25.471 de 2002 amplió la base e incluyó a todos los que formaban parte del personal de la empresa –en relación de dependencia- al 1 de enero de 1991. Hoy el promedio de edad de los ex ypefianos está en torno a los 70 años.
"Ni el más optimista creía que esto iba a salir", admite uno de los abogados de los ex empleados. Junto con la profundización del desastre energético que llevó a la expropiación, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se mantuvieron impermeables al histórico reclamo hasta hace 10 días. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Roberto Feletti, sorprendió a todos cuando comunicó que la iniciativa tenía el aval del Poder Ejecutivo. Después, la Cámara baja votó por unanimidad un resarcimiento que rondaría los 8 mil millones de pesos: a pagar en bonos, deberá ser efectivizado por el gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2015.
Dos factores explican el cambio que está a punto de consumarse. El primero es la indemnización de 5.000 millones de dólares que la Casa Rosada le abonó a Repsol en mayo de este año por la expropiación del 51 % de las acciones. Fue el primer paso de "El mago" Galuccio para cerrar los litigios internacionales que tiene la petrolera estatal pero no despejó por completo el frente judicial. En la cláusula séptima de la ley que autorizó el pago, el gobierno se comprometía a remover "sin costo" para los accionistas españoles cinco medidas cautelares que existían en contra de YPF. Una de ellas es la de la Federación de Ex Trabajadores de YPF de la República Argentina, que llegó con sus demandas hasta la Securities and Exchange Commission (SEC) con sede en Nueva York. Denunció a Repsol-YPF por falsear y omitir información en relación a sus reclamos y por reiteradas violaciones de las leyes federales americanas. Las inversiones que pretende Galuccio exigen liberar ese obstáculo.
El segundo factor son las coordinadoras de ex empleados que volvieron a organizarse en todo el país con más fuerza que nunca después del acuerdo con Repsol. La necesidad del gobierno es tan grande que los proyectos de Feletti –que en su versión original proponía un pago en 120 cuotas para sólo 7 mil empleados- y Dante González, de FPV Santa Cruz, terminaron asumiendo la mayor parte de los beneficios que planteaba la iniciativa parlamentaria de Néstor Pitrola, del Partido Obrero, el principal aliado de los ex empleados adentro del Congreso. Ahora, el senador del Movimiento Popular Neuquino y sindicalista petrolero, Guillermo Pereyra –presidente de la Comisión de Energía-, pidió un tratamiento preferencial para que la ley se apruebe antes de que termine el año legislativo. Si como se supone, se sanciona en las sesiones del 3, el 10 o el 17 de diciembre, Galuccio habrá logrado superar lo que considera el último escollo para atraer inversiones en Vaca Muerta y el Estado argentino habrá cumplido con una deuda que la clase política que se benefició con la privatización -o reclamó indignada una indemnización para Repsol- ignoró durante 22 años.
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