El gobierno nacional redujo los fondos para las provincias para afrontar el pago de salarios en el Consejo de la Magistratura. La decisión se publicó en el Boletín Oficial y establece la reubicación de $160 millones que pasaron de los estados provinciales a gastos corrientes del Estado Nacional.
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En particular, el aumento del presupuesto del poder judicial se compensó con una reducción de los créditos asignados al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que tiene el objetivo de apoyar las necesidades financieras de los sectores públicos a cargo de los gobernadores.
Según informó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la modificación está amparada en las disposiciones del Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, sustituido por el Artículo 1° de la Ley N° 26.124.
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