Pichetto y Carrió, las cartas del Gobierno para apartar de la causa de espionaje ilegal a un juez clave

La diputada Elisa Carrió, imputada en el D’Alessiogate, recusó a Alejandro Slokar, uno de los tres camaristas de la Casación Penal que revisa el expediente que se sustancia en Dolores.

22 de junio, 2019 | 03.00

El Gobierno busca separar de la causa por espionaje ilegal a un juez clave. Se trata de Alejandro Slokar, uno de los tres integrantes de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, la última instancia antes de llegar a la Corte Suprema que revisa todo lo actuado en el D’Alessiogate. La diputada Elisa Carrió y el senador y candidato a vicepresidente por el oficialismo, Miguel Pichetto, fueron dos actores claves en este episodio que podría provocar un giro en el devenir del caso que se sustancia en Dolores.

 

El magistrado fue recusado este martes por Carrió, quien está imputada en el expediente en el que se investiga a una banda que realizaba tareas de inteligencia ilegales. Las terminales de esta organización salpican al Poder Ejecutivo y a referentes de la Coalición Cívica, la fuerza política que lidera Lilita.

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La legisladora basó su pedido de apartamiento en una denuncia que realizó contra el camarista, referente de Justicia Legítima, hace casi tres años en el Consejo de la Magistratura. La acusación de la que se tomó “Lilita” fue reflotada en el órgano que selecciona y sanciona magistrados en los últimos días por Pichetto y el diputado y consejero PRO, Pablo Tonelli.

 

En base a esa denuncia, Carrió pidió este martes “el inmediato apartamiento” de Slokar “para todos los actos e instancias de la causa”por temor a que sea parcial.

 

Ahora, el camarista deberá elaborar un informe y luego serán los dos compañeros de sala de Slokar quienes definirán si puede continuar interviniendo en la causa o debe dar un paso al costado. También podrán emitir opinión las otras querellas.

 

 

La solicitud de Carrió es polémica. La presentación la hizo en el incidente de la competencia que llegó a la cámara de Casación, donde la diputada no aparece mencionada. Se trata de la revisión de la sentencia de la Cámara Federal de Mar del Plata en la que dictaminó que, por el momento, la causa debe seguir tramitando en Dolores.

 

Para poder hacer su planteo, Carrió se basó en un oficio que recibió en su despacho el pasado 14 de junio donde el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, la trata de “imputada” y la “invita” a declarar a su juzgado.

 

Con ese oficio bajo el brazo, la diputada citó en su presentación el artículo 55, inciso 9, del Código Procesal Penal, según el cual un juez debe inhibirse “si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio político”.

 

Carrió había atacado a Slokar en agosto de 2016 cuando pidió su juicio político por una supuesta demora en el tratamiento del caso de José López.

 

Pero no queda claro cómo puede perjudicar a la diputada el criterio del camarista a la hora de evaluar el incidente de la competencia. Otra discusión sería un caso puntual que la involucre.

 

De esta forma, Carrió se mete “por la ventana” en la Casación Penal para “romper” la sala II, la única de las cuatro que componen la máxima instancia penal del país que no tiene mayoría macrista.

 

A favor de Stornelli

 

Se trató de un martes muy activo para Carrió. En pos de buscar bloquear la causa que avanza en Dolores (que la compromete por sus vínculos con el espía ilegal Marcelo D’Alessio), la diputada también se acercó al Ministerio Público Fiscal (MPF) para declarar en uno de los dos expedientes disciplinarios que tiene abiertos el fiscal rebelde Carlos Stornelli. Se trata del caso en que se analizan las 8 imputaciones que tiene el fiscal, por las que Ramos Padilla pide que se le quiten los fueros.

 

Esa causa interna (aún no se giró siquiera al Consejo Evaluador) como el de la rebeldía avanzan a paso muy lento en el MPF lo que favorece la estrategia evasiva del fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos.

 

Carrió no fue la única que pasó por el organismo que comanda de forma interina Eduardo Casal. El miércoles lo hizo Leonardo Fariña.

 

El rol de Pichetto 

 

En esta maniobra para correr a Slokar, Pichetto jugó un rol central. Desde el Consejo de la Magistratura, donde presidía la estratégica comisión de Disciplina y Acusación, ubicó para tratar el martes pasado la denuncia de Carrió contra Slokar. Cual movimiento coordinado, ese mismo día, la diputada presentó la recusación del magistrado en la máxima instancia penal del país. Al día siguiente, presionado por sus excompañeros de bloque en el Senado, Pichetto presentó su renuncia en el consejo. La tarea sucia ya había sido ejecutada.

 

Antes de dejar el consejo, Pichetto preparó el terreno para que la denuncia contra Slokar, que prescribe en agosto, tomara relevancia pública. Lo hizo en tándem con el alfil judicial del PRO, el diputado y consejero, Pablo Tonelli, quien había pedido citar al camarista en los términos del articulo 20, es decir, como una especie de indagatoria. Cuando el caso se presentó para votar entre los consejeros de la comisión de Disciplina y Acusación no se juntaron las voluntades necesarias para avanzar contra el camarista y el caso se postergó.

 

Por cierto, ya no está en juego el cargo de Slokar como hace tres años solicitó Carrió sino una sanción disciplinaria.

 

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Desde que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, destapó la causa de espionaje ilegal, el oficialismo buscó correr a los funcionarios judiciales que se expresaron en contra de sus intereses en todo el proceso.

 

Primero intentó sacarle la causa a Ramos Padilla. No lo logró. Al menos por ahora. Es justamente la cuestión de la competencia la que debe resolver Casación. Se trata del incidente en el que se involucró Carrió y pidió apartar a Slokar.

 

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial, impulsó la remoción del magistrado de Dolores. La presentación se sustancia al día de hoy en el Consejo de la Magistratura.

 

Además de Ramos Padilla, también ya había habido intentos de sacarle el caso a la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, la única de las cuatro que componen esa instancia que no suele manifestarse en sintonía con los intereses del Gobierno.

 

Cuando salió sorteada, el abogado del fiscal rebelde Carlos Stornelli, Roberto Ribas, pidió la nulidad de la selección. Finalmente, el reclamo no prosperó.

 

Con las cartas judiciales ya repartidas, la única maniobra que le quedaba al oficialismo para cambiar a los jueces que intervienen en este proceso involucraba a Carrió. 

 

Finalmente, la cofundadora de Cambiemos pide sacar a Slokar del D’Alessiogate para cambiar el equilibrio de fuerzas hacia el interior del tribunal. Slokar venía articulando la mayoría con Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, según el incidente que llegara al tribunal. De lograr el desplazamiento, la resolución del caso podría pegar un giro importante.

 

¿Cuál es el común denominador entre Ramos Padilla y Slokar? Que ambos integran el colectivo Justicia Legítima, que fue demonizado por este Gobierno.

 

Ya lo había dicho Macri, en junio de 2017, al advertir a los magistrados que piensen en fallar en contra de los deseos de la Casa Rosada: “Los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad o vamos a buscar otros jueces que nos representen”.

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