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Los imputados en las protestas por la reforma jubilatoria ya tienen fecha de juicio

Los manifestantes serán juzgados por los delitos de “intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado".

03 de octubre, 2019 | 15.04

Daniel Ruiz, uno de los militantes de izquierda que fue detenido por usar un arma tumbera contra la Policía en la represión del diciembre de 2017, mientras en el Congreso se debatía la reforma jubilatoria, ya tiene fecha para ser juzgado el próximo 18 de octubre. Esto también alcanza a los otros manifestantes procesados.

Ruiz, junto a Sebastián Romero, también conocido popularmente como “el gordo mortero”, fueron retratados ese día mientras usaban sus armas en la plaza de los dos Congresos.

Mientras se cree que Romero se fugó al exterior, Ruiz está detenido desde el 12 de septiembre del año pasado. Su suerte fue distinta. Antes de ser identificado y apresado nueve meses después de los incidentes, Ruiz integró activamente una campaña contra la “persecución política" de su compañero de militancia. Es que tanto él como Romero son dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

Según informa Infobae, por estas horas, Ruiz espera una buena noticia en su derrotero judicial. Hoy, la Cámara de Casación Penal tratará un recurso extraordinario de excarcelación presentado en mayo, que fue rechazada por el Tribunal Oral Federal 3. También le había sido vetada la prisión domiciliaria. Está prevista este mediodía una movilización con organismos de derechos humanos y agrupaciones de izquierda hacia la sede judicial.

De resultar favorable el pedido, el activista y delegado del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut podrá afrontar su juicio en libertad.

Todos los manifestantes serán juzgados por los delitos de “intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí".

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi corroboraron esa tipificación, en base a las filmaciones registradas ese día. Según los magistrados, el comportamiento de Ruiz y de los otros procesados consistió en un accionar “intimidante” y “coordinado como grupo”, con el objetivo de infundir un “temor público y suscitar tumultos”. Ese agresivo comportamiento provocó heridas al personal policial y daños en el espacio público.

Antes de llegar a este punto del proceso judicial, el juez Sergio Torres cuestionó parcialmente el operativo policial en el Congreso, al sobreseer a 58 de las 69 personas que habían sido detenidas ese día.

 

 

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