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Lawfare: Mauricio Macri, el perseguidor

Uno por uno, los casos más resonantes de la persecución judicial a ex funcionarios, empresarios y dirigentes sociales vinculados al gobierno de Cristina Kirchner. 

20 de octubre, 2019 | 05.00

  El desastre económico de la administración macrista-radical es de tal magnitud que opaca otras dimensiones de su herencia. Un estrago de similar magnitud al provocado en la economía, aunque de menor costo social en términos de vidas humanas, fue el deterioro institucional y, dentro de él, la persecución política a opositores, incluida la destrucción de patrimonios.

  Si se excluye la última dictadura, cuesta encontrar gobiernos que hayan mostrado un mayor desprecio por las formalidades institucionales y que hayan utilizado de forma tan abierta la connivencia entre el poder judicial, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación concentrados con el objetivo de demonizar y encarcelar a los opositores políticos y a los adversarios empresariales.

  Lo amañado de la persecución fue tan evidente que luego de cuatro años de control prácticamente total del aparato de Estado las causas armadas comienzan a caer una a una. Un reconocimiento tácito, antes que los cambios de los vientos del poder, de que a pesar de los esfuerzos no se pudo encontrar delito alguno.

  Sólo por citar las causas más conocidas entre cientos, destaca la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, quien desde que abandonó la presidencia tuvo un juez federal, Claudio Bonadío, dedicado tiempo completo a perseguirla, tanto a ella como a su familia, lo que sintetiza un accionar no sólo ominoso, sino también mafioso. Y ello por no hablar de la colaboración activa de figuras de la política mediática, como por ejemplo Margarita Stolbizer, a quien no se le conoce idea política alguna que no sean las denuncias permanentes a la ex presidenta. Bonadío, con la inconcebible complicidad del Senado de la Nación, hasta se dio el lujo de mancillar los domicilios particulares de CFK y apropiarse temporalmente de algunas de sus pertenencias.

  También abundan los presos políticos como el ex vicepresidente Amando Boudou, el gran demonizado por el grupo Clarín y sus satélites, quien fue condenado por juzgados creados ad hoc y por jueces ascendidos al efecto. O como el caso del ex ministro de Planificación Julio de Vido, quien sigue preso a pesar de la evidencia de la utilización de peritos truchos y personal de inteligencia en el armado de las causas en las que fue involucrado. En el caso de De Vido se suma además la inmoralidad y el oportunismo de algunos compañeros de bancada que avalaron el quite de los fueros que le correspondían como representante del Pueblo, dado que carece de condenas firmes.

  El caso de Milagro Sala destaca entre los más arbitrarios. El gobernador radical jujeño Gerardo Morales le prometió que “la metería presa” en caso de ser electo y cumplió. También lo hizo amañando causas, armando tribunales especiales y pasando por encima de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sala ya es la presa política más antigua de Cambiemos.

  Los perseguidos no fueron sólo políticos --presidenta, vicepresidente, ministros y militantes sociales-- también cayeron en la volteada los dueños de medios de comunicación opositores, a quienes se encarceló y se les dañó irreversiblemente sus empresas. No sólo se recurrió a denuncias falsas, sino que las mismas denuncias sirvieron para la destrucción patrimonial. El caso paradigmático es el de Cristóbal López.

  Un demonizado sin ser político ni dueño de medios de comunicación, sólo coterráneo de la ex familia presidencial, fue Lázaro Báez. No hubo excavadoras que encontraran los millones de dólares “húmedos” y “de los Kirchner” enterrados y buscados desaforadamente por un juez que volvió del sur pero no del ridículo, ni peritajes de la propia vialidad nacional macrista que encontraran irregularidades en la obra pública santacruceña. Pero Báez sigue preso y su patrimonio inhibido o destruido.

  Otro caso paradigmático es el de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, quien ya acumula varias absoluciones. Quizá lo más notable en su caso es que haya sido denunciado por denunciar las más de cuatro mil cuentas suizas de dinero negro propiedad de muchos encumbrados miembros de la alta burguesía local, y que su denunciante haya sido nada menos que un funcionario por entonces con rango de ministro, Alfonso Prat-Gay, sospechado de consejero de una de las familias fugadoras.

  Los casos citados son apenas una muestra incompleta. Faltan prisiones arbitrarias como la de Luis D’Elia, o la incompatibilidad que significa tener a una militante oficialista como Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción, un cargo para el que ni siquiera estaba calificada. Faltan también todas las incompatibilidades de puerta giratoria y la novela fantástica de inteligencia-judicial-mediática de “las fotocopias de los cuadernos” para el armado de causas. Lo que intentan mostrar los pocos casos reseñados es el accionar sistémico de un gobierno que decía representar la transparencia y reivindicar la idea de “República”, pero que se caracterizó por la persecución política y por pasar, también sistemáticamente, por encima de la división de poderes. Un gobierno que gozó además de un blindaje mediático inédito en democracia y con periodistas pautados que oficiaron de perseguidores y que operaron junto a los servicios de inteligencia.

  Así como los crímenes de la dictadura demandaron un reparador proceso de memoria, verdad y justicia, lo mismo debe suceder con la persecución política y judicial y con las violaciones sistémicas a la convivencia institucional democrática perpetradas bajo el régimen macrista-radical. También sería deseable que la reparación patrimonial de los afectados no corra a cargo del Estado, sino que pese sobre los responsables directos. No se trata de comisiones de la venganza ni nada que se le parezca, sino de poner en marcha los mecanismos institucionales que impidan la repetición de nuevas páginas negras de la historia.-

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