04 de diciembre, 2019 | 19.07

Espionaje ilegal a magistrados y políticos: la justicia ya investiga 66 casos

La pesquisa en la que se analiza el ingreso ilegal a las bases migratorias de funcionarios sumó nuevas víctimas. Incluye gobernadores, legisladores, fiscales y magistrados. Y ya se presentaron querellantes.

La causa que aborda el espionaje ilegal a jueces y políticos, que reveló El Destape, sumó otras víctimas. Según pudo reconstruir este medio, se están estudiando, al menos, unos 66 casos, entre magistrados, fiscales, gobernadores y dirigentes a los que desde distintas fuerzas de Seguridad, la UIF, la AFIP y hasta el ministerio de Seguridad les consultaron de forma sospechosa sus registros migratorios. Algunos de los nuevos nombres que están bajo análisis de los investigadores son los de la jueza Sandra Arroyo Salgado; el camarista platense Roberto Lemos Arias; los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. A ellos se suman los gobernadores de Chaco, Domingo Peppo; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Misiones, Hugo Passalacqua; y el exmandatario de San Luis, Claudio Poggi. También figura el jefe de la bancada de diputados del kirchnerismo y futuro ministro de Defensa, Agustín Rossi. La nómina podría ampliarse. Por lo pronto, en la pesquisa se avanza con el entrecruzamiento de datos para ver si hubo averiguaciones irregulares en otras bases de datos y descartar homónimos. 

Hasta el momento, se contabilizan 66 casos de consultas sospechosas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios de varios organismos públicos. Algunas de estas dependencias comenzaron a responder las solicitudes de los investigadores y lejos de despejar dudas, las aumentaron.

Por ejemplo, en el caso del juez Sergio Paduczak, juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 22 y ex subrogante en el TOF 5, la Prefectura esgrimió una contestación que roza el ridículo por lo que el magistrado solicitó ser tenido por querellante. Se trató del primero en presentarse. Es que desde la fuerza que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad dijeron que accedieron a Migraciones porque estaban buscando una foto suya a raíz de un viaje que iba a realizar a Ushuaia. Señalaron que no consultaron sus entradas y salidas del país. Lo cierto es que Paduczak estaba viajando al Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Orales, que se realizó en Tierra del Fuego, en septiembre del año pasado cuando se realizó el ingreso. “Quién va a entra al sistema migratorio a sacar una foto. Es ridículo”, consideró el juez en diálogo con El Destape. Según pudo saber este medio, a través de ese mecanismo Prefectura habría ingresado a los registros migratorios de otros funcionarios judiciales.

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Paduzcazk no es el único juez que busca ser tenido por querellante. Claudio Gutiérrez de la Cárcova hizo lo propio. Y antes de fin de año podrían sumarse nuevos jueces con los mismos planteos. Además, un gobernador y otro que ya dejó el cargo también pretenden tener acceso al expediente para conocer qué sucedió en sus casos.

Nuevos casos

Entre los nuevos casos investigados que se sumaron a la nómina de posibles espiados se encuentran el de la fiscal federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py, Alejandra Mangano, también al frente de la Procuraduría de Trata de Personas y Explotación Laboral (Protex). El de Marcelo Colombo, a cargo de la fiscalía oral Nº 8 y también en la Protex. El de la jueza federal de San Isidro, ex pareja de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado. También aparece Sergio Fernández, camarista en el fuero Contencioso Administrativo y hermano del auditor Javier Fernández. Y el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, entre otros.

Y además de los gobernadores mencionados, se estudian también los casos del de Chubut, Mariano Arcioni, y del mandatario en retirada de Mendoza, Alfredo Cornejo. En este último caso, los investigadores no descartan que se trate de un homónimo. Además, el ingreso a Migraciones no fue a través de una dependencia externa, como por ejemplo la Policía Federal, por lo que el grado de sospecha es más bajo.

Así las cosas, para no dar pasos en falso, la justicia busca descartar que las consultas en la base de Migraciones que se hayan hecho a través del nombre y apellido de la posible víctima (y no por DNI) se trate de homónimos. Con ese marco de fondo, entrecruza datos. Por ejemplo, busca saber si en los 66 casos bajo análisis hubo consultas en el registro automotor o en el de la propiedad inmueble. 

La clave es saber qué estaba investigando cada uno de los organismos involucrados, que son el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, Prefectura y la Policía de la Ciudad, entre otros. Todas estas dependencias quedaron en la mira de la investigación del juez Canicoba Corral.

El fiscal que dio impulso a esta línea investigativa fue Ramiro González, quien subrogó en la fiscalía federal Nº 6 a Federico Delgado, que volvió esta semana a su despacho.

El pasado 27 de septiembre, González había emitido un dictamen en el que afirmó que buscaba desentrañar si desde las mentadas dependencias estatales “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. Entonces se había consultado por 21 magistrados, entre los que se contaban Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y el propio Canicoba Corral. Hoy esa nomina se triplicó y sumó gobernadores, fiscales y legisladores. No debiera sorprender que con el correr de los días esa lista se extienda aún más.  

 

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