Nadie sabe a ciencia cierta en qué situación económica financiera se encuentra hoy la Municipalidad de Paraná. El intendente Sergio Varisco, quien comenzará a ser juzgado en pocos días en una causa por narcotráfico, ha optado por refugiarse y no aparecer en público, luego de perder en las elecciones generales de junio la posibilidad de ser reelecto a manos del actual vicegobernador, el justicialista Adán Bahl.

Sus funcionarios tampoco hablan, los números oficiales no se conocen y las proyecciones derivadas de cálculos de la oposición prenden una luz de emergencia que generan preocupación e incertidumbre, pese a que el actual jefe comunal asumió con un municipio saneado y superavitario en 800 millones de pesos: 200 en caja y 600 en un plazo fijo, según consta en un acta presentada en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Hoy la oposición asegura que dejará su gobierno con un déficit que rondaría los dos mil millones de pesos.

A la par de esa decisión de no mostrarse, la capital ha caído en un espiral de decadencia que pocas veces se vio: tres paros de colectivos que afectaron el servicio por 22 días -inédito en una ciudad de 400 mil personas con un servicio que además incluye otras tres localidades-; obras paralizadas, una paritaria sin resolver, sueldos atrasados y un sinfín de reclamos que llueven desde todos los ángulos al municipio, en una gestión que se ha mostrado incapaz de garantizar, en algunos casos, lo básico: la limpieza y la recolección de residuos.

 

 

Muchos alertaban, antes de las elecciones, del gasto público al que se estaba sometiendo el municipio con diversos frentes que, si bien resultaban relevantes, no dejaban de ser una inyección de recursos enorme. Muchos de esos proyectos, concluida la contienda electoral, se dieron de baja. Como si, por castigo por no haber sido reelecto, el presidente municipal haya optado por dar de baja cualquier avance en materia de obras a los vecinos.

La primera señal llegó menos de 24 horas después de consumarse la derrota de Varisco. Muchos de los proveedores del municipio recibieron a través del mail una confirmación de que, a partir de ese día, se daban de baja los convenios vigentes. Muchos de ellos eran medios de comunicación, con los que quedaron deudas de por medio. Las mismas que mantiene la comuna con, por ejemplo, con 23 docentes de las propuestas gratuitas enmarcadas en la Secretaría de Cultura, a cargo de Magda Varisco, madre del intendente.

María Elena Vázquez es docente de la Escuela Municipal de Circo “La risa”. En contacto con El Destape, señaló que, a principios de la gestión, se acordó con el gobierno municipal la regularización de la situación contractual de los profesores de todos los talleres. Sin embargo, en tres años y medio nunca se cumplió con la promesa. El contrato de cada tallerista, renovado cada seis meses, no fue actualizado luego de junio. "Nos deben julio y agosto. Algunos firmaron un contrato de cinco meses, pero vamos a hacer una presentación, porque creemos que fue bajo coerción. Es un apriete, porque nos dicen que, o firmamos eso, o no tenemos nada. Nos fueron pateando y terminó de mal en peor todo" señaló.

Al reclamo por la no actualización de contratos se le suman una batería de reclamos, que van desde el cada vez más deteriorado estado edilicio de centros culturales hasta la ausencia de un diálogo con la gestión: "No hay una política clara en materia de Cultura y que la partida presupuestaria nunca se ejecutó. Desaparecieron suministros, las autoridades de algunos centros también. Tenemos edificios con cortocircuitos y ventanas rotas que nunca fueron arregladas. Hace tres meses que la gestión es inexistente".

"Nunca hubo un lineamiento político de Secretaría de Cultura para enmarcarnos en líneas de acción. Es decir, qué tipo de política cultural íbamos a seguir. La Escuela de Circo tiene su manifiesto, su hoja de ruta, pero en estos cuatro años no hubo un proyecto en materia cultural", indicó Vázquez. A la Escuela de Circo asisten, en promedio, unas 150 personas de distintas edades. Pese a que hace tres meses que no cobran, los ocho profesores del taller no quieren cortar las actividades. Lo hacen, además, prácticamente sin recursos: "En el Centro Cultural Gloria Montoya no hay agua. Estamos comprando agua con un fondo solidario que se recolecta con colaboraciones".

Una a una, las señales de los problemas financieros no dejaron de aparecer: en julio, vecinos de calle El Trebol se manifestaron por la detención de obras en la zona como consecuencia de la interrupción de pagos del municipio a la empresa constructora. Los trabajos, consistentes en el entubamiento de un arroyo, comenzaron en mayo -antes de las elecciones generales- y se interrumpieron poco después. Actualmente, una vivienda de la zona corre peligro de derrumbe si llueve, mientras los vecinos conviven con el olor de cloacas que quedaron a cielo abierto como consecuencia de todo ese panorama. El Destape pudo confirmar que una empresa constructora de la capital decidió retirarse de, al menos, cinco proyectos de bacheo, habida cuenta del corte en la cadena de pagos.

La situación llegó al Concejo Deliberante de Paraná, donde el edil justicialista, David Cáceres, ingresó un proyecto solicitando se declare la emergencia económica, presupuestaria, administrativa y financiera durante 120 días en la Municipalidad. En los fundamentos de la norma, a la cual El Destape tuvo acceso, el concejal asegura que un análisis de las cuentas de la comuna dio como resultado que el 80% de todo el presupuesto para el 2019 ya estaba ejecutado en abril. Alerta por la posibilidad de que haya problemas para potabilizar el agua, el no arreglo de maquinarias por ausencia de recursos e incluso el peligro de que no haya combustible en el parque automotor a la brevedad.

 

 

"Esta delicada situación también lleva a la paralización de las obras públicas de financiamiento propio, las cuales en su gran mayoría no contaban con respaldo presupuestario ya que fueron anunciadas e iniciadas en el marco de la campaña electoral, llegando a tener frentes de obra que implicaban a diciembre un gasto de  mil quinientos millones de pesos, con un saldo de crédito menor a trescientos millones de pesos", indicó Cáceres en su proyecto. A todo esto se le suma un ingreso descontrolado de personal -alrededor de dos mil personas- que afecta notoriamente la partida destinada al pago de sueldos, que corre serio peligro de no ser ejecutada en su totalidad.

"La situación es mucho más grave de lo que pensamos que era. Hay un déficit, sólo en partida de Personal, que rondará los 800 millones de pesos, si se proyecta este escenario a fin de año" remarcó Cáceres. En diálogo con Cara y Ceca -Radio UNER- el edil aclaró: "Esto no es una opinión subjetiva de un concejal de la oposición. Es un número concreto, que sale de la planilla oficial y su curva hacia diciembre. No sólo que nosotros vemos peligrar el pago de haberes, sino que ya hay deudas de aportes con la Caja de Jubilaciones por más de 70 millones de pesos. Se están empezando a agudizar los problemas para cumplir con las obligaciones".

A las ya mencionadas deudas, se le sumarían unos mil millones pendientes de obras paralizadas. Es decir, 1800 millones en dos ítems -personal y obras- a lo cual se le sumarán los pasivos con proveedores: “Ya los vamos a ver apareciendo en diciembre con la libretita, preguntando por lo que deben desde junio”.

 

*Juan Pablo Scattini es corresponsal de El Destape en Entre Ríos.