Dólar a $ 73 y el negocio del hambre | El Destape con Roberto Navarro Suscribite

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Si tal como indica la lógica electoral Mauricio Macri pierde las elecciones de octubre contra Alberto Fernández y deja la presidencia de la Nación, se descuenta que verá complicado el frente judicial. Desde que llegó a la Casa Rosada, el actual primer mandatario sumó decenas de denuncias en su contra en las que también están involucrados muchos de sus funcionarios.

La gran mayoría de las acusaciones prosperaron y derivaron en causas judiciales. Y, se sabe, muchos de los expedientes comienzan a moverse en los tribunales de Comodoro Py cuando el acusado pierde el poder.

Algunas de las causas emblemáticas contra Macri que podrían empezar a moverse tras la dura derrota en las PASO son las siguientes:

Deuda del Correo Argentino

El juez federal Ariel Lijo investiga si funcionarios del Gobierno cometieron algún delito en la negociación de la deuda del Correo -propiedad de la familia Macri- con el Ejecutivo. El funcionario de mayor rango involucrado hasta ahora es el ex ministro de Comunicaciones y actual titular de Defensa, Oscar Aguad. Pero si el juez avanza contra él (ya fue indagado), Macri quedaría muy comprometido por ser su superior. Hay muchos elementos que comprometen al actual Presidente, como la serie de reuniones que mantuvo con abogados de Correo. Además de esta “pata penal” se sustancia la causa comercial en la que se debate la deuda que la empresa de la “famiglia” contrajo con el Estado.

Aportantes truchos

La causa en que se investiga las campañas electorales de Cambiemos alcanza, en última instancia, a Macri (y salpica a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal). El expediente, que también tramita en el juzgado de Ariel Lijo abarca a los procesos electorales de 2015 y 2017 pero solo en lo que hace a los cargos nacionales. El eje bonaernese se investiga en La Plata. Entre las irregularidades analizadas se incluye el robo de identidad de muchas personas para simular  aportes que nunca existieron (fueron truchos) así como el aporte de privados que eran contratistas del Estado. Es una expediente que preocupa al Presidente.

 

 

Parques Eólicos

Macri y distintos funcionarios nacionales fueron acusados en 2018 de favorecer de "manera ilegal" al grupo empresario de la famiglia presidencial en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos. Según la acusación, el grupo obtuvo ganancias por casi u$s50 millones en pocos meses gracias a una maniobra fraudulenta. Concretamente, el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos a través de la empresa española Isolux. Ocurrió en 2016. Cuando el la sociedad traspasó esos contratos de explotación a un tercero obtuvo los millones de dólares de ganancias. El caso está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Termoeléctricas

Se investiga al Poder Ejecutivo y a las empresas Iecsa (ahora Sacde) e Isolux por un supuesto pago del Gobierno, en carácter de resarcimiento, para que abandonasen la construcción y explotación de las centrales termoeléctricas Ensenada Barragán y Brigadier López. El arreglo se produjo a pesar de que había sospechas de corrupción en la adjudicación de las obras. Así, Macri avaló un pago millonario a la constructora de su primo Angelo Calcaterra y a la firma española, que había sido aportante de su campaña. Recientemente, adjudicó las dos centrles a otros amigos: una a Nicky Caputo y la otra a Marcelo Mindlin por un valor que se cree que fue menor al de mercado. El caso es analizado por el juez Sebastián Casanello.

Peajes

Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau denunciaron penalmente a Macri; al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel; y a la concesionaria del Acceso Norte, la empresa AUSOL S.A, por los delitos e irregularidades que surgen del proceso de renegociación integral del contrato de concesión concluido en 2018.

Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la presidencia, AUSOL -a través de su controlante española ABERTIS, en aquel momento presidida por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de u$s1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

Por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de AUSOL se dispuso “arreglar” por la suma de u$s499 millones, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, según los denunciantes.

 

 

Blanqueo de capitales

Un incidente puede cambiar la suerte de Macri en una denuncia contra el blanqueo de capitales. Se trata de una presentación de Felipe Solá que está en la Corte Suprema de Justicia. Los ministros cortesanos deben resolver si Solá está legitimado para accionar contra el decreto de Macri que permitió a los familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales.

El planteo tiene un dictamen en contra de la procuradora adjunta Laura Monti, quien consideró que “no se observa la afectación a un interés suyo personal, directo y concreto”, en referencia a Solá, por lo que no tiene legitimidad para encabezar la demanda ante el Alto Tribunal.

Si los supremos opinan lo contrario -algo que no se descarta-, habilitarán que se aborde la cuestión de fondo: es decir, que se investigue el decreto de la controversia.

Tal como publicó Horacio Verbitsky, el hermano del Presidente, Gianfranco Macri, blanqueó 35,5 millones de dólares o, en pesos al momento de los hechos, 622 millones. Hubo varios familiares de funcionarios que ingresaron a la moratoria.

Otros casos

A estos casos, se suman:

-Un expediente poco conocido es el de las Energéticas, que sigue Casanello y busca determinar si se cometió algún delito en adjudicaciones de negocios energéticos a distintas empresas relacionadas a amigos del Presidente. Se inició por una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por la compra de acciones de empresas del sector.

-El D’Alessiogate por espionaje ilegal. Allí se investiga entre otras cuestiones, el rol de la AFI, que están al mando del íntimo amigo del Presidente, Gustavo Arribas. El caso lo instruye el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla y sus derivaciones son incomensurables.

-La causa por el Soterramiento del Tren Sarmiento podría complicar al primo del Presidente, Angelo Calcaterra, que había sido excluido del procesamiento de forma escandalosa. Ya ungido Presidente, Macri avaló que se pagase  una cifra millonaria para impulsar esa obra, que era objeto de análisis judicial por fuertes sospechas de corrupción en la adjudicación de la misma. Calcaterra, vinculado a Iecsa, una de las integrantes de la UTE que hizo la obra, recibió la falta de mérito en primera instancia. El caso está siendo analizado en las instancias superiores.

 

 

Además de Macri varios de sus funcionarios también fueron denunciados en tribunales. Un ejemplo, es la denuncia por irregularidades en el Paseo del Bajo que salpica al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta fue denunciado por las irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo para beneficiar a Iecsa, la empresa que comparten Calcaterra y Marcelo Mindlin. La denuncia la hizo Cecilia Segura Rattagan, presidenta de la Auditoría porteña. Las maniobras denunciadas, tal como reveló El Destape, están vinculadas a la manipulación del proceso de licitación para que Calcaterra y Mindlin se quedaran con el tramo más jugoso de la obra, un negocio de más de 3.000 millones de pesos.

Otra de las investigadas por la Justicia es la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. El fiscal federal, Ramiro Gonzalez -quien tiene derivado el caso- analiza el rol de Alonso, luego de que la funcionaria afirmara públicamente que el organismo que dirige no querella más en casos donde están involucrados funcionarios de la actual gestión “dado que he sufrido acusaciones personales respecto de parcialidad o falta de imparcialidad” por lo que quiere evitar que “ me acusen de encubrimiento o que embarro causas de corrupción”. Se la investiga por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fue puesta en el cargo por el Presidente.

También es de esperar que haya novedades en denuncias de antigua data, como la que se realizó contra Luis María Blaquier, quien fuera denunciado cuando era Subdirector Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad –FGS- del Sistema Integrado Previsional Argentino. En este caso, que tramita en Comodoro Py se investiga la compra de acciones de las empresas Arcor SAIC y Cablevisión S.A por parte del FGS, por impulso de Blaquier. El funcionario había prestado funciones en ambas empresas. La denuncia había sido realizada por el fiscal Gabriel De Vedia, cuando estaba a cargo de la UFISES, cargo del que fue desplazado por presiones del Gobierno