El Gobierno ya dio el primer paso para permitir el retorno de las offshores a la Argentina. La Inspección General de Justicia (IGJ) permite ahora la inscripción de compañías en 24 horas, como en las guaridas fiscales. La flexibilización de la reglamentación contra el lavado de dinero es redactada por un grupo de abogados contratados en secreto, sin designación, como reveló El Destape.
La IGJ publicó la semana pasada la Resolución General 5/2017, que establece la figura de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). Estas empresas pueden comenzar a funcionar 24 horas después de inscriptas, sin un riguroso control previo que pueda evitar posibles conflictos o defraudaciones.
Luego de una semana desde la aplicación, se presentaron 33 solicitudes de empresas, de acuerdo a lo que detalló el inspector general, Sergio Brodsky. Desde el ente ponderan los menores tiempos y costos para emprendedores. Sin embargo, el régimen es llamado “registro buzón” y es el más común entre los paraísos fiscales, donde quienes figuran en papeles rara vez resultan ser los dueños reales de las sociedades.
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Esta gran modificación a la Resolución General 7/2015 fue la primera de una batería de cambios que planea el Gobierno, contrarios a la lucha contra el lavado de dinero que comenzó el organismo en 2005. Para esto, Brodsky convocó a tres reconocidos abogados comerciales, Alfredo Rovira, Rafael Manóvil y Guillermo Ragazzi, quienes se juntan todas las semanas ad-honorem en un salón de Paseo Colón al 200.
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Cuando Ragazzi comandó la IGJ en los ’80 y comienzos del actual milenio, las offshores “se hicieron un picnic en la Argentina”, graficó el ex inspector general y ahora diputado nacional Rodolfo Tailhade.
De acuerdo a lo que pudo conocer este medio, esta comisión secreta tiene el fin último de volver a habilitar las operaciones en el país de las compañías provenientes de guaridas fiscales y desregular las del resto de las extranjeras. Todo con la justificación de atraer inversiones. El mayor beneficiario resultaría el propio presidente, Mauricio Macri, cuya familia está vinculada a 50 empresas en distintos paraísos.
Las offshores fueron prohibidas gracias a la Resolución General 7/2005 de la IGJ, una política pionera en la región. Estas compañías se ganaron la fama de ser las herramientas para lavado de dinero y evasión tributaria por lo que toda actividad asociada a ellas suele ser asociada a delitos.
Pese a las resistencias, en la actualidad se mantienen ilegales. La fiscal general Gabriela Boquin debió recordárselo a la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial con un dictamen contra una uruguaya a la que le habían permitido litigar para cobrar alquileres impagos de una fábrica. La funcionaria apuntó el 4 de julio que Westall Group SAFI no se adecuó a la legislación nacional, por lo que todas sus actividades estuvieron en fraude a la ley, al violar “la facultad de contralor de las entidades mercantiles (IGJ) y el derecho de igualdad ante la ley”, por el resto de las compañías, que tuvieron grandes exigencias al ser creadas.
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