El fracaso absoluto del plan de Macri

16 de diciembre, 2016 | 15.27

El modo en que termina el año es el resultado del intento gubernamental de aplicar una estrategia que la sociedad argentina no está dispuesta a aceptar. El enfoque dominante en el oficialismo responsabiliza a los costos laborales (supuestamente altos) como la causa principal de los problemas coyunturales y estructurales de la economía argentina. En ese marco, la recesión no es un accidente sino un objetivo de la política económica. Es el antídoto principal para domesticar los precios y, más importante aún, reducir los salarios y flexibilizar las condiciones laborales.

Por ende, el debate que domina la coyuntura resulta casi una estupidez respecto a la situación recesiva vigente. Si se habla con seriedad, no debería haber sorpresa al observar la caída del consumo, la industria, la construcción y el PBI. Si la política económica, vía redistribución regresiva de los ingresos, favoreció al capital concentrado -dominantemente exportador- en un contexto de estancamiento de la economía mundial, al tiempo que vía reducción de salarios, jubilaciones y planes sociales debilitó el mercado interno e, incluso, desarticuló la situación ya limitada de la integración regional, el resultado no podía ser otro que la recesión.

Si, además, se favoreció la valorización financiera en divisas desestimulando la inversión productiva, se perpetúa la recesión. Pero debemos entender también que la recesión impuesta por el macrismo es solo una parte de la que este régimen de política económica requiere. La lógica gubernamental requeriría de un ajuste en las cuentas públicas que, obviamente, profundizaría aún más la recesión imperante.

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Este ajuste pretendió hacerse en parte vía aumento tarifario y reducción del gasto social. Sin embargo, la resistencia social postergó y redujo la actualización tarifaria y la reducción del gasto social se transformó, a finales de año, en el reconocimiento gubernamental de la Emergencia Social hasta el 2019. Las concesiones que en nombre de la gobernabilidad ha tenido que hacer el gobierno, han aumentado el déficit de las cuentas públicas respecto al 2015. Situación ésta que se transforma en una inconsistencia absoluta para el régimen actual de política económica y que se ha ido resolviendo por una vía peligrosa e insustentable que es el incremento de la deuda pública.

En suma, el saldo del año como resultado de una política que ha sido resistida por la sociedad, es que la gobernabilidad se compró con endeudamiento y que las inconsistencias del régimen económico dan como resultado un fracaso absoluto. Si recordamos algunos de los objetivos que el macrismo planteaba al asumir, podemos dimensionar la magnitud del problema en que se encuentra el gobierno. Dijeron que venían a resolver el estancamiento y terminar con la inflación. Sin embargo, el estancamiento se transformó en recesión (el PBI caerá cerca de un 3% este año) y aún si creyéramos en los números del presupuesto oficial para el 2017 (el PBI crecería un 3,5% ) este crecimiento se daría respecto a la caída de este año, por ende en la práctica, a finales del 2017 seguiríamos estancados.

Respecto a la inflación, luego de que las políticas de devaluación, quita de retenciones y aumentos tarifarios llevaron los precios a cerca del 7% u 8 % mensual, hoy estamos en un rango de alrededor del 2% que el gobierno festeja como un triunfo. Situación casi cómica si no la padeciera la gente ya que el 2% de inflación mensual era la situación que teníamos a finales del gobierno anterior. O sea que el gobierno vive como un triunfo volver a la situación de finales del gobierno de Cristina.

Por ende, el estancamiento y la inflación siguen con nosotros, pero eso sí, con dos problemas más. Se incrementó el sufrimiento social , ya que se expandió el desempleo y la pobreza. En este último caso, y con los datos de junio - ya que el INDEC no ha dado aún los de fines de año-, en solo seis meses está política hizo crecer la pobreza en 7000 pobres por día, 290 por hora y cinco pobres por minuto. Y además incrementaron el endeudamiento público en unos U$S 48.000 millones.

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