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El desconcierto de las élites ante la crisis en Chile

De la negación a culpar al pueblo por no ajustarse al guión preestablecido, la dirigencia chilena oscila entre militarizar el país planteando la idea de una guerra o decir que tendrán que ceder parte de sus privilegios. 

03 de noviembre, 2019 | 00.05

Lo que está sucediendo en Chile en las últimas semanas ha generado un profundo desconcierto en las élites a los dos lados de la cordillera. Parte de la dirigencia política, empresarial, periodistas y analistas con presencia mediática destacada de ambos países, miran con asombro lo que está sucediendo allí como si fuera un suceso de otro planeta, como si operara un tipo de ceguera cognitiva que les impidiera entender lo que pasa en toda su dimensión. Es tal el shock que generan las multitudinarias manifestaciones de protesta en las elites, que hasta la Primera Dama, Cecilia Morel, las asimiló en una conversación privada con una “especie de invasión alienígena”.

Ante la evidencia irrefutable de que dirigencia política, empresarial, periodistas y analistas. No se puede entender un hecho social si no se reconoce su existencia como tal. Y lo que sucede en Chile es un hecho social de proporciones.

Aferradas a la seguridad de sus dogmas como nunca, las elites han desplegado hasta ahora, tres grandes tipos de reacciones. La primera es la negadora-normativa: “lo que está pasando no puede estar pasando, no se ajusta a lo esperado, no debía ser así”. La segunda es la conspirativa: “lo que sucede es producto de la acción deliberada del castro-chavismo” o cualquier otro “enemigo poderoso” que “acecha en las sombras, con un plan para desestabilizar la región”. Finalmente, la tercera apunta a culpar al pueblo chileno por no ajustarse al guión preestablecido en el modelo cognitivo de las propias elites:“son unos desagradecidos que no reconocen que están viviendo en el  país ejemplar de Latinoamérica, el que más crece al ritmo que reduce la pobreza y la desigualdad. El que tiene además, estabilidad política e instituciones fuertes. ¿Cómo se les ocurre quejarse? ¡No tienen de qué!”.

Esta última reacción, la más peligrosa en términos políticos en tanto invierte la carga de la prueba sobre las víctimas, viene acompañada de un conjunto de datos que pretenden mostrar el supuesto desajuste entre una realidad “objetiva” y las demandas equivocadas de la población. Como si dijeran “señoras y señores ¿qué están haciendo? Miren que todos los datos están bien, no tienen por qué reaccionar así”. La pregunta clave es si esos datos que manejan los analistas convencionales son “todos” los datos que se necesitan para explicar un hecho social de esta envergadura. Más aún, si la forma de leerlos es la adecuada para poder entenderlo. Y la respuesta, obviamente, es no.

La sociología propone un enfoque complejo para abordar un hecho social. Un enfoque que incorpora las características de los actores, sus formas de organización y acción colectiva, los procesos de construcción de las demandas sociales, los valores y creencias que se ponen en juego en ellos, las prácticas concretas de los sujetos que participan, los rasgos de la estructura socio-económica que integran, las características de las instituciones que regulan el conflicto social, entre otros elementos. Pero fundamentalmente se diferencia de otros abordajes más taquilleros, porque propone hacerlo sin aferrarse a modelos normativos, ni a axiomas teóricos desligados de la experiencia histórica comparada, y sobre todo porque siempre, busca recuperar una mirada que inscriba estos elementos de análisis en una perspectiva de largo plazo, pensándolos como parte de tendencias más profundas que en algún momento determinado irrumpen en la escena pública de formas diversas.

Veamos el panorama completo. Es cierto que en Chile bajan la pobreza, la desigualdad y sube el PBI per cápita prácticamente de forma ininterrumpida desde 1990. Tan cierto como que aun así, la chilena sigue siendo una de las sociedades más desiguales de América del Sur. El coeficiente de Gini (que mide el nivel de desigualdad del ingreso entre el decil más alto y el más bajo de la pirámide social en un rango de 0 a 1), asciende a 0.446 en el año 2017 (último registro de la serie estadística del Banco Mundial). Si se desagregan aún más los datos, sabemos que el 1% de la población se lleva el 26.5 de los ingresos totales que se generan en el país en un año. Que estos valores eran mucho más elevados hace casi treinta años atrás (0.572 en 1990) no hay dudas, sin embargo siguen siendo muy altos en un contexto de crecimiento sostenido como el que tuvo Chile en las últimas décadas. 

Pero además hay algo fundamental que esos índices no logran captar: las enormes dificultades para acceder a prácticamente todos los bienes y servicios públicos que hoy definen el bienestar de una población; casi todos ellos privatizados durante la dictadura pinochetista: la salud, la educación universitaria, la previsión social, entre otros. Para poder acceder a ellos muchas familias viven endeudadas por largo tiempo. Otras muchas, sencillamente no acceden. Y perciben que los sucesivos gobiernos democráticos no han hecho demasiados esfuerzos por cambiar esa situación.

Cientos de miles de personas se volcaron a las calles de todo el país cuestionando estos rasgos constitutivos del modelo económico-social vigente. Hartas de la permanencia de instituciones creadas durante la dictadura que no han sido desmanteladas en 31 años de democracia y hartas de sufrir a unas fuerzas represivas desatadas que actúan ferozmente atropellando derechos y garantías como si nada. El reclamo de estas multitudes va más allá de pedir un cambio de gobierno, ataca directo al corazón del sistema de partidos que aún hoy, a pesar de la estabilización macroeconómica, no ha podido, ni querido, satisfacer gran parte de las demandas de bienestar de las mayorías. Y de algo más simbólico aún que también incide en el rumbo vertiginoso que adquirió el proceso de descontento social: la necesidad que tienen esas mayorías de ser escuchadas, visibilizadas y atendidas en sus demandas de manera efectiva.

Esto último nos lleva a un punto de análisis que suele ser soslayado: la fuerte cohesión y cerrazón de las élites chilenas. Para darnos una idea del fenómeno van dos ejemplos esclarecedores. Por un lado, los recientes estudios de redes realizados por Julián Cárdenas sobre accionistas y directores de las 50 empresas más grandes de Chile demuestran que 40 de esas 50 firmas están conectadas entre sí porque comparten directores (figura 1) y 53 de los principales accionistas de estas mismas 50 empresas establecen enlaces de propiedad entre sí (figura 2) conformando una red fuertemente cohesionada que caracteriza a la elite empresarial chilena.

Figura 1: Redes de directores compartidos entre las 50 empresas más importantes de Chile (Cárdenas, 2019).

Figura 2: Redes de articulación de accionistas de las principales 50 empresas de Chile (Cárdenas, 2019)

Por otro lado, la magnitud y alcance de la articulación entre elites políticas y económicas se observa en la configuración de los gabinetes nacionales de los tres gobiernos que se sucedieron entre 2000 y 2014 (Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera). En efecto, una exhaustiva investigación de Maillet, Gonzalez-Bustamante y Olivares (PNUD, 2016) que analiza las carreras político-profesionales de las 386 personas que ejercieron los cargos de ministro, subsecretario y superintendente durante esos gobiernos, establece la plena vigencia de la llamada “puerta giratoria” en los tres gabinetes; es decir, el salto recurrente desde la dirección de empresas a la alta función pública y viceversa. Estos resultados indican un fuerte entrecruzamiento entre elites económicas y políticas que persiste más allá del partido que gobierne y confirman la cohesión y cerrazón que tiene el ejercicio del poder en ese país.  

Estos rasgos particulares de las elites chilenas también influyen a la hora de explicar el profundo descontento de la sociedad con sus gobernantes porque confina al resto de la población a un ejercicio muy restringido de la democracia. Las mismas elites que hoy miran atónitas, y oscilan entre militarizar el país planteando la idea de una guerra, o decir que tendrán que ceder parte de sus privilegios si efectivamente pretenden recuperar el control de la situación. Tal vez sería conveniente que empezaran por abrir su perspectiva de análisis y entender que la acción social se impone siempre sobre los modelos que funcionan “tan bien” solo en sus manuales.

 

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