El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó observaciones al gobierno de Mauricio Macri sobre el cumplimiento del Estado argentino del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esta evaluación señaló algunos de los graves problemas de derechos humanos que requieren políticas concretas e iniciativas institucionales. El Estado, ahora, debe implementar las recomendaciones para materializar el compromiso expresado por sus funcionarios en el diálogo con los expertos del Comité.
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Entre los cuestionamientos que hizo, puntualizó demoras para investigar la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, las reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que favorecen la concentración, atrasos en la aplicación de la ley integral para erradicar la violencia contra las mujeres, "lentitud" e "información limitada" sobre la investigación del ataque a la AMIA, inmediata liberación de Belén (la joven privada de su libertad por haber sufrido un aborto espontáneo) y descriminalización del aborto.
Durante la evaluación de la Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe sobre la vigencia de los derechos civiles y políticos y expuso en una audiencia ante los miembros del Comité en Ginebra. "Enviamos informes temáticos en alianza con otras organizaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas migrantes y la situación del aborto en la Argentina", describió el organismo en un comunicado.
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A continuación, los motivos de preocupación y recomendaciones que se destacan en el documento del Comité sobre la Argentina:
- Demoras para investigar la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y cambios preocupantes en áreas del Estado vinculadas a la protección de los derechos humanos.
- Preocupación por las reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que favorecen la concentración.
- Persistencia de prácticas de tortura y malos tratos y falta de investigación y sanción.
- Hacinamiento en las cárceles y lugares de detención prohibidos.
- Muertes en el hospital neuropsiquiátrico Melchor Romero. Necesidad de implementar la Ley Nacional de Salud Mental.
- Detenciones policiales arbitrarias.
- "Lentitud" e "información limitada" sobre la investigación del ataque a la AMIA.
- Inmediata liberación de Belén y descriminalización del aborto.
- Atrasos en la aplicación de la ley integral para erradicar la violencia contra las mujeres.
- Tierras indígenas sin reconocimiento y protección.
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