Los desafíos para Argentina ante una Sudamérica convulsionada y con democracias en crisis

En los hechos conocidos últimamente van adquiriendo un preocupante protagonismo las Fuerzas Armadas con claro apartamiento de sus funciones específicas y de los respectivos mandatos constitucionales.    

24 de noviembre, 2019 | 00.05

El curso que vienen teniendo conflictos sociales y políticos de diversa magnitud en Sudamérica, han dado paso a renovadas injerencias disruptivas del sistema democrático de gobierno y del Estado de Derecho, en las cuales van adquiriendo un preocupante protagonismo las Fuerzas Armadas con claro apartamiento de sus funciones específicas y de los respectivos mandatos constitucionales.     

Lo ocurrido en Bolivia

En las últimas semanas las alternativas que vive el Estado Plurinacional de Bolivia ha ocupado un destacado lugar en la prensa nacional e internacional, a pesar de las serias restricciones informativas y a la labor periodística impuesta en ese país.

Las acciones destituyentes y violentas que se alentaban desde mucho antes de las elecciones y que se intensificaron una vez llevadas a cabo, acentuadas por la franca rebelión de la policía y la conducta de las fuerzas armadas que pasaron de su inicial pasividad al alzamiento contra las autoridades legalmente constituidas, desembocaron el 10 de noviembre en la forzada renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Sin apego alguno a los procedimientos constitucionales, se instauró un nuevo gobierno provisional, acompañado por una feroz represión que se ha cobrado más de treinta vidas y varias centenas de personas heridas y otras tantas detenidas arbitrariamente cuyo destino es incierto.

Cualquiera fuese la opinión acerca del proceso eleccionario, la metodología adoptada para desplazar al Presidente y Vicepresidente con la decisiva participación de las fuerzas armadas y de seguridad, importa un quiebre institucional que no puede calificarse sino como un golpe de Estado.

El panorama regional  

Las políticas neoliberales no pueden dar respuesta a las demandas, cada vez más acuciantes, de la mayoría de la población empobrecida en el sólo beneficio de los sectores concentrados del capital financiero.

El recurso a mecanismos desestabilizantes a través de los medios de comunicación hegemónicos, combinados con persecuciones judiciales, para condicionar o sustituir gobiernos que no le son afines sigue vigente. Pero lo ocurrido en Bolivia pone de manifiesto que ello no constituye un límite, sino que ha sido una vía alternativa contingente y no excluyente de las tradicionales intervenciones golpistas que reiteradamente se verificaron a lo largo del siglo XX en Latinoamérica.

Las declaraciones en favor de valores republicanos, que en nada se condicen con las motivaciones y los objetivos que animan ese accionar, no suponen ninguna novedad, pues siempre han estado presentes en las Proclamas de los gobiernos autoritarios instalados para sustituir a los electos regular y democráticamente.

Tampoco puede sorprender el negacionismo de sectores políticos reaccionarios ni de una parte de la ciudadanía, porque ello también ha sido una constante frente a acontecimientos de esa índole.

A pesar de tales antecedentes adquiere cierta singularidad que la indiferencia se acreciente en las franjas etarias de más de 50/60 años, que comprenden a quienes han vivido de cerca las consecuencias inmediatas o mediatas de dictaduras cívico–militares y el impacto determinante en el deterioro de su existencia, no sólo en lo socioeconómico, sino en materia de libertades y garantías básicas con violaciones graves de derechos humanos fundamentales.

A la par se advierten resistencias populares que ponen en jaque los paradigmas neoliberales, desnudando su esencia antidemocrática y la deliberada generación de desigualdades que es consustancial a sus fines de acaparamiento de las riquezas en pocas manos. Resistencias, que se multiplican, expanden y van cobrando diversas formas de organicidad de carácter movimientista, superando la contención que ofrece el sistema de partidos políticos.

La defensa de la institucionalidad

La ausencia de declaraciones explícitas de condena a los sucesos acaecidos en Bolivia, la apelación a eufemismos para eludir el reconocimiento del golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Evo Morales, que se advierte en Gobiernos y Organismos Internacionales como la ostensible complicidad de la OEA -que se ha hecho manifiesta con las actitudes adoptadas por su Secretario General, Luis Almagro-, implican un serio riesgo de habilitar la repetición de asonadas similares en otros países de la Región y de una nueva militarización en sintonía con las estrategias desplegadas por los EEUU.

La enorme violencia represiva que se registra, con sesgos claramente discriminatorios –racistas, xenófobos, con especial virulencia respecto de mujeres y grupos más vulnerables- agrava las actitudes omisivas antes referidas. Pero también alientan al uso de la represión  como única –o prevalente- respuesta a los reclamos sociales, que se multiplican a tenor de los efectos provocados por las políticas neoliberales.

Los necesarios procesos de transformación con el objeto de lograr mayor igualdad, inclusión y justicia social, exigen reforzar pero también ampliar la institucionalidad democrática, resultando inadmisibles especulaciones políticas coyunturales que resulten funcionales a quienes se erigen en contradictores cuando no expresos enemigos de esos valores cívicos.

Advertencias similares son válidas con respecto a expresiones que, ya sea, por cerrarse en demandas específicas o circunscribirse a análisis intelectuales de un cierto purismo crítico, pierden de vista peculiaridades y diversidades que impone una visión de conjunto, contextualizando los embates antidemocráticos y sus causas que no son fruto de las acciones de quienes terminan siendo víctimas de tales acechanzas.        

Los desafíos para Argentina

En el final de ciclo del actual Gobierno se nota un apuro por asegurar la impunidad de quienes son responsables de la crítica situación a que se condujera a la Nación, a la par de la adopción de medidas marcadamente regresivas y de pretender mostrar la consolidación de una futura fuerza opositora apelando a la representación de los sectores más conservadores, reaccionarios y antidemocráticos.

Ese proceder no es ajeno a lo que viene aconteciendo regionalmente, ni a las nuevas –viejas- prácticas a las que se hace referencia en esta nota y que la Argentina, después del 10 de diciembre, deberá afrontar en un contexto suramericano de gran complejidad.

Remontar el proceso recesivo, inflacionario y de un endeudamiento externo sin precedentes –por su magnitud y celeridad- constituyen desafíos principales para el próximo Gobierno, más aún cuando –a pesar de todo ello- resulta primordial e impostergable combatir el hambre que padece gran parte de la población, así como atender necesidades básicas insatisfechas en materia de empleo, salud, vivienda y educación.  

Sin embargo, adquiere una especial relevancia el nivel de institucionalidad que sea dable alcanzar, porque en definitiva operará como condicionante de los esfuerzos y compromisos que puedan obtenerse para encontrar soluciones a tantas y tan diversas problemáticas que se ciernen sobre el futuro de nuestro país.

Las urgencias demandarán una especial atención, como el diseño de instancias que permitan llegar a acuerdos en diferentes niveles en función de las cuestiones a cuya resolución se aboquen.

Lo que no obsta, por el contrario puede configurar escenarios propicios, para estimular un debate más abarcador acerca de las exigencias en procura del fortalecimiento del sistema democrático y el oportuno conjuro de las acechanzas que se proyectan sobre los países que afirman su soberanía, persiguen un desarrollo equitativo e inclusivo, y reniegan de los programas neoliberales que, en definitiva, conforman operaciones neocoloniales interesadas en apropiarse de los recursos naturales.

Sin prescindir de la eventual necesidad de plantearse reformas constitucionales con esos objetivos, no debería postergarse el análisis y debate en procura de una mejor representación de la ciudadanía, que conlleve a una mayor contención de las demandas sectoriales y del sostenimiento activo de la Democracia. Como también, paralelamente, con relación a la suficiencia o no de las instituciones políticas existentes, al modo en que se hallan reguladas, a los reaseguros para su efectiva vigencia y para una creciente representatividad.

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