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Paula Ferioli sufrió diversos tipos de violencia: primero en su ámbito privado con una pareja violenta y abusiva y también lo sufrió en su ámbito laboral.

Ella es abogada, tiene 36 años y es madre de dos niños. Trabajó durante 7 años en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) que depende del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley. En 2019 fue despedida injustamente. El hecho es el punto cúlmine de la falta de contención a una víctima de violencia de género que además de la situación crítica tuvo que soportar hostigamientos en su trabajo.

“Siempre realicé tareas de asesora legal, firmando informes, asistiendo cooperativas y mutuales en el interior, redactando convenios, participando de la firma de convenios con entidades. También represente al INAES en congresos y en actividades con otras dependencias estatales como UCAR. La relación laboral se llevó con normalidad y no tuve apercibimiento alguno durante la misma” relata la abogada de la damnificada que prefirió no dar a conocer su nombre públicamente.

Con una pareja que ejercía violencia física y psicológica, Paula temía por la integridad de ella y sus hijos, dado que su ex abusaba del consumo de estupefacientes. Finalmente en febrero de 2018 decide abandonar el hogar.

Frente a este complicado contexto, Paula cuenta: “Tuve que recurrir en reiteradas oportunidades a licencias por enfermedad. Mientras tanto intentaba cumplir con mis tareas sorteando los obstáculos que esta situación personal me presentaba”. Pero las amenazas y violencia por parte de su ex pareja no terminó ahí, ya que en mayo de 2019 realizó otra denuncia por amenazas y obtuvo una medida cautelar sin límite temporal.

El hostigamiento en el Estado empezó a mediados de mayo del 2018. “A partir de una reunión grupal que realizó Mirta López (su jefa) nos informó que los que quisieran continuar cobrando el rubro horas extras deberían concurrir los sábados a cumplirlas. En dicha reunión manifesté mi disconformidad y lo injusto de la medida ya que por más horas y días de trabajo nos iban a abonar lo mismo que percibíamos antes de esta decisión”. Y agregó: “Tras esa situación, Mirta López a través de mi coordinador Gonzalo Ribeiro me pidió “bajar el perfil” en una maniobra claramente intimidante”.

“Manifesté esta coacción que había sufrido comenzando aquí una persecución directa, quita de tareas, malos tratos, ninguneo de parte de ella y del delegado de UPCN en INAES”, afirmó Paula, quien además denunció la complicidad sindical.

Los años 2017 y 2018, Paula los lo pasó en un contexto de persecución y con una situación personal delicada. En noviembre de 2017, cuando lleva adelante su primera denuncia a su ex marido tuvo que pedir días de licencia, los cuales siempre fueron justificados por la salud pública.

Estos episodios de hostigamiento laboral llegaron a un nivel de máxima tensión en diciembre de 2018: “Cuando me dirijo a firmar mi contrato anual como hace más de 6 años ocurría me encuentro con que mi contrato, a diferencia del resto de mis compañeros, es por 3 meses. Es decir: estaba planteado hasta marzo de 2019”. Paula describe: “Cuando concurro a hablar con Mario Uribe (actual Director Nacional de Desarrollo y Promoción, entonces delegado del sindicato) me dice que él me salvo del despido, que el contrato será por ese plazo por las ausencias (todas justificadas) y por expreso pedido de mi jefe directo coordinador Dr. Gonzalo Ribeiro”. 

"Frente a esto y considerando la situación en mi área pedí expresamente el pase a otro sector. La respuesta del Secretario y de Mirta López fue que 'verían cómo transcurrían estos tres meses para la nueva renovación y eventual pase'", cuenta Paula. Agrega la trabajadora: “Nótese lo irregular de esta situación donde luego de 6 años de antigüedad me encontraba sujeta a un período casi de prueba totalmente arbitrario y sin fundamento en manos de quienes aparentemente habían pedido mi desvinculación”.

Y relata el hostigamiento final: "En marzo de 2019 el contrato laboral es renovado por tres meses más, pero el pase a otro sector no llegó. El destrato continuó: quita de tareas, hostilidad en el ambiente laboral por parte de la gerente. Y ya ni me saludaban”.

UNA NUEVA DENUNCIA

En mayo de 2019, Paula realizó una nueva denuncia contra su ex marido por violencia de género: “Ya existiendo la licencia por violencia la solicito a Recursos Humanos, obteniéndola con firma de la gerente y mi superior inmediato y la extensión de un mes total de licencia”. Paula se reincorporó el 17 de junio en el edificio de Belgrano 172 y solicitó a la oficina de Recursos Humanos el pase al edificio de Belgrano 1656 por la medida cautelar vigente actualmente contra su ex marido, que concurría al SEDRONAR, situado a menos de 300 metros del edificio de INAES para no violar la medida de restricción".

Paula cuenta que “la Jefa de Personal pidió que remita a Mirta López, a quien desde ese día le pedí audiencia, pero se negó a recibirme, pasando por mi escritorio sin atender mis pedidos". “Finalmente en los últimos días de junio y no teniendo información alguna sobre mi pase ni mi situación laboral, nadie me informaba a pesar de que lo solicité en diversas oportunidades”. Todo ello luego de diversos intentos y a cinco días de la finalización de su contrato.

“Yo seguí cumpliendo con mis tareas habituales esa semana y el 26 de junio, luego de pedir reiteradas audiencias con el presidente del INAES Marcelo Collomb y tampoco ser recibida, me dirijo a la oficina del Director Mario Uribe, quien me dijo en muy mal tono y de forma despectiva 'yo no debería atenderte porque yo no soy tu jefe directo'”, sigue Paula.

El 1º de julio finalmente cuando Paula fue a prestar tareas de forma habitual al INAES se le impidió el ingreso al edificio. Frente a esta situación, organizaciones sindicales, políticas y de DDHH convocaron para el día miércoles 17 de julio a las 12 horas una manifestación frente a la sede del organismo en Belgrano 172 para exigir su reincorporación.