Ganar tiempo y no pagar. Esa es la estrategia de la familia Macri en el expediente por la deuda de Correo Argentino, que está próximo a cumplir 18 años durante los cuales no pagaron un centavo.  Ahora el Gobierno presentó un escrito, al que accedió El Destape, para demorar aún más el pleito. ¿La excusa? Que precisan más tiempo para analizar la última propuesta que la familia Macri le hizo al gobierno de Mauricio Macri ¿Cuando hicieron esa propuesta? Hace un año. ¿Qué decía esa propuesta? Tal como informó este medio, era prácticamente calcada de la que implicaba la condonación de más de 70.000 millones de pesos. ¿Conclusión? Con esta nueva maniobra queda a la vista que el Gobierno de Macri se tomó un año para analizar una propuesta que ya conocían y ahora piden precisiones que van a demorar aún más este caso en el cuál se da la insólita situación de que el acreedor, el Estado, hace todo por no cobrar. 

El documento que hoy publica El Destape figura en el expediente que tramita en el fuero Comercial. Fue presentado el pasado 3 de julio pero, como suele suceder en esta causa, demoraron una semana en subirlo al sistema para su consulta. Quedó disponible justo el día en que se cumplió un año de que los Macri presentaran su supuesta nueva y mejorada propuesta, el 10 de julio de 2018.  “El Estado Nacional necesita contar con la totalidad de la información para evaluar la propuesta y expedirse sobre ella”, dice el escrito, que luego pide aclaraciones sobre cuestiones puntuales con el único objetivo de ganar tiempo. 

Esta maniobra del Gobierno en favor de la familia Macri la ejecutó la Procuración del Tesoro, que es la cabeza de los abogados del Estado pero actúa en sintonía a los intereses económicos de los Macri.  Al inicio de su mandato, Macri nombró allí a Carlos Balbín, que salió eyectado del cargo por su posición respecto a la causa Correo Argentino y otras que involucraban al presidente o sus amigos, como el caso Odebrecht. En su lugar, Macri puso a Bernardo Saravia Frías, que fue abogado de los Macri en el ámbito privado y mantuvo ese rol pero ahora con patente de abogado del Estado.  “Lo de Correo hay que arreglarlo”, fue la frase con la que Saravia Frías desembarcó en la Procuración del Tesoro. Y viene haciendo la tarea. 

El documento pide precisiones sobre la supuesta nueva propuesta de pago de su deuda que hicieron los Macri. Tal como publicó El Destape, esa propuesta casi no tenía diferencias con la que hicieron en 2016, que Macri mandó a aceptar vía su entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y que implicaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos. El freno a esa maniobra de 2016 lo puso la fiscala general Gabriela Boquin, que aún pugna prácticamente en soledad por que no se concrete esta estafa.

La propuesta sobre la que, con un año de demora, el Gobierno pide precisiones fue la siguiente. Propusieron en 2018 lo mismo que en 2016, pagar en 15 cuotas con un interés del 7% desde el 28 de junio de 2016 y ofrecieron como nuevo un “reconocimiento adicional”. Sobre las cuotas, los Macri plantearon pagar las 2 primeras en un único pago anticipado de casi 6 millones de pesos dentro de los 30 días en que quede firme el acuerdo, por lo que quedarían 13 cuotas. No es ninguna beneficencia, ya que los dos años que dicen adelantar son, de mínima, los transcurridos desde que se desató este escándalo. 

En cuanto al “reconocimiento adicional”, la familia Macri ofreció un pago a condición de que le ganen juicios multimillonarios al Estado. Afirman que este “reconocimiento adicional” es “en concepto de interés sobre la deuda nominal verificada en el concurso (i.e. 296.205.376 pesos)”. Lo quieren pagar “conforme la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre saldos de deuda, desde la presentación en concurso preventivo de la sociedad el 19 de Septiembre de 2001 y hasta la cancelación total y definitiva de los compromisos asumidos por la concursada en la presente oferta”. Según sus cálculos, esto da 1.784 millones de pesos.

Para el pago de este “reconocimiento adicional” pusieron varios términos y condiciones que giran en torno a una sola idea: pagarlo con el dinero que logren arrancarle al Estado en los 4 juicios que que tramitan en el fuero Contencioso Adminsitrativo, donde el PRO tiene especial incidencia. Para redondear la maniobra, ponen como condición que “al importe que arroje el cálculo de capital e intereses se le aplicará una quita del 30%”. Ergo, no sólo pagar con plata de todos sino menos y que la diferencia les quede a ellos. Los Macri se comprometen a no iniciar nuevos juicios contra el Estado. Eso si: se niegan a dar de baja los que ya tienen, donde demandan más de 4.000 millones de pesos.

Con todo esto, el Gobierno se tomó un año y ahora pide aclaraciones, algunas insólitas. Van desde la “forma de cálculo y aplicación del interés del 7%” hasta que se especifique si esas dos primeras cuotas que pagarán por adelantado se computan en días hábiles o corridos. También preguntan si el pago del “reconocimiento adicional” es para otros acreedores y el plazo de vigencia de esta oferta, ya que se trata de un pago a condición de ganar juicios contra el Estado. 

Lo concreto es que, al ser casi calcada a la propuesta de 2016 que desató este escándalo, cualquier opción dejaba mal parados a los Macri. Su aceptación redundaría en un nuevo intento de condonación de la deuda por parte del Gobierno, su rechazo dejaría expuesta a la familia presidencial. La opción fue, entonces, demorar y ganar tiempo.