La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía para presos políticos, que permitiría la liberación de más de cientos de detenidos en los últimos años. Desde la Casa Blanca declararon que la ley salió "tal y como pedimos" y que el presidente Donald Trump "espera que esto continúe". En paralelo, distintas organizaciones de derechos humanos que advierten que la ley sigue siendo "restrictiva" y que deja afuera a "muchos casos".
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Tras la intervención militar estadounidense, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el gobierno de Washington comenzó a negociar con las nuevas autoridades venezolanas para ganar influencia en el país caribeño. En ese marco, presionó a Caracas para que modifiquen la ley de hidrocarburos vigente desde 2006 y permitan la entrada de petroleras norteamericanas al país. Sumado a esto, Trump pidió a la presidenta encargada Delcy Rodríguez que impulse una amnistía general para los presos políticos, que finalmente se promulgó esta semana.
La norma fue debatida en la Asamblea Nacional el jueves pasado y contó con la firma de la propia Rodríguez un acto oficial en el Palacio de Miraflores y presentó la iniciativa como un paso hacia la "reconciliación nacional". "Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía", afirmó la mandataria tras la promulgación. El oficialismo sostiene que la medida contribuirá a la estabilidad institucional y a la pacificación del país.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron que el alcance de la ley es limitado y que no beneficiará a muchas personas que consideran "presos políticos", incluidos militares y dirigentes opositores. En tanto, el chavismo todavía no confirmó quiénes ni cuándo serán liberados los primeros beneficiados por la nueva ley.
Qué contempla la nueva ley de amnistía y qué critican las ONG de derechos humanos
El texto aprobado consta de 16 artículos y establece el perdón judicial para las personas involucradas en protestas políticas, manifestaciones y hechos vinculados a procesos electorales entre los años 2002 y 2025. También incluye casos relacionados con el breve golpe de Estado de 2002 que intentó destituir al presidente Hugo Chávez. Hasta el momento serían liberados más de 300 detenidos, según confirmaron las autoridades chavistas.
No obstante, la norma excluye a quienes hayan sido condenados por "rebelión militar" en los sucesos de 2019, así como a los responsables de delitos considerados graves, como violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico o corrupción. Tampoco contempla la restitución de bienes incautados ni la anulación de inhabilitaciones políticas o sanciones a medios de comunicación, puntos que habían sido considerados en versiones preliminares.
Desde Foro Penal, la principal organización de derechos humanos del país, criticaron las limitaciones del texto y señalaron que una amnistía efectiva debería eliminar completamente cargos, condenas y restricciones legales. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, sostuvo que la norma "representa un avance parcial, pero insuficiente para resolver la situación de fondo".
En esa misma línea se expresó la diputada Nora Bracho, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, quien admitió durante el debate parlamentario que la norma "no es perfecta", pero que representa "un paso hacia la reconciliación nacional".
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