La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que enviará al Parlamento un proyecto de ley de amnistía general para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad.
El anuncio fue dado durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y fue prometido como "un gesto para alcanzar la paz y la unidad nacional". Además, Rodríguez informó que ordenará cerrar la cárcel de El Helicoide, señalada por presuntas violaciones a los derechos humanos a nivel internacional.
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Tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de las tropas militares estadounidenses en la madrugada del 3 de enero, el gobierno de Venezuela entró en una transición interna, en la que la vicepresidenta Rodríguez asumió formalmente la primera magistratura y comenzó a ocuparse de la conducción en el Palacio de Miraflores.
En ese contexto fue ella quien retomó las conversaciones diplomáticas con los Estados Unidos, interrumpidas tras el cierre de la Embajada norteamericana en marzo de 2019. Y en medio de las presiones de las organizaciones de derechos humanos por los presos políticos detenidos en la cárcel de El Helicoide, en el centro de Caracas, Rodríguez ordenó una liberación gradual de los detenidos allí.
"Esta ley busca reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, la violencia y el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas", sostuvo Rodríguez ante magistrados y autoridades, al tiempo que pidió a los presos políticos y a quienes accedieron a medidas de excarcelación que no prevalezcan "la venganza, la revancha ni el odio".
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Según explicó la mandataria interina, el proyecto será presentado ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, con carácter de urgencia. Si bien el texto completo aún no fue difundido, el Gobierno adelantó que la amnistía excluirá a personas procesadas o condenadas por delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones severas a los derechos humanos, un punto que generó cuestionamientos en la oposición por la transparencia que podría implicar la calificación de cada caso.
Ante la falta de datos oficiales sobre la liberación de presos, las ONG's y demás entidades de derechos humanos se dedicaron a publicar reportes para dar aunque sea datos parciales en cuanto al tema. De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, actualmente hay 711 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. Hasta ahora habrían sido liberados 302 presos, aunque la organización advierte que todavía existen más de 11.000 personas con restricciones arbitrarias de su libertad en toda Venezuela, entre medidas cautelares, prohibiciones de salida del país y presentaciones judiciales periódicas.
En paralelo, Rodríguez ordenó el cierre de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, señalada por organismos internacionales como un centro de detención ilegal y torturas. El edificio será reconvertido en un espacio social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades cercanas, una decisión que el Gobierno presentó como parte de una política de "reparación institucional".
La reacción de las organizaciones de derechos humanos ante el anuncio de Rodríguez
Las organizaciones de derechos humanos recibieron la iniciativa con cautela. Surgentes, el Comité de Madres por la Verdad, Foro Penal y Provea presentaron una propuesta propia de ley de amnistía, diferente a la que finalmente el chavismo anunció ayer.
Desde Provea subrayaron que la liberación de detenidos no debe ser entendida como un acto de clemencia del poder político, sino como la restitución de derechos fundamentales vulnerados. "Estas personas fueron encarceladas por ejercer derechos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales", advirtió la organización.
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