Estados Unidos impuso el martes sanciones a Tomoko Akane, una jueza japonesa que ocupa la presidencia de la Corte Penal Internacional, según la página web del Departamento del Tesoro.
Esta medida supone la última escalada en la campaña del Gobierno de Donald Trump contra la corte en La Haya, creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Estados Unidos no es miembro de la corte.
El año pasado, Estados Unidos impuso sanciones selectivas a varios funcionarios de la CPI, entre ellos fiscales y jueces, alegando las órdenes de detención dictadas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, así como una investigación anterior sobre los soldados estadounidenses en Afganistán.
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Las sanciones congelan cualquier activo que estas personas puedan tener en Estados Unidos y, en la práctica, las excluyen del sistema financiero estadounidense, con el que casi todos los bancos que operan a nivel internacional mantienen estrechos vínculos.
En junio, tres jueces de la CPI demandaron a Trump y a su gobierno por las sanciones, alegando que las medidas eran ilegales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el mes pasado que Washington intensificaría sus esfuerzos para socavar la CPI, incluso mediante una campaña diplomática destinada a persuadir a otros países para que abandonen la institución.
Rubio argumentó que la Corte suponía una amenaza para el personal estadounidense que aplica las políticas de inmigración de línea dura de Trump o que lleva a cabo redadas contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, así como para otros miembros de las Fuerzas Armadas.
Trump ha afirmado que la campaña tenía como objetivo defender a Netanyahu y a otras personas de ser procesados, más que a él mismo.
Reuters descubrió que las sanciones de Washington contra funcionarios de la CPI tenían como objetivo, en parte, frustrar cualquier intento futuro de exigir responsabilidades al presidente republicano o a sus funcionarios por las acciones militares de Estados Unidos en el extranjero.
Con información de Reuters